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Violencia Institucional //// 26.08.2021
Séptima Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil

Este viernes 27 de agosto se llevará a cabo la séptima Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil en distintos puntos a lo largo y ancho de nuestro país. Los casos del último año y la expectativa ante el proyecto de ley contra la violencia institucional.

Por Diego Moneta

Este viernes 27 de agosto se llevará a cabo la séptima Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil en distintos puntos a lo largo y ancho de nuestro país. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la concentración comenzará en el Congreso de la Nación, a las 15 horas, y culminará en Plaza de Mayo. La jornada de movilización, convocada por familiares de víctimas de violencia institucional, cuenta con la participación de diversas organizaciones sociales, antirrepresivas, estudiantiles, barriales, culturales y gremiales, entre otras.

En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Angélica Urquiza, madre de Kiki Lezcano, cuenta que esperan que la convocatoria sea masiva. “Es un día que ya está asentado que se marcha en distintos lugares para seguir dando visibilidad y tomando conciencia, porque esto pasa y sigue pasando. La condena social la van a tener con nosotros en la calle”. 

De la misma manera que la desaparición forzada y la tortura seguida de muerte, el gatillo fácil es una de la formas de represión estatal. Según los registros de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), desde 1983 al 19 de noviembre de 2020, hay más de 7500 casos acumulados. En la actualidad, provoca la muerte de una persona en promedio cada 20 horas. Está claro que la creación de distintas fuerzas o el aumento de su presencia no mejoraron la situación.

Tras la asunción de Alberto Fernández, la gestión de Sabina Frederic al frente del Ministerio de Seguridad Nacional derogó resoluciones sobre protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad federales impuestos por su antecesora, Patricia Bullrich. Había que dejar atrás la instaurada Doctrina Chocobar. Sin embargo, los meses durante el aislamiento por la pandemia demostraron que sigue quedando mucho por hacer. En ese camino, los nuevos programas para regular el uso de armas de fuego y el proyecto de Ley, presentado por Paula Penacca, contra la violencia institucional, que ya cuenta con dictamen de comisión. 

La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil nació el 27 de agosto de 2015. Sus fundadoras son Lorena Barraza, hermana de Ezequiel, y Natalia Suárez, madre de Lautaro Torres. Ambos jóvenes fueron asesinados por oficiales de la Policía de Córdoba que estaban de civil. La seguidilla de casos de gatillo fácil que había en la provincia generó la convocatoria. En paralelo, contactaron a través de redes sociales con las madres de Ismael Sosa y de Pablo “Paly” Alcorta, que replicaron la iniciativa en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la Marcha del año pasado, se sucedieron distintos casos que consideramos pertinente marcar, entre hechos de gatillo fácil, procesos judiciales y reclamos que persisten. Por el lado de los más resonantes, durante los meses iniciales de aislamiento, la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, que aun espera ser esclarecida, y la desaparación forzada de Luis Armando Espinoza, ya elevada a juicio oral. 

Si nos detenemos en las jurisdicciones, en la provincia de Buenos Aires se suman el fusilamiento de Brandon Romero en Mar del Plata y de Lucas Verón en González Catán. En ambos casos se evidenció el rol cómplice de quienes estaban a cargo de la fiscalía. Por el lado de la Ciudad, nos encontramos con el asesinato de Matías Barrios, por un agente de civil y sin el arma reglamentaria, y de Juan Ghergo. También destaca la situación particular de Córdoba, donde el accionar de la fuerza de seguridad provocó la muerte de Valentino Blas Correas, sin fecha de inicio de juicio, y de Joaquín Paredes

En el caso de las actuaciones del poder judicial, el mes de mayo tuvo una serie de decisiones contrapuestas. Primero, la Cámara de Casación confirmó la condena al policía que asesinó a Nehuén Rodríguez. A la semana siguiente, Luis Chocobar recibió una pena de dos años de prisión en suspenso, siendo juzgado por un tribunal de menores. En julio, el ex policía que asesinó a Víctor Balza quedó detenido por primera vez en 18 años. 

Con respecto a cuestiones que siguen demostrando la impunidad con la que se manejan los responsables del gatillo fácil, basta ejemplificar con lo que sucedió hace pocos días. El policía que intentó asesinar a Lucas Cabello violó la restricción de acercamiento a él y su familia. Todavía se espera que la Cámara de Casación ratifique la condena contra Ricardo Luis Gabriel Ayala. 

Entre tantas historias conocidas y por conocer, la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil se convierte en un espacio de visibilidad para muchos casos que encuentran la posibilidad de denuncia. En conjunto, organizados, familiares salen a las plazas del país a denunciar un exterminio silencioso. Tal como proponía la consigna en 2019, “Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable".