fbpx Paula Penacca: “Lo más importante es que la perspectiva de Derechos Humanos esté en la práctica” | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
Violencia Institucional //// 29.04.2021
Paula Penacca: “Lo más importante es que la perspectiva de Derechos Humanos esté en la práctica”

La diputada nacional del Frente De Todos dialogó con Agencia Paco Urondo sobre el proyecto de ley contra la violencia institucional que presentó y se está tratando en comisión. La clave de dar un mensaje claro y la expectativa por la posición de Juntos por el Cambio.

Por Diego Moneta

A comienzos del mes de febrero, Paula Penacca, diputada nacional y presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, presentó el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional, acompañada por Hugo Yasky, diputado nacional y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, y por Leonardo Grosso, diputado nacional e integrante de ambas comisiones mencionadas. 

La iniciativa, trabajada desde el año pasado, tuvo hace pocos días su primera reunión informativa conjunta para empezar a ser debatida a nivel legislativo. El objetivo que persigue, a nivel simbólico, es “dar un mensaje claro” desde el mayor consenso posible e involucrando a la mayor cantidad de actores. AGENCIA PACO URONDO dialogó con Penacca, legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, sobre los distintos aspectos que rodean al proyecto y sobre la expectativa en relación a su aprobación.   

Agencia Paco Urondo: ¿El proyecto es el mismo que había mencionado el presidente luego del caso de Facundo Astudillo Castro?  

Paula Penacca: No es una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, pero sí se da en el marco de la voluntad de nuestro Presidente, de nuestra ministra de Seguridad y de nuestro secretario de Derechos Humanos de legislar sobre la materia. Es un proyecto de mi autoría, construido con otros legisladores del Frente De Todos y que contiene los lineamientos generales que hemos discutido con el Ejecutivo.

Tiene en cuenta muchas de las posturas que se vienen desarrollando desde el Gobierno Nacional para atender la violencia institucional, ejercida por las fuerzas de seguridad policiales y del Servicio Penitenciario. Se aboca a eso porque, si bien existió siempre ya que es un resabio de la dictadura y por eso es una deuda perpetuada de la democracia, a partir de las medidas de aislamiento por la pandemia volvió a tener mayor visibilidad. En ese marco entendemos la urgencia de la materia, porque además no hay legislación previa alguna. Hay que empezar a poner todo el aparato del Estado en sintonía con la necesidad de que nunca más suceda. 

APU: ¿Qué recorrido tuvo hasta ahora? ¿Cuál fue la participación de distintos actores o espacios?

PP: Tuvo un recorrido informal importante todo el año pasado. Entendemos que no tiene que ser un proyecto de una sola fuerza política sino que incluya la trayectoria de lucha de diversos actores de la sociedad civil y en ese sentido hubo mucho diálogo. Fue presentado formalmente al inicio de este año legislativo. Hoy se encuentra en reuniones informativas de comisión. La idea es hacer más para saber cómo viven la violencia institucional distintos actores sociales y sumar otras áreas del Estado. Hay que darle el tratamiento que merece una iniciativa de esta naturaleza sin que demore hasta la eternidad su aprobación.

APU: ¿Cómo fue la construcción del proyecto? ¿Qué objetivos persigue? 

PP: La construcción fue participativa, entendiendo que es una deuda de la democracia y que es importante que el Estado de un mensaje, con los protagonistas de esta lucha al frente. Por el lado de los objetivos, en términos simbólicos, lo primero es decir “nunca más a la violencia institucional” de una manera clara, a través del Congreso Nacional, con acuerdo de todas las fuerzas políticas, también de la oposición mayoritaria.

El segundo es, taxativamente, definir a la violencia institucional. Luego, pensar una política integral reparadora para las víctimas, desde la asistencia psicológica y jurídica hasta reparaciones económicas cuando esos delitos lleven a desapariciones forzadas o muertes. Además, un eje muy fuerte en la formación en materia de Derechos Humanos, que nuestro proyecto político ya ha venido construyendo desde el Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré pero que se necesita más. Hace falta que esos manuales no sean sólo de formación teórica, sino también de re-entrenamiento de la fuerza. Lo más importante es que la perspectiva de Derechos Humanos esté en la práctica de los efectivos, respetando parámetros internacionales para ejercer la violencia.

Después creemos que una ley de esta naturaleza debe convocar y generar conciencia para que las provincias adopten esta lógica, ya que la seguridad es de su propia competencia interna. Por último, hay algunas cuestiones relacionadas a modificaciones generales que quizás ya suceden en la práctica pero que es importante que queden asentadas para que no sea sólo voluntad de una autoridad ministerial. 

APU: ¿Considera que alcanzará, al menos, el suficiente consenso político para su aprobación?

PP: Creo que se va a aprobar sin ningún inconveniente. Los bloques minoritarios han apoyado la presentación. Yo voy a sostener la expectativa de que Juntos por el Cambio también acompañe y que pueda refrendar en los hechos cómo expresan sus votos, que en la teoría es lo que vienen mostrando en los medios de comunicación. Lo importante es que entiendan que estamos proponiendo algo que va más allá del partidismo y que es una herramienta para profundizar la democracia. 

APU: ¿Qué análisis realiza en materia de violencia institucional de los últimos años en nuestro país?

PP: Subyace a cualquier gobierno pero no es lo mismo uno que la quiere combatir que otro que la alienta. El gobierno de Mauricio Macri creó la Doctrina Chocobar. Eso marcó su política de seguridad y construyó un escenario más propicio para hechos de violencia institucional. En la Ciudad de Buenos Aires colaboré en la construcción de la Ley de Seguridad Pública, que era muy buena en términos técnicos y en el respeto por los derechos humanos, y luego nunca se cumplió. El problema es que la represión en manifestaciones o los casos de gatillo fácil estén alentados desde la política pública y desde las figuras máximas en la materia, como en su momento lo hicieron Macri y Patricia Bullrich. Además, lo hacían sabiendo que las personas que quedan involucradas en el delito son los propios efectivos y no ellos. 

Esta ley intenta también crear un mejor escenario para que los efectivos puedan ejercer su tarea con parámetros más claros para todo el mundo. Ahí había un discurso mentiroso que tenía que ver con convalidar delitos, apoyando a las fuerzas, cuando en realidad las hacían perder institucionalidad y respeto de la población. Eso es parte de la dificultad cuando uno gobierna para las cámaras y con el marketing, y no con la seriedad que requiere un tema como este.