Demografía y soberanía: planificar un país estable en un mundo inestable

Argentina enfrenta una transformación silenciosa pero profunda: su estructura poblacional cambió. Viviremos más años, habrá menos jóvenes y la población tenderá a estabilizarse. Asumir ese dato no implica resignación, sino una obligación política: planificar el desarrollo, el territorio y la producción desde la realidad y no desde una expectativa demográfica que ya sabemos que no va a ocurrir. 

Durante décadas, Argentina pensó su futuro sobre una premisa explicitada: necesitamos ser más, poblar nuestro inmenso país.Y una silenciosa: que la población crecería, que siempre habría más jóvenes. Desde el peronismo nunca se creyó que el trabajo se renueva solo. El pleno empleo fue siempre una construcción política: con Estado, con industria, con sindicatos y con planificación. Durante mucho tiempo, además, se asumió que ese horizonte podía sostenerse sobre una población en crecimiento.

Hoy ese escenario cambia. No cambia la centralidad del trabajo, cambia la base material sobre la que se organiza. La estructura etaria se modifica, la población económicamente activa deja de expandirse y, aun con capacidad tecnológica y recursos disponibles, no vamos a tener trabajadores suficientes para producir de todo.

Por eso, planificar ya no es solo crear empleo: es decidir estratégicamente qué producir, dónde y para quién, en un país que envejece. Desde el peronismo estamos usando mapas viejos para leer un territorio que ya cambió.

El conflicto de fondo es este: estamos planificando el futuro con hipótesis del pasado.

Argentina —como el conjunto de América Latina— está envejeciendo aceleradamente. La tasa de fecundidad ronda hoy los 1,5 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo. Las proyecciones indican que hacia 2050 la población se estabilizará entre 45 y 50 millones de habitantes, con una expansión sostenida del grupo de personas mayores de 60 años. La forma poblacional ya no será una pirámide, sino un rectángulo. Y esto no es un problema de las clases medias, o de los ricos o de las capitales provinciales; es una realidad que vemos en pueblos de 10 mil habitantes, en los barrios populares, en las capitales del NOA y en los principales cordones urbanos.

Este proceso no es reversible en el corto plazo. No es una hipótesis ni una preferencia ideológica: es un condicionante estructural. La pregunta política no es si nos gusta este escenario, sino qué país vamos a construir con esta población real, en un mundo que también envejece, se fragmenta geopolíticamente y enfrenta límites ambientales cada vez más evidentes.

Menos chicos no significa menos educación

En este escenario, cada niño y cada niña que hoy está en la escuela primaria, cada adolescente que transita la secundaria, debe ser formado pensando explícitamente en el país que queremos construir. Con menos nacimientos, la educación deja de ser solo una política social para convertirse en una política estratégica de desarrollo y soberanía. Eso obliga a redoblar —no a reducir— la inversión educativa: más calidad, más tiempo escolar, más articulación con la ciencia, la producción y el trabajo. En un país que, al menos por un tiempo, tendrá un techo demográfico, no podemos darnos el lujo de trayectorias educativas interrumpidas ni de talentos desperdiciados.

Entre 2014 y 2023, la matrícula del nivel primario cayó alrededor de un 10% a nivel nacional, con descensos aún mayores en varias provincias del interior. Hay municipios del conurbano bonaerense que han disminuido su matrícula de inscripción a primer grado en un 40% en apenas seis años. Esta tendencia continuará en la próxima década. El dato obliga a una pregunta incómoda pero ineludible: ¿qué hacemos con las escuelas, los edificios, los docentes y la presencia territorial del Estado cuando hay menos alumnos?

La alternativa no puede ser el cierre silencioso ni el ajuste. Debe ser la reconversión inteligente de capacidades: escuelas de doble jornada, formación intensiva de docentes ya recibidos, escuelas que se transforman en centros de formación técnica, nodos de cuidado, espacios culturales, polos tecnológicos o comunitarios, según las necesidades del territorio.

Esta apuesta educativa es inseparable de la infraestructura. Un país con población estable necesita estar profundamente conectado para ser justo y productivo: conectividad digital, transporte, energía y servicios públicos que permitan que nacer en un pueblo pequeño o en una provincia periférica no determine el acceso al conocimiento, al trabajo ni al futuro. La infraestructura no es solo cemento: es la base material de un país integrado cuando el crecimiento poblacional ya no corrige, por sí solo, las desigualdades.

Con menos jóvenes, no alcanza con “crear empleo”. Hay que crear empleo donde la población pueda sostenerlo en el tiempo: cerca de los recursos, con costos de vida más bajos, con menor presión urbana y con servicios públicos garantizados. Eso es planificación. Y es una decisión política.

Un país extenso, poco poblado y profundamente desigual

Argentina es el noveno país del mundo en superficie, pero tiene una densidad poblacional baja y profundamente asimétrica. Más del 90% de la población vive en áreas urbanas. La densidad promedio es de 16 habitantes por kilómetro cuadrado, pero provincias como Santa Cruz o La Pampa tienen menos de 3 hab/km², mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires concentra más de un tercio de la población del país.

La paradoja es evidente:
    • en Chubut, hay energía eólica para abastecer a medio país y pueblos que se vacían;

    • en el AMBA, hay cortes de luz recurrentes y departamentos que valen medio millón de dólares.

Algo no cierra. Seguir concentrando población, infraestructura y consumo en pocas áreas encarece el desarrollo, multiplica los costos urbanos y vuelve ineficiente al sistema productivo. En un país con población estable y menos jóvenes, ese modelo además de injusto, es económicamente irracional.

Esta desarticulación no es natural: es el resultado de no planificar. No planificar no es neutral: consolida la renta metropolitana, la especulación inmobiliaria y el vaciamiento del interior. Además, reproduce la dependencia, porque impide poner los recursos estratégicos del país —energía, tierra, conocimiento y trabajo— al servicio de un proyecto propio de desarrollo.

Hoy, sin embargo, las decisiones se toman igual y benefician a unos pocos. Y en un mundo de escasez relativa de recursos y de envejecimiento global, la disputa por territorios estratégicos no espera. Los países extensos y poco poblados no podemos darnos el lujo de la inercia. La planificación territorial es también política de soberanía, de defensa y de inserción internacional.

Nosotros, quienes aspiramos a gobernar, ¿estamos dispuestos a construir el plan que permita a la población de los próximos 30 años vivir con soberanía y dignidad?

Si el diagnóstico demográfico y territorial obliga a planificar, el desafío siguiente es traducir esa planificación en decisiones de gobierno concretas: educación, infraestructura, producción, cuidado y organización del trabajo. Ese será el eje de una próxima reflexión.
Relocalizar no es poblar: es producir mejor.

La discusión no es volver a una “colonización interna” ni promover traslados forzados. No estamos en un escenario de expansión demográfica acelerada.

Estamos en otro escenario: optimizar una población limitada, envejecida y estratégicamente valiosa. Eso exige políticas de relocalización selectivas, inducidas y funcionales: en torno a recursos naturales estratégicos, a infraestructura hoy subutilizada, a capacidades científico-tecnológicas existentes y a servicios públicos garantizados.

Muchas provincias tienen energía, tierra, agua, universidades, rutas y conectividad, pero no cuentan con la masa crítica poblacional para sostener sistemas productivos complejos. Eso no es destino: es ineficiencia estructural. No alcanza con lindas ideas sobre descentralización: no podemos dejar que la inercia del mercado decida dónde vive la gente o qué territorios se desarrollan; la política debe tomar la iniciativa.

En este punto, la inmigración vuelve a ser una herramienta legítima de política demográfica y territorial. Atraer y radicar población joven —mediante políticas de inmigración selectiva, digna y planificada— debe formar parte de cualquier estrategia de desarrollo en un país que envejece y enfrenta un mundo de recursos escasos y territorios disputados.

Nuevas economías, nuevas necesidades

El envejecimiento no solo redefine cuántos trabajan, sino en qué trabajamos. Hay actividades que perderán centralidad y otras que emergerán con fuerza: la biotecnología aplicada a alimentos y salud, la producción pública de medicamentos, las energías renovables, los servicios de salud integrales, las tecnologías adaptadas a adultos mayores y la economía del cuidado.

La economía del cuidado no puede ser un sector más: debe ser un eje estructurante del nuevo modelo productivo. Genera empleo no deslocalizable, arraigado en el territorio y directamente vinculado a una población que vive más y es distinta.

Estos no son sectores del futuro. Son respuestas productivas a las necesidades reales de una sociedad que ya cambió.

Envejecer no es neutro: clase y género importan

El envejecimiento no afecta a todos por igual. No envejece de la misma manera quien llega a los 70 u 80 años con vivienda propia, jubilación alta y redes de contención, que quien lo hace con trayectorias laborales informales, haberes mínimos y territorios sin servicios adecuados.
Tampoco envejecen igual varones y mujeres. Las mujeres viven más, cobran peores jubilaciones y sostienen mayoritariamente las tareas de cuidado, amortiguando en silencio los costos sociales del envejecimiento.

Planificar sin perspectiva de género y de clase es planificar mal. El cuidado no es solo una necesidad social: es trabajo, es empleo y es valor económico, hoy mayormente feminizado y precarizado.

¿Quién tiene la voluntad de planificar una Argentina grande y para todos?

La planificación no es tecnocracia. Es política. En Argentina, solo fue posible cuando hubo un Estado con proyecto, articulado con la comunidad organizada: empresas públicas, sindicatos, cooperativas, universidades, sistema científico-tecnológico y gobiernos provinciales y locales.

Frente a esto, se alza la inercia de un modelo extractivista de corto plazo y una lógica financiera que solo encuentra rentabilidad en la densidad metropolitana y en la concentración.

Argentina supo planificar cuando decidió hacerlo: los planes quinquenales diseñaron y pusieron en marcha un país grande, con industrialización, con YPF, con obreros que iban a la universidad, con un sistema científico-tecnológico federal. No se trata de nostalgia. Se trata de asumir que sin planificación no hay soberanía, y que planificar hoy exige asumir los límites y posibilidades que impone la demografía.

El territorio por venir

El mundo que conocimos no terminó de morir, pero el nuevo ya empezó a nacer. Europa y Asia envejecen rápidamente; África concentra el mayor crecimiento poblacional; Sudamérica aparece como un reservorio demográfico relativamente joven en un escenario global de escasez y disputa.
Entre el viejo imperialismo, las nuevas tensiones geopolíticas y la crisis ambiental, Argentina tiene una oportunidad histórica: imaginar responsablemente el país y la región que queremos y podemos habitar. Pero eso solo será posible si dejamos de usar mapas viejos para leer un territorio nuevo. El problema no es si la política puede planificar. El problema es qué poder se fortalece cuando decidimos no hacerlo.

La planificación no es destino. Es política. Y requiere mapas nuevos para un país nuevo.