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Violencia Institucional //// 02.11.2020
Gatillo fácil en Córdoba: “La seguridad no es más policía ni darles más impunidad”

El 25 de octubre Joaquín Paredes, de 15 años, fue asesinado por la policía. Hay cinco uniformados detenidos y se presentó un nuevo protocolo de seguridad. Agencia Paco Urondo dialogó con Viviana Alegre, activista por el esclarecimiento de casos de gatillo fácil

Por Diego Moneta

La noche del sábado 24 de octubre Joaquín Paredes, de 15 años, se había reunido con un grupo de amigos en una casa de Paso Viejo, pequeño pueblo cordobés del departamento de Cruz del Eje. Durante la madrugada del día siguiente, cuando regresaba a su domicilio, fue asesinado de un tiro por la espalda por la policía provincial.

Además del asesinato de Joaquin, otros dos jóvenes fueron heridos. La fuerza levantó la versión de que se presentaron en el lugar por disturbios y que respondieron por haber sido agredidos, pero se diluyó a las pocas horas. El testimonio de varios testigos asegura que los uniformados esperaron a que los jóvenes salieran del lugar y actuaron de manera totalmente desproporcionada.

La fiscal Fabiana Pochettino ordenó la detención de cinco involucrados, que también fueron separados de la fuerza: Maykel Mercedes López, Enzo Ricardo Alvarado, Ronald Nicólas Fernández Aliendro, Iván Alexis Luna y el sargento Jorge Luis Gómez. La imputación es por homicidio agravado, por uso de arma de fuego y por su condición de policías, y por lesiones graves. Se secuestraron las armas reglamentarias, los teléfonos celulares y la vestimenta que llevaban para determinar autores materiales de los disparos que provocaron el asesinato y las heridas. Además, se analiza si hubo responsabilidad colectiva.

Darío Herrera, jefe comunal, acompañó a los vecinos en las protestas y puso a disposición su renuncia. En cambio, el comisario mayor Leonardo Páez Stelmach respaldó la versión inicial del personal policial. El asesinato tiene un antecedente inmediato en el crimen de Valentino Blas Correas, por el accionar de la fuerza y por haber ocurrido también en Córdoba. Así mismo, se suma a otros casos sucedidos durante la pandemia.

La política de seguridad del gobernador Juan Schiaretti vuelve a estar en el centro del debate. El ministro de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera, fue el primero en dar declaraciones. Sin embargo, Schiaretti continuó con su agenda y parece apostar a que el tema pierda impulso mediático. A principios de agosto había decidido descabezar la cúpula de la fuerza.

El Movimiento Campesino de Córdoba y la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba pidieron por un modelo de seguridad democrática. Una política urgente en la que la provincia no parece avanzar desde hace tiempo. Ya sea Control Vehicular Policial Urbano, Código de Faltas o Código Contravencional, cada reforma profundizó el modelo anterior. Además, el recientemente presentado Protocolo de Actuación Policial para el Uso Legal y Racional de la Fuerza prevé la utilización de armas de “letalidad atenuada o baja letalidad”, entre las que se incluyen las pistolas Taser.

En este contexto, Agencia Paco Urondo dialogó con Viviana Alegre, activista por el esclarecimiento de casos de gatillo fácil. Su hijo, Facundo Rivera Alegre, está desaparecido desde el 19 de febrero de 2012. La investigación y el juicio estuvieron y están plagados de irregularidades con la complicidad policial y judicial.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué sucedió la madrugada del 25 y cuál es su análisis sobre los hechos?

Viviana Alegre: La madrugada del 25 Joaquín se reunió con amigos a comer asado. Al regreso, lo intercepta la policía y abre fuego por nada. Una bala le entra por la espalda a Joaquin y se aloja en el pecho por lo que muere en el acto. Además se hiere a otros dos chicos. Ya han sucedido varios casos, y en el interior más. En esa zona, hace siete años, metieron preso a Jorge Reyna por desacato a la autoridad y después dijeron que se suicidó. Cuando le entregan el cuerpo a la madre se destapa que estaba golpeado. Esa causa fue archivada y se está luchando para que realmente haya justicia.

Esto pasa mucho con los chicos y por eso se trata de que tengan incentivos, porque de parte del colegio y de la salud nada. Esa madrugada fueron al dispensario y por temor no los atendieron. Ahora están presos, pero lo que suele suceder es que la policía traslada a los responsables para que se enfríe el caso y la gente se olvide, y después los vuelven a nombrar en otro lugar.

APU: ¿Cuál fue el accionar policial durante el aislamiento social preventivo y obligatorio?

VA: Este caso no es el primero durante la pandemia. El más nombrado fue el de Blas Correas, pero hubo otros. Lo más importante es que fue masiva esa marcha. Durante el aislamiento obligatorio es mayor la represión. A la policía le dieron la calle y le dieron mayor impunidad y poder. Lo siguen teniendo, no es que se terminó.

APU: Se presentó un nuevo protocolo de seguridad, ¿Cómo se enmarca en las distintas medidas de los gobiernos de los últimos años en Córdoba?

VA: Lo que hay que hacer es una depuración de la policía y de la Justicia. No es que sea negativa, pero el nuevo protocolo no lo van a cumplir. Sabemos que hay muchos chicos que entran a la policía para tener un sueldo y una obra social, y a los nueve meses ya les dan un arma. Respondieron desde el gobierno provincial por la presión popular. Sin eso el caso quedaba en la nada, y los iban a trasladar a otra sede del interior.

En el caso de mi hijo, comisario Rafael Sosa estuvo a cargo de la investigación. Años atrás, cuando mataron a Nora Dalmasso en Río Cuarto, Sosa metió preso a un perejil, que era el pintor. La movilización popular lo sacó del cargo, lo dejaron un tiempo en un pueblo y lo nombraron director de Lucha contra el Narcotráfico en Córdoba Capital. Cuando inicia con el caso de mi hijo queda preso por ser narcopolicía. Nosotros pedimos que se anule su parte pero lo negaron alegando que estuvo poco tiempo. Pero en ese poco tiempo embarró todo. Sosa también estaba en otra causa, donde estaban imputados policías por matar a una mujer y dos hijas. Justo pasó una persona que vio todo y dijo que la policía no tenía nada que ver. Esa misma testigo fue a quien encontró Sosa para “esclarecer” la causa de mi hijo. Es una buchona profesional de la policía. Si ella declaraba lo que le pedían, le daban beneficios a familiares que ella tenía presos.

La cuestión es que respondieron con un protocolo cuando se pedía la renuncia del ministro Mosquera. El gobernador respondió por la presión popular y porque la Universidad Nacional de Córdoba sacó un comunicado diciendo que se hicieran cargo. Schiaretti estuvo ausente, como también lo estuvo con los incendios. Lo que hay que hacer es depurar. Dar mayor capacitación, más tiempo, estudios psicofísicos, capacitaciones en derechos humanos. La seguridad no es más policía ni darles más impunidad para que sea una represión feroz.