fbpx Bahía Blanca: el excamarista Néstor Montezanti fue procesado por delitos de lesa humanidad | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
DDHH //// 23.09.2020
Bahía Blanca: el excamarista Néstor Montezanti fue procesado por delitos de lesa humanidad

Se lo acusa de integrar la Triple A y participar en una toma armada de la UTN local, en agosto de 1974. El fallo permite retratar una época: la persecución a la militancia universitaria, catalogada como “infiltración marxista”, y el vínculo entre la organización parapolicial y las Fuerzas Armadas.

Por Diego Kenis

Néstor Montezanti, agente de inteligencia durante la última dictadura y camarista federal de Bahía Blanca entre 2002 y 2016, quedó procesado este miércoles 23 por delitos de lesa humanidad perpetrados en esa ciudad en 1974 y 1975.

La decisión fue tomada por el juez Walter López da Silva, magistrado a cargo del Juzgado Federal 1 bahiense, que consideró probada “prima facie” la participación de Montezanti en la organización paraestatal autodenominada Alianza Anticomunista Argentina y en la toma de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que el grupo armado protagonizó en agosto de 1974.

Además, López da Silva ratificó la prohibición de salida del país que ya pesaba contra Montezanti, dispuso que no podrá ausentarse de la ciudad por más 48 horas sin previa autorización y le trabó embargo por tres millones de pesos. Sin embargo, el juez entendió que no existen riesgos de que el procesado “intente eludir la acción judicial u obstaculizar la investigación”, pese a que en 2015 fue declarado en rebeldía por faltar reiteradamente a indagatorias dispuestas por Alejo Ramos Padilla, antecesor de López da Silva en la tramitación de la causa.

La resolución del juez federal dispone además la falta de mérito del excamarista en relación al caso de Jorge Riquelme Esparza, enfermero y militante de la Juventud Peronista que dijo haber reconocido un anillo usado por Montezanti en la persona armada que lo interrogó durante su secuestro, cuyo rostro no pudo ver. Esa acusación, indicó el magistrado, deberá continuar siendo investigada por la Unidad Fiscal especializada de Bahía Blanca.

Montezanti juró como camarista durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en 2002. Su ingreso al tribunal coronó una larga maniobra de transformación impuesta a la Cámara Federal que entre 1987 y 1990, bajo el liderazgo del juez Luis Cotter y el empeño del fiscal Hugo Cañón, había declarado inconstitucionales la llamada “ley de obediencia debida” y los posteriores indultos.

En 2016, ante la apertura de un juicio político en su contra en el Consejo de la Magistratura, Montezanti renunció a su cargo. Mauricio Macri, por entonces recién llegado a la presidencia de la Nación, aceptó su dimisión horas antes de la publicación del veredicto.

Algo similar ocurrió en la Universidad Nacional del Sur (UNS), también con sede en Bahía Blanca, donde el abogado integró el plantel docente y llegó a asesorar publicaciones especializadas hasta que el avance de un pedido de juicio académico lo empujó a apurar la jubilación.

La toma de la UTN

La ocupación de la sede bahiense de la UTN se produjo en la tarde del 26 de agosto de 1974, cuando un grupo armado ingresó a las instalaciones y forzó la renuncia del interventor Francisco Fernández, que esa misma mañana había reemplazado a Emilio Garófoli.

Para entonces, Garófoli llevaba diez días en el cargo de decano normalizador. Contaba con el respaldo del diputado nacional y líder de la CGT local Rodolfo Ponce, jefe de la Triple A bahiense junto al nazi rumano Remus Tetu, que en 1975 sería designado al frente de la intervención de la UNS

La designación de Garófoli se inscribió entre las primeras firmadas por el nuevo ministro de Educación, Oscar Ivanissevich, que un mes y medio después del fallecimiento de Juan Domingo Perón inició una “misión” bautizada con su propio apellido y orientada a la persecución de militantes a los que catalogaba como una “infiltración marxista” en el peronismo y el país.

Numerosos testimonios de estudiantes que aquel 26 de agosto se movilizaron a la sede tomada dan cuenta de la presencia de matones armados que los provocaban desde el interior del edificio. Los relatos coinciden en situar junto al grupo a Montezanti, cuyo traje de abogado lo distinguía de las camperas a las que acompañaba.

La toma de la sede bahiense de la UTN fue de tal envergadura que la policía local advirtió de que necesitaría refuerzos para un eventual desalojo, lo que prueba que la fuerza no desconocía la capacidad de acción del grupo.

El hecho llegó al Congreso nacional el 5 de septiembre de ese año, cuando el diputado Héctor Sandler denunció lo ocurrido. Ponce, desde su banca, no se molestó en negar los hechos. Por el contrario, le respondió que la UTN de Bahía Blanca había sido ocupada por “el movimiento obrero organizado”, al que definió por oposición a las “ideologías foráneas”.

Las Tres A son las Tres Armas

Al resolver sobre el punto, el juez López da Silva desestimó la coartada expuesta por el acusado, que aludió encontrarse en la sede universitaria tomada para realizar trámites de rutina pese a lo notoriamente enrarecido del contexto.

En cambio, el magistrado consideró que los testimonios aportados resultaban congruentes con vínculos que denotaban “una relación de confianza para el tratamiento de temas sensibles”:

- Montezanti fue abogado de Tetu, cuando el nazi rumano reclamó por la cesantía en su cargo en la UNS decidida en 1973 por el ministro Jorge Taiana (padre), tras graves acusaciones de la comunidad estudiantil.

- Jorge Argibay y su hijo Pablo, ambos miembros del grupo armado de la Triple A bahiense, lo designaron como defensor cuando debieron enfrentar causas penales por el homicidio del estudiante y militante comunista David “Watu” Cilleruelo y el robo de equipos de radio a la UNS, respectivamente.   

- desde 1969 ejerció como abogado de la regional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), encabezada por Abertano Quiroga. Si bien Quiroga y Ponce eran reconocidos públicamente como adversarios, acercaron posiciones y llegaron a integrar junto a Montezanti una misma lista electoral en elecciones internas del Partido Justicialista.

A ello se agrega la participación del excamarista como personal civil de inteligencia del Ejército durante la última dictadura, dato que fue revelado en 2010 con la desclasificación de archivos ordenada por la entonces presidenta Cristina Fernández.

En tal sentido, la resolución judicial que este miércoles 23 decretó el procesamiento de Montezanti recordó los numerosos casos de integrantes de la Triple A que después del 24 de marzo de 1976 fueron reclutados para tareas de inteligencia por la fuerza que, antes de esa fecha, les había proveído armamento para sus operaciones clandestinas.

De acuerdo a los datos que trascendieron de su legajo, Montezanti fue recomendado por el militar José “Balita” Riveiro, exsubjefe del Batallón 601 y asesor de los “contras” que a comienzos de los 80 se preparaban para embestir contra el naciente gobierno sandinista de Nicaragua.

En su descargo, Montezanti aludió que conocía a Riveiro superficialmente y casi desde el mismo momento en que se produjo la recomendación, en 1980, pese a que –recuerda el juez- las normativas internas del Ejército requerían un trato no menor a un lustro, datándolo alrededor de 1975.

El listado desclasificado por la fuerza añade que Montezanti revistó como agente entre el 1 de enero de 1981 y el 14 de junio de 1982, dato que el acusado vinculó con tareas en torno al conflicto bélico con Gran Bretaña por las islas del Atlántico Sur y la disputa limítrofe con Chile. Sin embargo, el escrito de López da Silva cita normativas castrenses que entrada la década del 80 aún ordenaban acciones de inteligencia sobre organismos de derechos humanos, sobrevivientes, la militancia y el mundo académico. El cargo de Montezanti, detalla la información oficial, era de "asesor universitario". 

Por otra parte, y siempre en relación a las fechas de revista, el fallo señala como práctica habitual del ámbito que el ingreso fuese datado mucho después de su concreción real. Esa presunción, apunta, concuerda con testimonios que indican que ya para 1978 Montezanti se encontraba vinculado al Ejército y era capaz de informar, ante consultas puntuales, si una persona podía o no ser víctima del plan criminal implementado por la dictadura.

El fallo judicial firmado por López da Silva recuerda el caso de Anahí Galante, militante de la Juventud Universitaria Peronista que dejó Bahía Blanca cuando el terrorismo de Estado comenzó a asesinar y desaparecer a sus compañeros y compañeras. Retornó a la ciudad en 1977 y su padre, marino retirado, temió por su seguridad y decidió averiguar si corría peligro. Montezanti lo tranquilizó, descartando ese riesgo, pero le advirtió que no sería promovida en su carrera como bailarina de ballet. Así fue.