Bahía Blanca: comenzó el juicio por crímenes de la Triple A

Por Diego Kenis

Con fotos de Luis Salomón y Radio UNS

“Como representante de un Poder del Estado, siento la necesidad de pedir disculpas por haber tardado 45 años en hacer este juicio”.

Con esas palabras del juez Roberto Amábile quedó abierto en Bahía Blanca el primer juicio contra imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el sudoeste bonaerense por la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina, entre 1974 y 1976. La audiencia inaugural había sido convocada originalmente para el 13 de febrero pasado, pero fue suspendida por un pedido especial de las defensas y finalmente se concretó este lunes 9.

Amábile preside el Tribunal que completan los magistrados Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido (foto 2), a cargo del séptimo debate oral bahiense por delitos perpetrados durante el terrorismo de Estado. El Ministerio Público está representado por los fiscales Pablo Fermento (foto 3), Miguel Palazzani y José Nebbia, de la Unidad especial para causas por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca y su región.

Durante el proceso se estudiarán las acusaciones contra el excampeón de motociclismo Juan Carlos Curzio, Raúl Aceituno, el exbasquetbolista Héctor Forcelli y Osvaldo Pallero (foto 4), a quienes numerosos testimonios sindican como miembros de la organización parapolicial en Bahía Blanca. Aceituno es el único de los acusados que llegó a la apertura del juicio en prisión, aunque desde hace algunos meses vive la detención en su domicilio.

El también imputado Héctor “Ginebra” Chisu, que además se desempeñó como espía del Ejército durante la dictadura, falleció en diciembre último. De ese modo, se sumó a la ya larga lista de acusados que murieron sin ser juzgados, incluyendo a su propio hermano, Miguel Ángel. La causa en que se investiga al excamarista federal Néstor Montezanti tramita por vía separada, y actualmente espera una definición procesal por parte del juez de primera instancia Walter López da Silva.

El debate oral se lleva a cabo en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS), donde en 1975 los cuatro imputados fueron contratados como “personal de seguridad y vigilancia” por el nazi rumano Remus Tetu, rector interventor y uno de los jefes locales de la Triple A junto al entonces diputado y dirigente sindical Rodolfo Ponce. En la hipótesis de la acusación, esas designaciones habrían funcionado como pantalla para proveer de salarios y cobertura institucional a la patota.

El mundo universitario bahiense fue, justamente, uno de los focos principales del accionar de la banda que inició el terrorismo de Estado antes del golpe cívico militar de marzo de 1976. Mientras Tetu cesanteaba docentes, cerraba carreras y fusionaba departamentos académicos, la juventud militante de la época era espiada por los servicios de inteligencia y perseguida por las amenazas de las tres A.

Entre los casos que se expondrán durante el juicio oral se encuentra el del crimen de David Cilleruelo (foto 5). Estudiante de Ingeniería y militante comunista, “Watu” fue asesinado el 3 de abril de 1975 en los pasillos del que por entonces era el principal complejo de aulas de la UNS, en avenida Alem 1253, horas antes de asumir como titular de la Federación Universitaria del Sur (FUS). Varios testimonios recogidos a lo largo de los años e incluidos en la causa judicial señalan como autor material del disparo a Jorge “Moncho” Argibay y agregan que se encontraba en compañía de su hijo Pablo, que luego lograría una destacada carrera como neurocirujano, y de Raúl Aceituno. Todos habían sido contratados por Tetu, en los primeros días de su intervención. Aceituno es el único superviviente de los tres.

En una resolución emitida minutos antes del comienzo del juicio, el Tribunal admitió como parte querellante a la UNS, que desde 2010 ejercía ese rol en la instrucción de la causa elevada y el año pasado aportó documentación recientemente recuperada. Por ello, el rector de esa casa de estudios, el físico Daniel Vega, ocupó un lugar en el recinto (foto 6), junto al abogado de la institución, Francisco Fuster, y sus colegas Mónica Fernández Avello y Leandro Aparicio, patrocinantes de la regional bahiense de H.I.J.O.S. y de un grupo de víctimas, respectivamente.

Durante los próximos meses, el Tribunal se dedicará a estudiar las acusaciones formuladas por fiscales y querellantes en torno a 24 hechos. Todos fueron cometidos en Bahía Blanca, a excepción del que se produjo en Huanguelén, en el distrito de Coronel Suárez.  En ese pequeño pueblo, la Triple A asesinó al bioquímico y docente Rodolfo Gini. Meses después, ya durante la dictadura, el Ejército ocupó la localidad y secuestró a sus familiares y estudiantes.

Además de los ya reseñados, los jueces buscarán dilucidar responsabilidades por los homicidios de Carlos Dorñak, Fernando Alduvino, María Isabel Mendivil, Carlos Alberto Davit, José Manuel González, Hugo Ardiles, Orlando Walker, Manuel García, Carlos Nakandakare, Víctor Oliva Troncoso, Alberto Bayarsky, Hugo Vita, Mario Golberg, Nélida Guiorzzo, José Surace, Julio García, Gabriel Ganuza, Salvador Trujillo, Ángel Ogues, Ovidio Ancel, Alberto Pojomovsky y Luis Jesús “Negrito” García, obrero de la construcción cuyo asesinato, a sus 18 años, fue el primero de la Triple A en Bahía Blanca.

La mayor parte de las víctimas eran trabajadores o estudiantes y habían abrazado la militancia política. Dos provenían de puntos de la Patria Grande ensombrecidos tempranamente por el Cóndor: Ogues había nacido en Uruguay y Oliva Troncoso en Chile, países que por entonces ya estaban bajo dictaduras militares. Golberg era locutor de LU2, la radio de la familia Massot-Julio, que pronto lo olvidó. Dorñak era sacerdote, había sido capellán de Ejército y al momento de su asesinato se desempañaba como vicerrector del Instituto Superior “Juan XXIII”. Los diarios personales del entonces vicario castrense Victorio Bonamín, recuperados y estudiados por Ariel Lede y Lucas Bilbao en el libro documental Profeta del genocidio, testimonian que el crimen de Dorñak fue motivo de temores y consultas por parte de la curia bahiense. Bonamín aconsejaba “tratar” con la Marina y la policía bonaerense y “reconciliarse con (el diario) La Nueva Provincia”, también de la familia Massot-Julio, lo que ofrece una idea del maridaje que gestó al terrorismo de Estado en el sudoeste bonaerense.

Dentro y fuera del Aula Magna donde este lunes 9 comenzó el juicio, militantes de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas (fotos 7 y 8)acompañaron a familiares de las víctimas y sobrevivientes que, en algunos casos, llegaron desde distintos puntos del país o el exterior en busca de la justicia esperada por casi medio siglo.