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Violencia Institucional //// 28.05.2015
Causa armada: el calvario de José Luis Orellana

Gabriela Conder es la abogada de un joven discapacitado de 22 años que pasó dos años en una prisión sin pruebas firmes en su contra. Ahora fue absuelto por un Tribunal. 

Por Enrique de la Calle
APU: ¿Cómo es el caso de José Luis Orellana?
Gabriela Conder: Es un chico que tiene una discapacidad mental, es de un barrio de San Miguel. Un día, él estaba paseando con su pareja y la hija de su pareja cuando un policía lo detuvo. Según lo que dice la policía, por las ropas que llevaba, daba con la descripción de una persona que había cometido un homicidio en un supermercado a unas cuadras de ahí. Esto ocurrió el 24 de mayo de 2013: estuvo hasta el viernes pasado en prisión preventiva por esta causa.
APU: ¿Ahora se encuentra en libertad?
GC: Si, si bien el tribunal Nº 6 de San Martín nos citó para este jueves, le dio la libertad por sentencia absolutoria; estamos muy contentos de que haya logrado su libertad porque José Luis la pasó muy mal por la condición de discapacidad que tiene. Era víctima de una violencia que no estaba preparado para sufrir, él es muy inocente para estar en la cárcel, tuvo intentos de homicidio, le robaban las cosas. Antes de tomar la causa presenté un habeas corpus por un informe que me había dado una psicóloga, María Isabel Fonseca, y nos contaba cómo le ponían un fierro en la cara, empezó a sufrir convulsiones que había dejado de sufrir a los 16 años, ataques de epilepsia. 
APU: ¿La única prueba contra él era la de la ropa similar?
GC: Para detenerlo sí: ser morocho, flaco y tener unas ropas que coincidían con el agresor. Luego, en la rueda de reconocimiento, fueron cuatro personas que lo señalaban a él. Pasa que esa rueda de reconocimiento, que fue avalada por el Defensor Oficial, y esto es lo que hay que aclarar, pusieron a una persona gorda, dos personas blancas, otro que tenía chivita. La rueda estaba armada para que lo señalen a él.
APU: Viene a consideración el caso de Luz Gómez y Diego Romero, donde pasó algo similar en la rueda de reconocimiento, que fue muy irregular pero que contó con la aprobación del Defensor Oficial. ¿Qué es lo que pasa para que el Defensor no termine defendiendo los derechos de su defendido y actué en connivencia con el fiscal?
GC: En realidad es todo el sistema, los defensores avalan estas ruedas de reconocimiento porque para ellos es un trámite, no lo toman como el ejercicio de un derecho de defensa, aparte son empleados del Estado. La verdad es que es algo terrible lo que sufrió este pibe por parte del Estado. Desde la fiscalía que nunca investigó. De haberlo hecho debería haber realizado una pericia para ver si él había disparado; nunca lo hicieron, lo secuestran por la ropa y no secuestran la ropa. 
La fiscalía avala lo que hace la policía; los jueces avalan a las fiscalías. Todo el sistema está preparado como para que, en vez de estar José Luis libre, esté con una condena de cadena perpetua, que es lo que pidió la fiscalía. 
APU: Cuando un tribunal absuelve de modo enfático, como en este caso. ¿No se revisa la actuado por fiscales y defensores?
GC: En los libros y en los tratados de derechos humanos que están sobre todas las leyes, tenés un mecanismo de presunción de inocencia: nunca se respetó ese derecho en José Luis. Las cárceles están llenas de personas pobres y es peor si tenés una discapacidad. Un 10% de la población carcelaria tiene alguna discapacidad. No existen los tratados de derechos humanos en esa realidad. 
APU: ¿El código procesal o el penal no contemplan ninguna sanción para casos así?
GC: En las prácticas, el fiscal siempre acusa. Debería haber acusado con toda la prueba que se produjo y en ella no había ninguna prueba para acusar a José Luis. Todo está construido para acusar. No hay ninguna sanción porque, procesalmente, cumplen con las formas, no hay mal desempeño.
APU: ¿Y en el caso del abogado defensor que aceptó una rueda de reconocimiento irregular? ¿Eso formalmente está bien?
GC: No está bien en la práctica, pero sí en lo formal: es decir, hubo rueda de reconocimiento, hubo abogado defensor, etc. Se cumplieron todas las normas. Pero José Luis en estos dos años no tuvo a nadie que lo defendiera, ni bien ingresamos a la causa pedimos un habeas corpus, ni siquiera le habían hecho una pericia psicológica durante estos dos años. El proceso y la instrucción fueron un desastre.