fbpx El rectorado de Tetu: seis meses de desquicio criminal
DDHH //// 03.10.2015
El rectorado de Tetu: seis meses de desquicio criminal

Entre marzo y septiembre de 1975, el rumano Tetu ejerció la intervención al rectorado de la UNS. Suprimió carreras, prohibió contenidos, cesanteó docentes y no docentes, expulsó alumnos y proveyó de recursos de todo tipo a la patota de la AAA que él mismo lideraba. Un repaso por el corpus de resoluciones con su firma.

Por Diego Kenis
Con académica pacatería, el Consejo Superior Provisorio que en 1984 normalizaba la vida política de la Universidad Nacional del Sur (UNS) puntualizó que el rumano Remus Tetu no ejerció en 1975 el cargo de rector interventor ni normalizador sino que se le había encomendado apenas “el despacho de los asuntos” de la casa de estudios.
La aclaración encabezó el “Informe sobre aspectos de la gestión del profesor Remus Tetu como encargado de despacho de la Universidad Nacional del Sur”, que el cuerpo resolutivo de transición detalló en sesenta y seis puntos y difundió masivamente, como reacción a declaraciones públicas en que el otrora líder de la AAA bahiense se presentaba como perseguido político de la recién recuperada democracia argentina.
Como distinción al margen es válida, por cuanto se apoya en la letra fría de la parte resolutiva de los decretos presidenciales que otorgaron al anticomunista rumano el control de la UNS. Sin embargo, este dossier califica a Tetu como “rector interventor” porque así fueron redactadas, firmadas y selladas las poco más de setecientas resoluciones con que durante un demencial semestre hizo y deshizo al frente de la casa de estudios bahiense sin que quienes lo colocaron en ese lugar se propusieran corregirle el detalle ni, mucho menos, las acciones habilitadas. Por otra parte, el título del decreto que lo ungió habla de “intervención” en la UNS.
Tetu estaba encargado del despacho de los asuntos de la UNS, pero los asuntos eran todos los imaginables y sus atribuciones equiparables a las de un formal interventor y superiores a las de un rector ordinario, que gobierna sujeto al visto bueno de dos cuerpos resolutivos. El “Informe…” de 1984 es un muy buen material documental, pero vuelve honda y estridente su omisión nominal cuando refiere al crimen de David “Watu” Cilleruelo sin mencionar el nombre de la víctima. En el recuento, es un asesinato sin muerto. Ese silencio institucional de entonces explica el difuso conocimiento que los estudiantes universitarios tenían todavía a mediados de la década pasada, cuando un grupo de alumnos de la Escuela Normal Superior de la UNS produjo un excelente video documental que reúne la declaración de testigos presenciales que reconstruían hecho y contexto.
 
Tierra arrasada
Distribuyendo su tiempo entre las intervenciones en la UNS y la Universidad del Comahue con cabecera en Neuquén, donde marcaba docentes en las reuniones de la “comunidad informativa” de Inteligencia, Tetu administró muy bien sus días en Bahía Blanca y en la misma jornada de su asunción, el 28 de febrero de 1975, imprimió en sus resoluciones académicas las “expresas instrucciones” del ministro Oscar Ivanissevich.
Ese último día de febrero aceptó renuncias de varios docentes y funcionarios, reunió bajo el Departamento de Ciencias Sociales a las unidades académicas de Humanidades, Economía y Geografía, cuyas clases quedaron suspendidas, y en la órbita de un nuevo Departamento de Ciencias Exactas colocó a los antiguos de Matemática, Física y Electrotecnia. Durante la misma jornada, dispuso la eliminación de todos los contenidos que en cualquier carrera constituyesen “una prédica disolvente atentatoria a la seguridad del país” y dio por terminadas “todas las llamadas experiencias o innovaciones pedagógicas y didácticas”, cuya peligrosidad manifestó. Dos semanas más tarde decidió “limitar” las funciones de treinta y cinco docentes, entre los que se encontraba el sociólogo y luego decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Fortunato Mallimaci.
Durante el segundo trimestre de 1975, Tetu cesanteó, limitó funciones o exoneró a doscientos docentes, en la mayoría de los casos sin explicación alguna, y sólo a unos pocos volvió a contratarlos más tarde. El 7 de abril, al cesantear a cincuenta y cuatro administrativos sí ofreció argumentación al invocar “la salvaguarda de la Seguridad Nacional” por “sobre toda otra consideración” de cualquier naturaleza. Varios de los cesanteados nunca volvieron a trabajar en la UNS y algunos de ellos fueron reincorporados pero asesinados meses más tarde, como Daniel Bombara, Gabriel Prado o Néstor del Río. Otros sobrevivieron y se convirtieron en intelectuales de peso que la UNS jamás recuperó, como Daniel Maidana o Ramón Minieri.
Siempre dentro del campo académico, Tetu modificó a su antojo y necesidades el calendario preestablecido de inscripción a materias, de suerte que el último día del plazo aseguró la masa suficiente de testigos para el asesinato aleccionador del estudiante David Cilleruelo, y en una resolución firmada por su colaborador José Carlos fijó que el 21 de abril comenzarían las clases, coincidiendo con el calendario nacional y pese a “la dolorosa falta de comprensión de ciertos sectores que pregonan el cambio, pero que se oponen sistemáticamente a llevarlo a cabo” y “las consecuencias confusionistas y alteradoras de la paz universitaria por parte de minúsculos grupos”.
Durante el ciclo lectivo se incrementó el control no sólo sobre docentes o estudiantes sino también encima de los contenidos. En junio, Tetu abrió un sumario contra un docente de las escuelas preuniversitarias que había tenido la alocada idea de incluir el tema “marxismo” en su materia, Economía Política. Tres semanas después suprimió la asignatura del mismo nombre de los planes de grado de Química, Ingeniería Química e Ingeniería por considerar que en su dictado se aplicaban pautas “preferentemente marxistas” y “criterios de falsa matriz popular y clara tendencia anarquizante y marxista” en el sistema de promoción, consensuado entre docentes y estudiantes.
 
Al que me llame nazi, lo extirpo
A fines de julio el interventor rumano continuó las purgas con la expulsión masiva de veintidós estudiantes, que habían caído en una redada tendida por los servicios de inteligencia, la Policía Federal y la patota de la AAA que el mismo Tetu comandaba, cuando se aprestaban a concretar una asamblea para denunciar su responsabilidad en el homicidio de “Watu” Cilleruelo (ver aparte).
Entre ellos se encontraban Alberto Rodríguez, Dante Patrignani y Ana Colantuono, cuyos testimonios pueden verse en el referido documental producido por estudiantes de la Escuela Normal. Rodríguez y Patrignani se convirtieron con el correr de los años en dos de los primeros denunciantes del accionar del juez Néstor Montezanti, acusado de pertenecer a la AAA y los servicios de Inteligencia de la dictactura. Por su parte, Colantuono era por entonces una adolescente que cursaba estudios secundarios. Tetu no pudo expulsarla pero, en una demostración de superficie del funcionamiento de la “comunidad informativa”, resolvió comunicar su participación en la asamblea a las autoridades del Colegio Nacional bahiense.
El texto de la resolución es de antología y denota que fue escrito en un pico colérico. Contiene notorios errores de sintaxis en el apuro por calificar como “delirante” el “juicio político” que una “turba tribunalicia” pretendía hacer en contra del interventor a base de “infamias proferidas por los impostores en causa” y acusaciones “íntegramente inventadas” con “un evidente propósito de difamación”. “Constituye un acto de subversión calificada”, resumió Tetu, antes de subrayar la “espantosa bajeza moral” y el “perfil psíquico tan deteriorado” de los estudiantes, lo que “obliga extirparlos de inmediato como a un infecto morbo de la comunidad universitaria”.
El considerando siguiente es ya una lisa y llana confesión de parte. “La misión de esta Intervención –dice Tetu, que firma la resolución en soledad- es extirpar la subversión del ámbito universitario lo que, lógicamente debe hacerse eliminando de su seno a los personeros del caos y del desquicio” (sic). Curioso resulta, en cambio, que quien hablaba de extirpaciones y eliminaciones compare a renglón seguido a los estudiantes con una “variante novel de la macabra quinta columna que el nazismo destacara en tantos países para sojuzgarlos”.
 
Estatizar el terror
El 25 de marzo de 1975 el país comenzó a transitar el último año de democracia antes de que la dictadura cívico militar profundizase a perfección el aparato represivo de la AAA, cuyo nexo con el Estado evidencian las resoluciones que Tetu firmó ese mismo día como rector interventor de la UNS.
En el despacho de avenida Colón 80, ese martes de otoño fue febril. Mientras manipulaba el calendario académico para crear un asueto que licuase al día siguiente una convocatoria en su contra y modificaba nuevamente el periodo de inscripción en cuyo término sería asesinado “Watu”, Tetu resolvió “dar por terminadas” las funciones de sesenta y cinco docentes, entre los que se encontraban el ingeniero Máximo Cargnelutti, el matemático y militante comunista Edgardo Fernández Stacco y su esposa y también matemática Nélida Winzer, el abogado de presos políticos Pablo Lejarraga y el bioquímico y futbolista Luis Fernández, quien veintiocho años después sería electo por vía democrática rector de la UNS. Lejarraga había sido sindicado como uno de los promotores de las convocatorias contra Tetu, de las que el rector estaba informado por espías navales y a las que desbarató a base de cesantías y puertas cerradas por asueto.
En ese contexto, el interventor rumano contrató a los primeros nueve miembros de la patota de la AAA, a los que equiparó con el personal de planta. La lista la encabezaban los acusados de asesinar a “Watu”, apenas una semana después: Jorge Argibay, su hijo Pablo y Raúl Aceituno. En sucesivas resoluciones aprobó nuevos contratos, hasta llegar a un total de veintiséis miembros de su cuerpo de “vigilancia y seguridad”, dentro del cual estableció una escala salarial que dejaba a Argibay padre como jefe del grupo de choque y a Juan Carlos Landini como su segundo.
La decisión de otorgar el mando a Argibay padre, explicó Tetu en una declaración testimonial de 1975, obedecía a que “habiendo sido suboficial de una de las fuerzas armadas, tenía aptitudes de mando superiores a los demás”. La selección de los matones, indicó en la misma ocasión, se debía al éxito y empeño demostrados por ellos al revistar como agentes de seguridad de la facultad local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), “que enfrentó los problemas subversivos antes que la UNS”.
La jefatura última del grupo creado le correspondía a Tetu indubitablemente, como lo prueban dos resoluciones del 21 de mayo y el 13 de junio. Por la primera, suspendió por diez días a Miguel Chisu, otro de los miembros de la patota y desde 1976 agente de Inteligencia del Ejército, por haber utilizado sin autorización el vehículo del rectorado para un viaje de descanso a Monte Hermoso. En la segunda, aplicó una sanción de cinco días de suspensión a Landini por demorar el cumplimiento de una orden suya, que no deja escrita, y “verter conceptos improcedentes hacia un superior”. Dos actitudes de severidad muy alejadas de la inacción que evidenció ante el crimen de “Watu”, perpetrado por tres de sus hombres, movilizados en el mismo Falcon utilizado por Chisu para su penalizada escapadita al mar.
 
Plata dulce en tiempos de ajuste
El 17 de julio de 1975 culminó la tormentosa experiencia de Celestino “Rodrigazo” Rodrigo al frente del Ministerio de Economía y un día más tarde comenzaba a desandarse la breve estadía de veintiún días de su sucesor Pedro Bonanni, que ingresó a su nuevo despacho anunciado un ajuste.
El impacto del decreto 2049, que ordenaba máxima austeridad a las reparticiones públicas, se sintió de inmediato en la UNS. Del mismo 18 es la primera resolución de ajuste suscripta por Tetu. Entre ese día y el cierre de agosto y sobre una planta docente y no docente diezmada, el interventor ordenó la reducción de gastos de un cincuenta por ciento en todas las dependencias, congeló el ingreso de personal a planta y desconoció horas extras, en tanto centralizaba el manejo de las cajas chicas del gobierno universitario en su oficina.  
Sin embargo, la austeridad no empezaba por casa. Mientras prohibía las llamadas de larga distancia y trocaba por mate cocido el café de los administrativos, Tetu continuó con normalidad con una política dadivosa hacia los funcionarios amigos y la patota que firmaba las tres A en las paredes, lo que orienta acerca de la procedencia de los fondos que financiaban a la banda criminal.
Desde su asunción, el interventor fue generoso consigo mismo y con sus colaboradores. No sólo aportó mes a mes los salarios de veintiséis matones, sino que entre el 1 y el 24 de abril se creó una cátedra a medida para volver al ruedo docente luego de su suspensión de 1973 y se pagó un año de salarios retroactivos pese a que la ley de Amnistía que invocó suponía expresamente la renuncia a haberes caídos.
En ambos casos Tetu tuvo la delicadeza de no firmar las resoluciones: fueron suscriptas por su secretario administrativo José Carlos, que renunció cuatro días después de rubricar la segunda y en la semana posterior a haber recibido una generosa compensación de casi 124 mil pesos, equivalentes a dos años de sueldo medio de la época, para efectuar refacciones en su vivienda luego de sufrir “un atentado terrorista”. Antes de cerrar su gestión repetiría subsidios similares, por diferentes montos y el mismo concepto, en dos ocasiones más y en favor de Guillermo Aispuro y Carlos Mazza, otro dúo de prestadores de firma suyos.
No puede decirse que no fuera un buen patrón. Sucesivas resoluciones dan cuenta de la actualización de sueldos del personal de “vigilancia y seguridad” y a fines de junio, en plena crisis económica nacional, autorizó pagos extraordinarios por el alojamiento en un hotel de Raúl Giorgi, José Luis Cáceres y Horacio Agnesio, quienes pese a no estar formalmente contratados oficiaron como custodia entre enero y abril de 1975 debido a la necesidad de proteger a los funcionarios del “estado de subversión en que se hallaba la Universidad al hacerse cargo la Intervención”.
La ya mencionada resolución de ajuste del 18 de julio arroja por sí misma más sorpresas. En ella, el interventor exceptúa del recorte al vehículo utilizado por el personal de vigilancia y declara su exclusiva disposición y control sobre una Rambler Ambassador y el Falcon a bordo del cual los asesinos de “Watu” cruzaron la ciudad para perpetrar el crimen. “No estando su titular”, ordena Tetu refiriéndose a sí mismo, ambos vehículos “deberán permanecer, sin uso, en la División Automotores”.
 
Tiempo nuevo
Equiparada por Tetu en derechos y salarios al personal de planta, los vínculos de la patota contratada por él fueron rescindidos definitivamente en febrero de 1976.
Para entonces, el rumano había dejado de ser interventor y Julio Reynoso era el rector “normalizador” que renovó paulatinamente a la patota de matones hasta entonces encabezada por los Argibay, considerados “elementos irritativos en el ámbito de la ciudad, por sus antecedentes de actuación en grupos armados”, según consignó un temprano informe de Inteligencia, que puntualizaba además que padre e hijo “siempre habían colaborado con los distintos organismos de seguridad en la lucha contra la subversión” y agregaba que “al retirarse de la UNS se habían llevado algunas armas y los intercomunicadores de propiedad de la casa de estudios”.
En un prólogo a lo que estaba por venir, Reynoso colocó como nuevos jefe y subjefe de la renovada patota de “vigilancia y seguridad” al comandante de Gendarmería Guillermo Francisco Correa y el inspector Juan Carlos Grandinetti. Corría el penúltimo mes de 1975. El terrorismo de Estado empezaba de ponerse uniforme en los pasillos de la UNS.