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Sociedad
05.02.2011

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, por Nahuel Placanica) Las autoridades del teatro Colón, con su director García Caffi a la cabeza, presentaron una demanda ante la justicia exigiendo 55 millones de pesos a los trabajadores por “presunto daño económico”, como consecuencia de las medidas de protesta que obligaron al teatro a levantar algunas de sus funciones.
El gobierno porteño solicitó, en plena feria judicial, una cautelar para embargar el patrimonio de los trabajadores y de esta manera “asegurar” el pago de la eventual “indemnización”. La petición fue rechazada por el juez Guillermo Scheibler, a cargo del juzgado  Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13 y el expediente paso a manos de Osvaldo Otheguy, magistrado del juzgado Nº 8.
Desde septiembre del 2010 los trabajadores del Colón vienen reclamando una recomposición salarial del 40 % y mejoras en las condiciones laborales tanto en el teatro en sí como en las locaciones extramuros. Las autoridades del teatro respondieron suspendiendo trabajadores y realizando sumarios a quienes se sumaran a la protesta. Estas medidas fueron avaladas por el Gobierno de la Ciudad a través de su Ministro de Cultura Hernán Lombardi. ¿Lo recuerda? Aquel integrante del grupo Sushi, un hombre de Antonito De la Rúa.
ATE Capital expresó: “La respuesta de las autoridades fue penalizar la protesta, criminalizar a los representantes y perseguir ideológica, política y gremialmente a los trabajadores y delegados de nuestro sindicato”. Desde la Dirección de Trabajo porteña la persecución alcanzó niveles absurdos. La entidad declaró inconstitucional la huelga no solo desconociendo el artículo 14 bis de la Constitución  sino atribuyéndose una facultad que no posee, ya que no puede erigirse como juez y parte.
Frente a esta situación, ATE presentó una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya que se estarían incumpliendo convenios internacionales en caso de que se acredita la violación del derecho a huelga. Los trabajadores están a la expectativa de una respuesta por parte de la justicia en lo que a la demanda millonaria se refiere y prevén convocar a una nueva asamblea en los próximos días para evaluar la situación actual del reclamo. (Agencia Paco Urondo)

El suchi boy y actual ministro de Cultura, Hernán Lombardi.

04.02.2011

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Conocido como el Padre Alejandro o Francisco del Buen Viaje, integraba el grupo de curas tercermundistas argentinos junto al desparecido padre Carlos Mugica, con quienes compartieron un curso sobre el jesuita Pierre Teilhard de Chardin, que les cambio la vida.
Además Mayol formó parte del grupo de curas que se casó y cuestionó el celibato, a partir de 1969 cuando conocio a Beatriz, su esposa, en la Iglesia de San Telmo.

Mayol se sumó a un movimiento encabezado por el fallecido obispo Jerónimo Podestá, los ex curas Miguel Angel Broggi Carranza y Delfor Pocho Gutierrez, que realizaron sonoras movidas contra el celibato desde dentro de la misma Iglesia.
Sobre ese tema tan controversial para la Iglesia Católica, Mayol afirmaba que "el celibato tiene una enorme grandeza, y hay gente que lo lleva con mucha dignidad. Pero no es algo que este hecho para todos y de hecho la Iglesia esta perdiendo a gente muy valiosa por este tema. Sinceramente creo que debería ser opcional".
Sobre el episodio de su casamiento con Beatriz lo resumió señalando que "decidí dejar el sacerdocio. Y en realidad me obligaron a optar. Yo en ese momento dije: quiero al sacerdocio y la quiero a Beatriz. No optaba, es lo que sentía, no me hubiera ido si no me obligaban a optar".
Con Beatriz tuvieron cuatro hijos Ramiro, María, Emanuel y Lorena Mayol, que lleva adelante una interesante carrera de soul, blues, hip hop, pop y rock.
La música siempre fue un actor escencial en la vida de Mayol, que compartió con Mugica el coro de la Universidad Católica y del que los echaron por "desafinar", como contaba él.
Por los años 60 paso por Canal 7, el 9 y el 11, que eran estatales con su programa religioso musical "El trampolín de la vida", donde fue desarrollando su carrera musical.
Mayol fue el autor del embrión de la Misa Criolla, que según cuenta le llevé en un cuadernito la idea desarrollada de la obra a Ariel Ramírez, con ritmos de nuestro folklore y sobre un esquema litúrgico que fue la base de la que partió esta obra que hasta hoy sigue difundiéndose por todo el mundo.
En esa carrera con la música, Mayol compuso canciones como "La Creación", "Hay fiesta en la casa del padre", "Luna de miel en Arizona", "La milonga de David y Goliat", "Zaqueo", "La Caravana", "O Trompeteiro", "La Creación", "La zamba del grano de trigo". "No hay mayor amor", "Pajarito de rastrojo", "Llaga", "Tú", "El trencito del oeste"y "La resurrección".
Tuvo varios socios musicales como José Luis Castiñeira de Dios y Piero, quien grabo "insfonia inconcusla en la mar", que no esta reeditada y cuyos LP o casetttes se consiguen en Mercadolibre.com y otras webs por el estilo.
En su decisión de vincular la religión, la historia y la identidad nacional y popular, Mayol compuso lo que él denomino como "operas cancheras como "La Pasión según San Juan" que se presentó en el estadio de Vélez Sarsfield en el 83 y en el 85, y "La Patriada", que escribio siendo secretario de Cultura del municipio de Florencio Varela.
También realizó incursiones en la literatura política con el libro "La historia de los católicos posconciliares en la Iglesia Argentina", del que fue coautor con Norberto Argel y Arturo Almada.
Más tarde escribió el cuento "Para que el sol no se apague", en el que se basó para guionar y filmar la película "Las travesuras de Cepillo", que pudo estrenar y logró que los canales de TV emitieran varias veces. (Agencia Paco Urondo)
 

04.02.2011

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, por Soledad Vallejos, publicado en Página 12) Un grupo quiso robar la carga de un tren que sufrió un descarrilamiento. La policía reprimió. Murió un joven de 16 y hay otro muerto, aunque no se sabe si está vinculado al hecho. Luego, vecinos atacaron con piedrazos la comisaría. Hubo corridas y saqueos a comercios.
Fuentes judiciales confirmaron a este diario que un joven de 16 años murió baleado en las vías mientras efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires reprimían el saqueo a un tren descarrilado, en José León Suárez. Otro chico, de 17 años, murió en un centro de salud, presuntamente tras haber sido herido en la misma escena, algo que anoche los investigadores aún no habían confirmado. Al cierre de esta edición, un tercer muchacho se encontraba internado en grave estado. Poco después de que corriera la noticia de las muertes, la violencia continuó en las calles del barrio: algunos de los heridos habían sido llevados a la sala de salud ubicada frente a la Comisaría 4a de San Martín. Familiares y amigos cortaron las calles. Luego de algunos minutos, sobre la avenida Márquez comenzaron las corridas, los saqueos y los disparos. Hubo al menos seis detenidos.
La policía detuvo al menos a 15 personas, todas ellas menores de edad. Ante las cámaras de los móviles de tv, en la puerta de la comisaría, un hombre acusó a los oficiales de haber detenido a su hijo de 12 años mientras caminaba junto a su madre por la avenida. Por orden de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 5ª, a cargo de Marcelo Sendot, la Policía Bonaerense fue apartada de la investigación. Se secuestraron las armas de los efectivos involucrados en los episodios cuyo confuso derrotero no llegó a ser despejado anoche; también fueron secuestrados patrulleros con impactos de balas. Cerca de medianoche, el fiscal Sendot, quien se encontraba recorriendo los lugares donde todo había transcurrido, confirmó que la investigación será realizada exclusivamente por su oficina y peritos de Gendarmería.
En la tarde, siete vagones del tren 8232, del Nuevo Central Argentino (NCA), descarrilaron a la altura de José León Suárez. Se trataba de un carguero que transportaba autopartes entre Retiro y Zárate. En un comunicado, NCA sostuvo que “un grupo de personas arrojó al paso de un tren (...) troncos de árboles con el fin de producir su descarrilamiento para posteriormente saquear la mercadería transportada”. Este caso, añadió la empresa, no resultó inusual, porque en “los últimos 90 días se produjeron dos hechos similares con la misma finalidad”.
En conversación con este diario, fuentes judiciales también sostuvieron que no se habría tratado de un accidente, sino que habría sido un sabotaje cometido por “gente del barrio Villa Independencia”, cercano a las vías. La carga de los vagones comenzó a ser saqueada por habitantes de ese asentamiento. Un llamado al 911 alertó de la situación. “La Policía Bonaerense llega al lugar; se produjeron enfrentamientos con la gente de la villa”, aun cuando al cierre de esta edición seguía siendo incierto si esas personas estaban o no armadas.
El primero de los muertos llegó al Centro de Atención Primaria Nº 4 “José Luis Agote”, ubicado frente a la Comisaría 4ª de San Martín. Fuentes de la investigación dijeron a este diario que, al llegar al lugar, el joven ya había fallecido. Una de las balas que recibió habría sido disparada desde cierta altura, porque el recorrido es descendente.
Al cierre de esta edición, por la distancia que existe entre el hospital donde falleció y el lugar de los hechos, los investigadores aún procuraban establecer si el segundo muchacho también habría muerto a consecuencia de heridas inflingidas al pie del tren.
Al trascender la noticia de las muertes, los heridos y las detenciones, la tensión estalló en las inmediaciones de la Comisaría 4ª y la sala de salud. Mujeres, niños y varones jóvenes dejaron las veredas para tomar la calle y obligar a colectivos, autos y motociclistas a desandar camino. Ya atardecía. A esos cortes de calle sobrevinieron corridas en cuanto efectivos de la comisaría procuraron liberar el lugar. La tensión estalló mientras chicos jóvenes, muchos de los cuales luego serían detenidos, arrojaban piedras a los policías, mientras otros rompían vidrieras y saqueaban comercios, como una casa de computación de la que anoche apenas quedaban algunos muebles.
Los móviles de la televisión transmitían en vivo. Las versiones eran confusas y hasta contradictorias. En la puerta de la comisaría, el jefe de la DDI de San Martín, Mario Briceño, confirmó la primera de las muertes, y sostuvo la hipótesis de que en las vías del tren se había producido “un enfrentamiento” entre habitantes del barrio carenciado y efectivos policiales. Briceño, sin embargo, procuró no relacionar a los heridos con el descarrilamiento. (Agencia Paco Urondo)

 

31.01.2011

La Plata, Buenos Aires (Agencia Paco Urondo) La Municipalidad de La Plata prioriza favorecer un gran negocio inmobiliario, a resolver la situación de desalojo y el cumplimiento del derecho a una vivienda digna de 200 familia del Barrio Los Robles B.A.

Las 200 familias del Barrio Los Robles B.A (610 a 605 y 14 a18), que habitamos hace mas de 6 años, en ejercicio de nuestro derecho constitucional a una vivienda digna, 8 manzanas las cuales son parte de un predio de 30 manzanas titularidad de Villa Montoro S.A.C.I.F.I (sociedad inmobiliaria y financiera) encontrándose desocupadas el resto de las mismas.
Titular registral que nos iniciara en el año 2007 un juicio de desalojo en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial Nro.8 del Departamento Judicial de La Plata, el cual generara que las 200 familias con nuestros hijos quedemos en situación de calle. Desde ese momento solicitamos y generamos proyectos de urbanización social para regularizar nuestra situación dominial, ante todos los organismos estatales competentes de Nación, Provincia y Municipio, fundado en nuestro derecho a una vivienda digna.
Para nuestra sorpresa e indignación, la Municipalidad de La Plata por intermedio de la Dirección de Tierras y Viviendas y el Diputado Provincial Gabriel Bruera, hace 6 meses inicio en el predio un Plan de Urbanización con el titular registral Villa Montoro SACIFI, del cual nos excluyeron de forma absoluta sin tener en cuenta en lo mas mínimo nuestra situación de desalojo ni nuestros derechos. Es inaudito e inaceptable, que no seamos parte prioritaria en el plan de urbanización que el Municipio realiza con el aval de algunos organismos de la Provincia de Buenos Aires. El cual consiste en realizar a cargo del municipio todos los trabajos de infraestructura, apertura de calles, tendido eléctrico, relleno del predio y levantamiento de restricciones a la venta que tiene el predio (30 manzanas) desde el año 1967 . Dichas restricciones corresponden a Geodesia e Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, siendo esta última levantada recientemente por el Organismo del Agua provincial, sin que se hayan realizado los trabajos exigidos por dicho organismo.
Con fecha 1 de octubre de 2009 con el aval del Padre Luis Farinelo, iniciamos ante la Dirección de Tierras y Viviendas del Municipio, expediente numero 72479, a efectos de regularizar nuestra situación dominial, solicitud que fundamos en nuestro derecho a la vivienda digna, en la falta de uso social de las tierras por el titular  y las deudas de impuestos provinciales y municipales desde 1950 aproximadamente. Dicho Expediente que se le dio curso, pasó por el Organismo del Agua quien ratifico la restricción y el plazo vencido que tenia el titular para realizar las obras de infraestructura ordenadas.
Confirma la Dirección de Tierras y Viviendas nuestro pedido, al contestar el informe solicitado por la Cámara de Diputados de La Provincia, a efectos de declarar de utilidad publica y sujeto a expropiación las tierras que ocupamos (proyecto de Ley de Expropiación D3291/08-09), así informa: La Plata 30 octubre 2009 “….Al respecto esta dirección y por solicitud de los vecinos, se encuentra abocada a un  nuevo estudio de aptitud hidráulica de la zona. Considerando que el proyecto de ley y la solicitud de los vecinos es tendiente a la regularización dominial esto es: contar con antecedentes que jurídico y ambientalmente permitan la titilación definitiva a favor de las familias ocupantes. Es necesario conocer la opinión del organismo provincial de saneamiento y obras hidráulicas a fin de garantizar la aptitud del suelo para el asentamiento humano.
Por otra parte y en virtud de la deuda impositiva que posee el titular de dominio, con la Provincia y el Municipio y que no toda la superficie a expropiar se encuentra actualmente ocupada, se sugiere la posibilidad de realizar negociaciones urbanísticas con el titular de dominio previo de la ley de expropiación.”
Es importante remarcar que el proyecto de Ley de Expropiación fue aprobado por el Poder Legislativo y vetado en julio de 2010 por el Poder Ejecutivo Provincial, por carecer de fondos para llevarlo a cabo. Teniendo en cuenta lo informado por el propio Municipio y el veto del proyecto de ley, es inentendible e injustificable como se nos excluye del plan de urbanización que lleva a cabo, el cual fuera solicitado y reconocido que se debía realizar a efectos de regularizar nuestra situación.
Según lo expresado por el Diputado Bruera a la Comisión de Vecinos, después de meses de tramitar una reunión, que el Municipio hizo parte y beneficia con el Plan de Urbanización a 102 familias representadas por la Organización Maria Claudia Falcone, con quienes tiene un conflicto político desde el 2010, cuando con un subsidio Municipal compraron un predio de 5 hts en parque Sicardi y los vecinos del lugar no permitieron que las familias se instalen.
Y obviamente a quien mas beneficia alarmantemente el estado Municipal es a la empresa inmobiliaria y financiera  Villa Montoro SACIFI, titular del predio, haciéndole los trabajos de infraestructura y tramitándole el levantamiento de las restricciones provinciales por las cuales desde el año 1967 no podía enajenar los mas de 800 lotes del predio. Venta millonaria que ahora si podrá hacerse, pero paradójicamente no la hará Villa Montoro SACIFI como lo hizo siempre en la zona, sino que lo hará otra inmobiliaria… Siendo inaudito y sumamente sospechoso  que el titular registral sea beneficiado de semejante forma con el único costo de ceder 102 lotes de los 800 que el estado le libera para la venta. Como así también que no se le haya exigido ni tenido en cuenta para las negociaciones las deudas impositivas municipales y provinciales de los inmuebles.
No podemos entender ni aceptar este actuar principalmente del Estado Municipal, quien claramente no nos ha podido brindar ningún tipo de respuesta, y también del Estado Provincial el cual nos veto el proyecto de Ley de Expropiación por falta de fondos y hoy por intermedio de organismos como la Autoridad del Agua y Geodesia permite este actuar por demás sospechoso al Municipio en nuestro detrimento.
Asimismo y teniendo en cuenta, que varias familias fuimos reubicadas en el barrio por la Provincia de Buenos Aires, atento ordenes judiciales firmes que establecen dichas medidas garantizando nuestro derecho a la vivienda digna. Quienes hoy nos encontramos excluidos por el propio estado de un Plan de urbanización y se nos pide que negociemos con el particular, ignorando absolutamente las ordenes judiciales que nos amparan.  Por esto, por la deuda impositiva del titular a la provincia y por las restricciones provinciales al dominio del titular, solicitamos la intervención en forma directa de los Organismos Provinciales Competentes. Por ultimo y ratificando aun mucho mas nuestro derecho a ser parte prioritaria en el Plan de Urbanización que realiza el Municipio, el cual le solicitáramos en el año 2009 y nos reconociera, destacamos que durante estos años de lucha hemos urbanizado el barrio, logramos imponernos en el Presupuesto Participativo 2009, con el proyecto generado por nosotros para la realización de un Centro de Salud en el Barrio, hicimos, cuidamos y mantenemos la plaza que figuraba como espacio verde en el loteo del predio y ni el estado ni el titular habían hecho, ganamos por presupuesto participativo la luminaria publica en el barrio, abrimos calles, realizamos zanjeos y cunetas, levantamos terrenos bajos y muchos otros trabajos por nuestra cuenta que hicieron a la urbanización de las 8 manzanas que no daba el uso social el titular registral ni el estado.
Por todo lo expuesto exigimos en forma inmediata ser incluidos en el Plan de Urbanización que se esta realizando, siendo esta nuestra única posibilidad de resolver nuestra apremiante situación habitacional. Basta de favorecer con políticas publicas a los negocios inmobiliarios en detrimento de quienes luchamos por una vivienda digna para nuestras familias, en este caso en forma totalmente directa y burda, ¡basta de impunidad!
Quedando totalmente evidenciado la ausencia absoluta de políticas de hábitat social del Municipio que coexiste con un código de planeamiento urbano reciente que propone una ciudad para clases medias y altas quedando toda la ganancia en manos de unas pocas inmobiliarias, sin recuperar valorización. También la falta de regulación para evitar loteos clandestinos y prevención a través de bancos de tierras, con todo el suelo que la Provincia de Bs As le cedió al municipio.
Vecinos del Barrio Los Robles B. A. Contactos 221 154853176 Sebastián, resistenciaculturalbarrial@hotmail.com (Agencia Paco Urondo)

30.01.2011

Córdoba (Agencia Paco Urondo) Una pareja de homosexuales fue amenazada por un encargado de seguridad del Paseo del Buen Pastor, ubicado en el barrio Nueva Córdoba, en el centro de Córdoba capital, por besarse en público.
El pasado lunes 17 de enero, a eso de las 22, una pareja de hombres fue abordada por un guardia a cargo de la seguridad del paseo, el cual amenazó con echarlos del lugar si no dejaban de manifestarse afecto en el mencionado espacio público.
La pareja, luego del hecho, fue a radicar la denuncia a la sede local del Inadi. La titular de este organismo, Adriana Domínguez, manifestó que se trata de "dos jóvenes mayores de edad que estaban manifestando expresiones de afecto en el Paseo del Buen Pastor", y que a raíz de esto "fueron advertidos por un guardia de seguridad de que si seguían besándose iban a ser echados del lugar”.  Para el guardia, éstos estaban realizando una "acción inmoral".
La empresa sancionó al guardia con una suspención y pidió disculpas a la pareja por el hecho, pero la titular del Inadi manifestó al respecto que "la denuncia en realidad es contra el trabajador", el cual todavía no manifestó su arrepentimiento por el hecho. (Agencia Paco Urondo)

29.01.2011

Capital Federal (Agencia Paco Urondo; gentileza Coordinación General de Información Pública y Comunicación, Ministerio de Salud de la Nación) “La situación del dengue en la región es delicada. El viernes pasado Bolivia decretó la emergencia sanitaria nacional por el brote que ya causó varios muertos y las autoridades estiman una importante cantidad de casos. Por eso estamos redoblando el esfuerzo y hemos venido a trabajar a Salta, junto a nuestros hermanos bolivianos”, dijo hoy el ministro de Salud dela Nación, Juan Manzur, desde la localidad salteña de Aguas Blancas, situada sobre la costa del río Bermejo -límite natural entre Argentina y Bolivia- y en el departamento de Orán, región en la que el año pasado hubo unos 50 casos de la enfermedad y en 2009 se habían registrado más de 800.
Si bien indicó que “hasta el momento no hay circulación viral de dengue”, el funcionario destacó que “la salud no tiene fronteras, por eso son muy importantes las tareas de prevención”. Manzur realizó declaraciones luego de mantener una reunión técnica con equipos de Epidemiología del departamento boliviano de Tarija, técnicos provinciales salteños, agentes sanitarios, miembros de la Gendarmeríay bomberos. Del encuentro participaron, además, el ministro de Salud de Salta, Gabriel Chagra Dib, y el intendente de Aguas Blancas,Marcelo Lara Gros.
Manzur informó que durante el encuentro se compartió información y datos epidemiológicos que permiten tener la real dimensión del problema que afecta a la región. “Sabemos que hoy hay muchos países con esta problemática y es muy importante el trabajo articulado entre la Nación, la provincia y los municipios, y que estén presentes los hermanos de Bolivia y las fuerzas de seguridad porque esta es una cuestión que escapa a lo que podamos hacer solos desde el sector salud”.
“La salud no tiene fronteras, por eso son muy importantes las tareas de prevención. Y todos sabemos el vínculo especial que existe tanto entre los pueblos de Argentina y Bolivia como entre los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Evo Morales”, agregó el ministro. La visita a la zona se produjo luego de que la semana pasada Bolivia emitiera la emergencia sanitaria ante la creciente cantidad de casos de dengue reportados en el norte de ese país.
Luego de recordar que en los últimos dos años “los índices larvarios” del mosquito Aedes aegypti, que transmite la enfermedad, “eran más altos”, Manzur indicó que “ahora estamos en el orden del 8 y 10 por ciento, lo que nos ayuda a que no haya circulación de dengue en nuestro país por la menor cantidad de vectores. También sabemos que sólo en este punto fronterizo hay un transito diario del orden de 8 a 10 personas por día, por eso ante el aumento de casos de dengue en la zona boliviana de Beni, donde hay pacientes fallecidos, hemos extremado las medidas de prevención y sensibilización de la gente”, manifestó.
“La migración ayuda a que el dengue se propague”, manifestó Manzur, para luego agregar que “por eso la instrucción de la Presidenta de la Nación es articular y sumar esfuerzos para prevenir esta enfermedad y combatirla en un contexto de coordinación y trabajo conjunto y en virtud de la profunda amistad que une a nuestros países”.
En este sentido, el  responsable de Enfermedades Trasmisibles por Vectores del Departamento boliviano de Tarija, Walter Santa Cruz, valoró como “muy positiva la colaboración entre Argentina y Bolivia”, ya que –dijo–  “compartimos experiencias y hacemos las mismas acciones a ambos lados de la frontera, controlando las enfermedades de manera activa. El entendimiento técnico ha sido tan bueno que inclusive tenemos técnicos que se han ido a capacitar a la Argentina y viceversa”, indicó. En cuanto a las acciones de prevención, Manzur señaló que “hemos reforzado el trabajo epidemiológico en la zona de frontera en un trabajo conjunto con la provincia de Salta y la Gendarmería, que también está colaborando en forma considerable”. Y precisó: “Desde la Naciónhemos hecho un aporte importante en vehículos y evaluado el stock de larvicidas  y abaticidas que se utilizan para prevenir el dengue”.
El ministro de Salud de la Nación llamó a la población de Aguas Blancas a “eliminar los lugares donde se cría el mosquito vector, para lo cual es fundamental la limpieza de los espacios, el descacharrado de nuestras casas”, al tiempo que solicitó a los agente sanitarios “llevar a cabo la vigilancia y detección de todos los pacientes febriles, especialmente en los pasos fronterizos, para detener esta enfermedad, y a realizar el bloqueo de casos si estos fueran detectados”.
Por su parte, el  ministro salteño Chagra Dib dijo que “estamos preocupados por la situación y resaltamos el compromiso de la Naciónde venir hasta aquí para llevar adelante este trabajo conjunto”.
Tras la reunión en Aguas Blancas, el titular de la cartera sanitaria nacional y autoridades de Salud de Salta se trasladaron a la localidad de Orán, donde recorrieron el Hospital “San Vicente de Paul” y el Laboratorio Provincial de Enfermedades Tropicales, que funciona en un anexo de la sede de esa institución, ocasión en la que Manzur anunció apoyo financiero para la reparación de infraestructura y destacó la capacidad del personal médico. (Agencia Paco Urondo)

26.01.2011

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en ARBIA) El ministro de Economía anunció que se derivará fondos al gobierno porteño para que puedan efectuar un plan de viviendas junto al Riachuelo y retomar, así, la problemática de la zona sur de la ciudad. Se destinarán más de tres mil millones para construir más de 17 mil viviendas.

El conflicto del Parque Indoamericano es el emergente de cuestiones más profundas que tienen que ver con el acceso a la tierra, con que se pueda acceder a niveles de empleo para obtener nuevas viviendas", explicó hoy el ministro de Economía, Amado Boudou. Así, y durante una conferencia de prensa que brindó desde el microcine del ministerio, el funcionario anunció la entrega de fondos que permitirán concretar un plan de viviendas en la ciudad de Buenos Aires, destinadas a mejorar la calidad de vida de vecinos que están actualmente a la ladera del Riachuelo y sufren de riesgos de salud por la contaminación ambiental.
"Estamos preocupados y ocupados para cumplir con la sentencia vinculada al saneamiento del Riachuelo e ir avanzando con el seguimiento para que se vayan cumpliendo todas las acciones y no quede relegado una vez más este tema, como ha sucedido en el pasado". "Por decisión de la Presidencia", aclaró el titular de Hacienda se destinarán unos $3.173.413.321 para que en un plazo de 24 meses se realicen las 17.771 viviendas para familias que hoy "tienen un alto riesgo ambiental, social por donde están localizadas".
Boudou destacó, entonces, que mediante esta inversión se podrá "retomar la problemática de la zona sur de la ciudad". Y relacionó a las obras públicas con los derechos de esas personas que luchan por una vivienda propia. (Agencia Paco Urondo)

25.01.2011

 
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, por Leandro Fernández)
La Paco Urondo publicará una serie de artículos en los que se abordará el desarrollo minero en la Argentina. En esta primera, Leandro Fernández da cuenta de los números estructurales del fenómeno.

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Mientras la minería se perfila como la actividad económica más importante en muchas provincias y tiene el potencial de posicionar al país como el gran jugador mundial en el sector hacia el 2020, diversas asambleas ambientales ciudadanas expresan cada vez con mayor rechazo cualquier tipo de explotación minera en sus territorios.
La semana pasada asambleas del NOA y Cuyo realizaron una jornada de protesta contra la megaminería, montando un bloqueo simultáneo de las rutas por donde circulan los camiones que introducen insumos hacia la minera La Alumbrera de Catamarca. Se produjeron bloqueos en la ruta 337, entre Tucumán y Catamarca, en ruta nacional nº 38 en Patquía, La Rioja, en la ruta nacional nº 40 en Cerro Negro, Catamarca y en la ruta internacional argentino-chilena nº 7 en Uspallata, Mendoza. Con esta medida de fuerza, los vecinos pretenden que se conozca la preocupación de la comunidad de las provincias cordilleranas ante el avance de emprendimientos mineros en las regiones Cuyo y NOA.
 
El reclamo tuvo por objeto principal detener a los vehículos que se trasladaban hacia La Alumbrera, e informar a los que circulaban por la zona los males ambientales y sociales de la megaminería. Asimismo, sostuvieron un pedido de anulación de todos los convenios megamineros, la expulsión de las mineras de todo el territorio argentino, la modificación del Código Minero vigente, y reclamaron la sanción de una Ley Nacional de prohibición de la megaminería. En el medio de los reclamos se advierte que la industria devasta las montañas e impide el desarrollo de las economías regionales.  Entre las mayores preocupaciones sobresale el alto consumo de agua  en zonas semidesérticas, donde es un bien escaso.   Las asambleas coinciden en establecer un plan de lucha para quitarle a las empresas mineras lo que se conoce en la jerga como licencia social.
Según un estudio presentado por el programa televisivo Victor Hugo Morales de Bajada de línea, siete de cada diez personas rechazan la actividad minera en las provincias cordilleranas. Los resultados muestran que los encuestados priorizan el cuidado del ambiente por sobre la generación de empleo y se explicita un rechazo a los beneficios impositivos que tiene la actividad, mostrándose a favor de la misma solamente el 17%. Sin embargo, se aclara que el estudio solamente representa una respuesta rápida de la población y que se requerirían estudios más profundos para conocer tendencias y problemáticas especificas.  Los autores del estudio también destacaron la falta de información disponible y la necesidad de profundizar la difusión de datos científicos específicos sobre la actividad.
La controversia puede verse acentuada por la falta de conocimiento y de datos precisos sobre la industria y los impactos ambientales que provoca. Un tema estrechamente ligado al posible impacto ambiental de la industria, es la discusión sobre la distribución de los beneficios económicos. Conocer claramente los beneficios, beneficiarios e importancia estratégica para el país, es algo primordial para evaluar si los impactos ambientales y el uso del recurso hídrico, es o no aceptable como forma racional y equilibrada de desarrollo. Para comenzar una discusión sobre el tema, es indispensable considerar el panorama general de lo que representa la industria para el país.
De acuerdo a los datos de la Secretaría de Minería, durante el gobierno de los Kirchner el número de proyectos mineros creció un 900%, mientras que las inversiones en el sector aumentaron en un 1.100%. De acuerdo con los expertos, el "boom minero" que está pasando nuestro país se relaciona al  contexto de mundial de fuerte demanda de oro, plata y cobre, de cual el país explota  actualmente 12 yacimientos.
Según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), las proyecciones indican  que la Argentina podría convertirse en uno de los tres primeros productores mundiales de plata, uno de los cinco principales productores de cobre y uno de los seis mayores productores de oro, además de liderar la producción de litio, potasio y boratos.
En la actualidad la actividad representa el 4% del PBI nacional, después de un rápido crecimiento en los últimos años partiendo prácticamente de la nada, y se prevé que esta cifra se duplique en los próximos años.
Además, se encuentra en planificación la instalación de 15 emprendimientos de gran escala en el corto plazo, con inversiones por arriba de los $130 mil millones y la generación de 115 mil nuevos puestos de trabajo en el país. Además existen 400 proyectos en exploración.   Solamente los programas de exploración crearon inversiones por arriba de los 400 millones de pesos. En la actualidad el país posee 18 proyectos de gran escala en producción, lo cual posiciona al país entre los países mineros más importantes del mundo.
La actividad se está convirtiendo en un motor del desarrollo del país, especialmente en algunas provincias. La primera cuestión a resolver es con cual criterio y bajo que esquema de toma de decisiones, se podría decidir cuando, como y en qué condiciones los beneficios económicos justifican los riesgos de extraer sus riquezas, y cuando es más conveniente reservar los recursos para el futuro, en busca de otras condiciones económicas, ambientales y sociales. (Agencia Paco Urondo)
 

24.01.2011

Capital Federal (Agencia Paco Urondo)

“Pérez necesita que alguien explique lo que quiere decir, porque no se entiende”, opinó el presidente del Encuentro en la provincia de Buenos Aires, Adrián Grana, respecto a las críticas pronunciadas por el jefe de Gabinete del Gobierno bonaerense, Alberto Pérez. “No se entiende por qué le molesta que apoyemos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que querramos que sea reelecta”, puntualizó el dirigente del partido que conduce Martín Sabbatella y agregó: “Si está preocupado por el triunfo de Cristina debería alegrarle que nosotros apoyemos. Pero es posible que su preocupación pase más por la continuidad de Scioli. De ser así, sería una posición mezquina y especuladora”, consideró Grana esta mañana en declaraciones radiales.

El ministro Pérez había cuestionado a través de varios medios el apoyo de Nuevo Encuentro a la presidenta: “Hay muchos que son oficialistas cuando medimos el 50 y críticos cuando medimos 30”, señaló Pérez en diálogo con un matutino porteño y propuso que Sabbatella vaya a una interna contra Scioli. “Hay que explicarle a Pérez que a una interna van los precandidatos de un mismo partido, no de partidos distintos”, señaló Grana y agregó: “Estamos construyendo una fuerza política autónoma que, sin ninguna mezquindad ni especulación, acompaña el rumbo iniciado por el Gobierno nacional y le pone el cuerpo a la defensa de las principales políticas públicas, sin calcular cuánto miden estas en la opinión pública. Pasó, por ejemplo, con la resolución 125 sobre retenciones agropecuarias, con la asignación por hijo o con la Ley de Democratización de Medios, donde el Encuentro puso el cuerpo y la militancia para defenderlas. Tal vez Pérez no se enteró porque no estaba en la calle ni en los medios defendiendo esas medidas”.
“Lo que no defendemos, ni vamos a defender nunca es a una estructura como la del PJ bonaerense, en la que hay dirigentes que años atrás defendieron con uñas y dientes al menemismo, cuando destruía el empleo, generaba pobreza y destrozaba el rol del Estado”, expresó el presidente del EDE bonaerense y concluyó: “Pérez forma parte de un Gobierno provincial que no resuelve los problemas de la provincia. No está mal que el ministro se dedique a debatir con otras fuerzas políticas como la nuestra. Pero tal vez, debería ocuparse un poco más de sus responsabilidades, a ver si logran mejorar la provincia”. (Agencia Paco Urondo)

23.01.2011

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Argenpress) Vamos a hablar, entonces, del aborto legal. Hay una negación insistente en amplios sectores de nuestra sociedad de los hechos relacionados con el aborto: por un lado el carácter masivo de su práctica, y las consecuencias de la clandestinidad y, por otro, que hay en nuestro país aborto legal, que el aborto no punible (ANP), pertenece desde hace más de ochenta años a las alternativas que tiene una argentina -sin transgredir la ley- frente a un embarazo causado por violación y frente a la amenaza a su salud o a su vida por un embarazo.

Dijimos hace ya seis años, en la declaración inaugural de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el 2005:
La clandestinidad del aborto no impide su realización, aumenta los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres y de toda la sociedad. No queremos ni una sola muerte más por abortos clandestinos”.
Desde entonces, 2.500.000 abortos clandestinos han sido vividos por las mujeres enfrentando la criminalización que las amenaza.
Ya han muerto en ese período alrededor de 500 mujeres.
Hace pocos días se dieron a conocer las estadísticas vitales correspondientes a 2009. La tragedia de la muerte materna vuelve a ser noticia, dice Mariana Romero “(con una tasa de 5,5 muertes por 10 mil nacidos vivos, superior a la del año anterior de 4,0). En primer lugar, porque el número absoluto de muertes maternas aumentó (a 410), no sólo por las mujeres embarazadas afectadas por la Gripe A H1N1 que fallecieron, sino también por las otras causas. En segundo lugar, porque aún si no se consideran estas muertes de mujeres, la razón de mortalidad materna continúa sin mostrar cambios. Y en tercer lugar porque cuando se sustraen las mujeres fallecidas por enfermedades del sistema respiratorio, la proporción de muertes maternas atribuibles al aborto vuelve a alcanzar los niveles históricos (28 por ciento) y es nuevamente la primera causa de muerte materna, como desde hace tres décadas. Los países que han logrado reducir las muertes maternas por complicaciones de abortos inseguros lo han hecho combinando tres estrategias:
• Educación sexual integral, adecuada a cada etapa del ciclo evolutivo, con docentes capacitados y acciones articuladas con otros sectores.
• Programas de salud sexual y reproductiva universales, con provisión de métodos anticonceptivos de acuerdo con la decisión y preferencia de mujeres y varones.
• Ampliación de las causales de despenalización del aborto y mejoramiento de la calidad de la atención de las mujeres en situación de aborto.
Esta última estrategia no sólo la avala la experiencia internacional, sino también el informe Mujeres y Salud: la evidencia de hoy, la agenda del mañana, publicado por la Organización Mundial de la Salud: a medida que los países amplían las causales para que las mujeres accedan a un aborto legal y seguro, las tasas de mortalidad materna disminuyen.”
Esto hace patente una afirmación de Marianne Mollmann en la jornada parlamentaria de discusión sobre el aborto convocada por el presidente de la Comisión de Legislación Penal el 30 de noviembre: la ilegalidad del aborto crea un problema de salud pública que puede ser resuelto por su despenalización y legalización y por el conjunto de estrategias políticas mencionados por M. Romero, transcriptas más arriba. Las mujeres que recurren al aborto en la clandestinidad y la pobreza están privadas no solo de la protección adecuada de su salud, sino del goce de los adelantos tecnológicos y científicos, del acceso a la información, de la seguridad que se proclama uno de los bienes sociales que debe ser amparado por el estado, de una vida libre de violencia, discriminación y tortura, y la lista no termina aquí. Entramado de derechos que forman parte del plexo de los derechos humanos bajo cuyo paraguas nos amparamos y que decimos respetar y promover. Esta es, entonces, una deuda social que debe ser saldada.
En este contexto histórico, hablar solo del aborto no punible es tomar un fragmento cuantitativamente poco significativo de la problemática del aborto en nuestra sociedad. La práctica del aborto se caracteriza por su extendida difusión (alrededor de 500.000 abortos anuales) y por su pertinacia: desde hace tres décadas es la primera causa de MxG (MM) y significa por lo menos dos cosas:
a) que las mujeres no dejan de recurrir al aborto porque sea ilegal
b) que los gobiernos no ejecutan políticas eficaces para disminuir las muertes de mujeres de los sectores más pobres, ocasionadas por la clandestinidad, ni tampoco para el acceso universal a la anticoncepción y la educación sexual integral para disminuir los embarazos involuntarios.<
Esto significa que no se encara este problema como una prioridad política que asegure la vigencia de los derechos humanos de las humanas. Parecería que sí se da prioridad a los derechos de los potenciales ciudadanos y ciudadanas que resultarían de que se pudiera imponer obligatoriamente la maternidad. Es un hecho que la significación de la maternidad se enriquece cuando es libremente elegida por la mujer y no impuesta por circunstancias ajenas a su deseo y voluntad.
El aborto no punible
Voy a tratar el ANP como problema sintomático. No como una excepción, en circunstancias frecuentemente trágicas, a la condena penal y social del aborto, sino como una instancia en la que no se logra solucionar el conflicto ideológico antagónico que se plantea acerca de quién decide sobre los embarazos que se excluyen de la pena en las excepciones del artículo 86 del Código Penal: ¿Será la mujer, el estado, el cura, el médico, el marido si lo hay, la comunidad?
El “quién decide” es el meollo del problema ético del aborto, que hace de la crisis subjetiva que genera un embarazo involuntario (o imposible), una oportunidad de ejercicio de autonomía personal o por el contrario, un acontecimiento que profundiza el sometimiento al orden de género que hace de la maternidad una obligación para todas las mujeres.
Se entiende que el aborto es declarado “no punible” en situaciones extremas:
a) cuando ha sido enajenada la facultad de consentir la relación sexual, como en la violación y también en el abuso deshonesto de mujer idiota o demente, y a consecuencia de esta expropiación, la capacidad reproductiva de la mujer queda a merced de la voluntad violenta del violador o abusador, o
b) cuando el proceso del embarazo amenaza la salud y la vida de la mujer (aquí el Código Penal es muy amplio y no hace ninguna especificación).
Lo que se autoriza en las excepciones de los incisos 1 y 2 del artículo 86 es que la vida y la salud de la mujer tengan prioridad sobre la del embrión o feto que está gestando. Que su derecho a la vida prevalezca sobre el que se podría adjudicar al embrión o feto que está en gestación.
Este privilegio ha sido tradicional en las conductas obstétricas en situaciones de riesgo: se salva a la gestante aun a costa de la vida del feto.
El sentido supuesto de las tres situaciones previstas por el legislador (Vélez Sarsfield, el Congreso de la Nación en las sucesivas reformas) es que el poder reproductivo de la mujer no puede ser usado en contra de su voluntad y su propio proyecto de vida. Que el embarazo y la maternidad no pueden ser impuestos por la fuerza y el sometimiento, y que no puede significar una amenaza para la salud o un riesgo de muerte para la mujer.
Evidentemente, estos supuestos constituyen una fuerte base argumentativa a favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La maternidad debe ser la materialización de un deseo personal de la mujer y no una imposición ajena a su voluntad y a su bienestar. Es un derecho y una vocación posible, no una obligación. Una expresión de creatividad gozosa, no un sacrificio en aras de un mandato heterónomo, ni pretendidamente natural, ni sobrenatural. Esta condición es también un elemento indispensable para la salud de la descendencia, entendida de manera integral: que su llegada al mundo sea un plus de vida para la madre y no un agobio insostenible, sea cual sea el motivo de que adquiera esa significación.
La depresión, la angustia, el miedo, el dolor, el odio, la derrota y humillación de una mujer por una violación, o por la conciencia de que no desea tener un hijx, no solo la afectan a ella: los pagan sus hijxs con la precariedad y el deterioro de su inserción social y subjetiva. (La esclavitud de la madre -de cualquier índole que sea- se transmite a lxs hijxs como resentimiento o ineptitud social. Lo nuevo que implica todo nacimiento no siempre es de carácter angelical y bienaventurado. También la desdicha toma cuerpo cuando el embarazo no consigue captar el investimento esperanzado específico de la llamada “dulce espera”. Es por eso que ya hace muchos años escribí: “no hay “expertos” en la valoración subjetiva de lo que puede resultar mortífero en la situación de una maternidad forzada. El voto de muerte que pesa sobre un embarazo causado por violación no se origina autónomamente en ella, sino que es un efecto de su sometimiento a un poder que la niega como persona. Ella no hace más que transferirlo. Transmite la muerte que le ha sido infligida en una relación actual o pretérita. Cuando un embarazo adquiere para la mujer que lo porta la significación de atentar contra su vida, su integridad y su identidad, la situación se homologa a la violación: irrupción de un cuerpo extraño inasimilable, presencia de un deseo irreductiblemente ajeno y hostil.
Para aceptar un embarazo es necesario poder otorgarle a éste el sentido de trascendencia deseada de la propia sexualidad y la propia vida y no el de su avasallamiento por individuos o condiciones mortificantes. La salud, como la vida, excede ampliamente el campo de la medicina.”
Me interesa señalar aquí que es artificial separar el ANP del aborto en general. El no punible -que antes denominé aborto legal- es el aborto del que se puede hablar porque no está penado por la ley. Sin embargo, muchas veces, lo que se dice sobre el aborto no punible son argumentos ideológicos que buscan restringirlo o impedirlo. Tratándose de la gestión de la reproducción y la sexualidad, se pone en juego y en cuestión los bio-poderes que las ordenan o que así lo pretenden. Entre los cuales algunos grupos corporativos como los médicos y el clero pretenden imponer sus convicciones por encima del Código Penal Nacional. La ley se demuestra insuficiente para despenalizar la conducta condenada por la tradición religiosa, especialmente la católica, que confunde pecado con delito. Las transgresiones ocurren por la omisión de garantías legales que padecen las derechohabientes y no por el lado -siempre sospechoso para lxs agentes de la salud y de la justicia- de las mujeres que desean hacerse un aborto. Es seguro que cualquier mujer que no desea o no puede tener un hijo y queda embarazada contra su voluntad, está en riesgo para su salud y su vida (inc. 1º del art. 86).
Los médicos que se oponen al derecho a decidir de las mujeres argumentan el juramento hipocrático para eximirse de la práctica del aborto terapéutico, reivindicando principios escasamente observados en su práctica cotidiana, con diversas implicancias graves para la salud y los derechos de sus pacientes. Cuando se trata, por ejemplo, de “Velar ante todo por la salud de mi paciente”; el juramento se quiebra en los casos de consulta por un embarazo rechazado. Velan, ante todo, por la vida del embrión o feto (que no es su paciente ni tiene capacidad de serlo) y no les importa tanto la salud de su paciente como no contravenir las presiones de la iglesia local, y/o descartar la amenaza de un juicio por mala praxis que la criminalización del aborto instala como posible. El caso Ana María Acevedo, ocurrido en 2007 en Santa Fe es paradigmático de los costos criminales del fundamentalismo de los derechos del “niño por nacer” como eje de conducción de la atención durante el embarazo. Allí se reveló que sin la mujer que lo haga madurar y nacer, el producto de un embarazo no siempre es un niño vivo. Que nada sino el compromiso de la madre asumida tal, garantiza que un feto nazca con vida, aunque necesite auxilio médico para lograrlo. A su vez, el clero argumenta en contra del aborto -igual si punible que si no- postulando el origen divino de la vida humana, origen que, sin embargo, no los exime de bendecir las armas y las prácticas criminales en guerras y dictaduras, ni de mantener en sus filas a curas condenados por crímenes contra los derechos humanos de prisionerxs ilegales o por abuso sexual de menores, como Von Wernich y Grassi.
La ley restrictiva reduce a la insignificancia el deseo y la capacidad ética de las mujeres para decidir sobre sus embarazos: estos siempre deben ser aceptados. Lo dice el mandato social, que desconoce que en ciertas condiciones las mujeres pueden y desean hacerse cargo de transformar un embarazo involuntario en un hijo, y en otras no.
Involuntario significa que el embarazo ocurre en un cuerpo de-subjetivado por causas diversas y con variable peso de la violencia implicada: pasión sexual, ignorancia, violencia, ineficacia de los MAC, relaciones de poder desfavorables en la negociación del coito y la prevención del embarazo, variabilidad de los eventos hormonales, inestabilidad emocional, carencias materiales. Cuerpo femenino, presa de su biología no asumida como objeto de autocontrol, y presa de una heterosexualidad matrizada en estereotipos de género que naturalizan la violencia. Todas circunstancias en la que el sometimiento a órdenes causales heterónomos, se pena-castiga con el embarazo. El embarazo involuntario se plantea como una crisis subjetiva, pero pocas veces se menciona como acontecimiento traumático. Y lo es en muchos casos, en este momento histórico en que la anticoncepción eficaz forma parte desde hace más de medio siglo, no solo de los recursos, sino también del superyó femenino.
Parecería que a lo único que se le adjudica carácter traumático es al aborto que viene a reparar y detener el efecto violatorio de un embarazo impuesto.
El aborto es la acción de rechazo del embarazo como castigo, la maternidad como destino inexorable, el sacrificio como pauta obligada del comportamiento femenino. Recupera la agencia de la mujer sobre su vida y su sexualidad. Asume responsabilidad por lo que le ha ocurrido y lo que le puede ocurrir. Afirma también que ha tenido relaciones sexuales sin que su objetivo sea la reproducción.
¿Por qué el aborto no punible?
En la experiencia de su aplicación concreta en casos recientes, el aborto no punible enfrenta las mismas dificultades que el aborto provocado clandestino, punible por el mismo Código. Los abortos no punibles que han cobrado estado público son un laboratorio experimental de la relación de fuerzas que se miden en las posturas enfrentadas sobre el aborto: crimen o derecho básico.
Es inquietante que en un estado democrático las instituciones públicas de salud ignoren e intenten esquivar la práctica del aborto no punible, a la que los obliga la demanda de interrupción de los embarazos que cumplen con las situaciones mencionadas en los inc. 1 y 2 del art. 86 del Código Penal.
La ley existente es clara, y, sin embargo, se esgrimen distintas lecturas para no aplicarla. Es decir que la situación real del aborto no punible no respeta la ley.
Ni siquiera cuando es legal (ANP) se valida socialmente la decisión de abortar de la mujer. En el caso de una niña de 12 años violada por su padre en Santiago del Estero, que pedía abortar, se publicó una noticia que advertía: “Hay que probar la violación, no nos olvidemos que hay una vida indefensa de por medio.” ¿La vida indefensa que no se debe olvidar es la de la chica/mujer violada? No, es la del embrión inoculado con odio en el endometrio de una niña que quiere “sacárselo”, para usar la palabra más usada por las mujeres que buscan abortar un embarazo que no cuenta con su deseo de hijo y que la invade con el deseo de muerte de su violador.
“Hay una vida indefensa de por medio.” Paradigma de la judicialización. El no reconocimiento de los derechos adquiridos de una mujer/niña sobre su integridad corporal y sobre su embarazo violatorio como algo que la pone en peligro si no se detiene, interrumpiendo el resultado de la violación.
¿Qué significa esta embestida de los “guardianes-de-la-vida” contra la vida propia de las mujeres o niñas violadas? ¿Que han sido violadas en buena ley? ¿Que la suya no es vida? ¿Que se lo merecían?
El derecho a la vida de los seres humanos requiere la previa humanización de la vida, pasar de la zoología a la biografía. Ese pase, llamado “dar la vida” lo realiza una mujer cuando acepta el embarazo como hijo, como sujeto de una biografía ajena a la propia, aunque originado en ella. Ella no es sustituible. Es la única que puede hacerlo, aunque necesite de otro(s) que la acompañen y la sostengan en su deseo de hijo.
No es vano que cuando hablamos, por ejemplo, del derecho al aborto, nos apoyemos en la práctica masiva del procedimiento: es el suelo de transgresión muda del mandato de maternidad por parte de las mujeres de todas las condiciones, la fuerza social en la que se afirma la defensa de sus derechos.
La prohibición del aborto resulta ineficaz porque hay un sujeto que resiste -muchas mujeres y cada una- que desmienten que sea peor vivir la condena (social o judicial) por el aborto, que la condena de una mujer a una maternidad desdichada. Afirman que es peor ser una mala madre que no ser madre. Es esta posición subjetiva, sostenida por el cuerpo de las mujeres, la que ingresa legitimada al código legal cuando se consigue cambiar la ley.
La transgresión del mandato de maternidad es fecunda cuando una mujer puede incluirse como sujeto de ese acto y reivindicarlo como derecho, incorporarlo a su perspectiva de vida como una decisión posible y que, como todas, tiene consecuencias que tendrá que incorporar a su historia. Incluso poder descartar un aborto tiene otro valor si no se hace bajo el imperio del miedo a morir, o a la sanción penal.
Así, el derecho diseña sujetos que pueden tener otra relación con sus deseos.
Por eso, cuando hablamos de derechos, tenemos que considerar las dos acepciones de este término: como normativa (lo que debe o no debe hacerse, el superyó cultural) y como atributo de ciudadanía que otorga poder para legitimar los actos individuales.
El derecho habla del goce y disfrute de algo, en tanto es o puede ser objeto de apropiación, de posesión. Por supuesto que en este caso (reproducción, sexualidad), ese algo es el cuerpo, “mi” cuerpo, la primera posesión de cada sujeto y las relaciones que ese cuerpo contrae con el cuerpo del (los) otro(s), tal como están organizadas en ciertos discursos que conforman el vínculo social. El derecho es uno de ellos y es siempre relación con otros, construcción cultural, cristalizada pero no inmóvil, representación de los intereses y demandas de los diferentes actores sociales que adquiere diferentes formas según sus relaciones de poder, el desarrollo histórico de las formas de producción y sus correlatos ideológicos. N. Braunstein, psicoanalista de quien tomo parte de esta definición de derecho, menciona el esclavismo, feudalismo, capitalismo, distintas formas de apropiación del cuerpo del otro -curiosamente omite el patriarcado- que es el orden de apropiación de los cuerpos sexuados que atraviesa a todos los regímenes mencionados.
El derecho es el discurso que regula las restricciones impuestas al goce de los cuerpos: el contrato social. Indica qué es lícito hacer con el cuerpo propio y con el de los demás. Son estas regulaciones las que nos enfrentamos cada vez que nuestras prácticas del cuerpo transgreden las normas establecidas y presionamos sobre los límites que han impuesto a nuestro goce, nos “desclasificamos”. Y es a partir de este desorden que se produce el concepto de derechos reproductivos, que surge históricamente de las luchas de las mujeres por su libertad sexual. Cuando se trata de las mujeres heterosexuales que viven según las normas patriarcales, la libertad sexual incluye la libertad reproductiva: derecho a la anticoncepción, al embarazo, al aborto.
¿Por qué hablar de libertad en lugar de derechos? Muchas veces nuestros orígenes quedan en el olvido. El discurso del movimiento feminista pasó del paradigma de la libertad reproductiva al de los derechos reproductivos. Estos derechos son reivindicados a partir de las aspiraciones de libertad de las mujeres y de igualdad entre los sexos (participación en el mercado laboral, acceso a la educación, derechos políticos, etc.), así como del desarrollo de las posibilidades tecnológicas de control de la fecundidad en las sociedades capitalistas más avanzadas (la revolución anticonceptiva, como dice Eric Hobsbawm fue única revolución lograda del siglo XX). También refiriéndose a la difusión del uso de la tecnología de anticoncepción hormonal en los mediados del siglo pasado Geneviève Fraisse, habla del habeas corpus de las mujeres. Y, más tarde, en la década de los 70’s se suman las mujeres de los países postcoloniales como respuesta política al biopoder aplicado al control demográfico fundado en el fantasma neomalthusiano del agotamiento de los recursos del planeta (alimentos, agua, combustibles) por el crecimiento incontrolable de las poblaciones de los países pobres del hemisferio Sur.
Cuando la demanda de libertad sexual y reproductiva es respondida por los gobiernos, se produce ese deslizamiento semántico desde “libertad” a “derechos” y se organizan los límites en los que la sociedad puede negociar el poder de las mujeres sujetándolo a leyes, que permiten y restringen, al mismo tiempo, su libertad. El vínculo social impone sus límites a la acción de los sujetos, en eso consiste la ley. No existe ninguna formación social en la que no exista un orden de derecho que regule el vínculo social: los seres hablantes viven según los diversos discursos que organizan sus relaciones. Acatándolos y trasgrediéndolos.
Desde hace 6 años la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito plantea que el Estado debe garantizar los derechos de las mujeres a la vida, la salud y las decisiones de la maternidad, haciendo accesible el aborto en los servicios públicos de salud.
La consigna del aborto libre, histórica del movimiento de mujeres, que algunos grupos actualmente reivindican, remite en nuestro tiempo, mal que nos pese, a la hegemonía del mercado. La libertad que otorgan leyes democráticas que garantizan la asistencia del Estado para realizar la igualdad entre las ciudadanas es éticamente superior a la libertad del mercado y su ley de la selva. No se construye igualdad en la sujeción a sus leyes. Por eso se postula la legalización y no solo la despenalización: Aborto legal, seguro y gratuito en los servicios públicos de salud. El Estado debe garantizar los derechos de las mujeres y proveer los servicios necesarios para preservar su salud y su vida.
La práctica existente
El ANP previsto en la ley ¿existe en la práctica? ¿O es igual de no punible que los abortos provocados clandestinos? Su no punibilidad ¿depende de que sea provisto en el circuito privado? Tenemos una legislación que 80 años después de su vigencia, no ha generado políticas positivas y consistentes para su implementación, aunque sí políticas de obstrucción: la judicialización fundamentalista y corporativa, y el ninguneo burocrático, que tienen como consecuencia la inaccesibilidad del ANP en los servicios públicos, única cobertura de los sectores más desfavorecidos de la población.
Reiteradamente se presentan proyectos de reglamentación o de reformulaciones para la operatividad de esta ley, que últimamente se ha protocolizado en varias de las provincias y de las ciudades más importantes del país: Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y Chubut. Es permanente la propuesta de re-legislar sobre los ANP -excepcionales- en lugar de legislar sobre la despenalización y legalización del aborto en general.
El tema soporta un debate no saldado sobre el derecho al aborto y una práctica médica y jurídica que no condice con lo que la ley autoriza desde 1921, ni reconoce excepciones a la penalización. Los cambios positivos que se registran a nivel del sistema jurídico en los últimos años, son fallos que responden a los procesos judiciales promovidos por los sectores fundamentalistas católicos, que obstaculizan la realización de los abortos legales, y se apoderan de la representación de los embriones y fetos engendrados por violación. Aportan su deseo, de manera abusiva e impertinente, a la gestación que se desencadena por la violencia en el cuerpo de las niñas y mujeres violadas, a costa de su dignidad de personas. Reclaman el sometimiento. Les exigen inmolarse en el altar de la violencia sexual y el abuso incestuoso. Reproducen la violación.
Mi hipótesis es que el cambio de status legal del aborto voluntario hasta las doce semanas de gestación tiene potencialidad para cambiar la mentalidad y las prácticas respecto del ANP, y no al revés, como parecen suponer quienes postulan que hay que comenzar por reglamentar el artículo 86 del Código Penal.
Que solo excepcionalmente, y en razón de situaciones extremas, las mujeres puedan ejercer el derecho a decidir sobre sus vidas, sus cuerpos y su capacidad reproductiva, hace que ni siquiera tengan soberanía para hacerlo en dichas situaciones.
El derecho al aborto voluntario es un componente fundamental de la ciudadanía plena de las mujeres. Es la materialización de la confianza social en su capacidad de juicio y su poder de tomar autónomamente decisiones éticas que favorezcan los vínculos sociales creativos, cooperativos y solidarios. Es reconocer que el deseo de la madre es -para hijos e hijas- un factor constitutivo de una subjetividad fundada en el respeto de la alteridad del semejante. Un operador humanizante y personificante, imprescindible para poner en el mundo un individuo miembro de un grupo singular y específico, portador y efecto de vínculos vivificantes para sí y para la familia que lo ampara.
Actualmente los avatares de los casos de ANP y las medidas de acción sobre las interpretaciones restrictivas del art. 86, concitan la atención pública y encuentran eco en la prensa, como parte del debate sobre el derecho al aborto que ya se ha instalado en la sociedad.
Extraigo y resumo de un documento de la Campaña de julio de este año: “En el reciente reporte al Comité CEDAW, el Estado Nacional indicó como uno de sus logros que “se elaboró y actualizó la guía de atención integral para casos de abortos no punibles, aprobada por resolución ministerial 1184/2010 del 12 de julio del corriente año”. (…) desde el Ministerio de Salud se desmiente la firma de la resolución. Estos vaivenes no son ingenuos.(…) responden a presiones políticas de los fundamentalismos que se oponen al cumplimiento del derecho a interrumpir un embarazo por parte de mujeres, jóvenes y niñas, contemplados en el artículo 86 del Código Penal (…) estamos hablando de las garantías necesarias para el ejercicio de derechos humanos de las mujeres. Seguramente los “errores” generarán especial confusión en el personal de salud y en la población en general, permitiendo así -por acción u omisión- que se sigan judicializando innecesariamente los casos de aborto no punible. Esos “errores” significan atropellos que no podemos dejar pasar. (…) (Llamamos) a expresarse públicamente ante estos atropellos y a exigir la vigencia de la Guía publicada, en un estado que se presume laico y garante de derechos igualitarios. Asimismo, comprometemos nuestros esfuerzos en seguir trabajando para que se habiliten los debates necesarios en pos de la despenalización y legalización del aborto. Reafirmamos nuestros reclamos de “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
Las políticas públicas necesarias para que el aborto no punible sea accesible a las mujeres que lo demandan en el sistema público de salud y que la ley que fija las excepciones deje de ser letra muerta, se enmarcan en las propuestas que formula Mariana Romero, que consigné al comienzo de este trabajo y que levantamos también en el triple lema con el que formulamos la demanda por la legalización del aborto: Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir. Cada uno de estos tres puntos implica una política pública específica. Y ninguna de ellas puede reemplazar la ausencia de alguna de las otras. Es un trío sostenido por necesidades estructurales de la problemática del campo de la sexualidad, los embarazos involuntarios y el aborto.
Con respecto a los ANP, específicamente, en respuesta al pedido de propuestas de medidas concretas e inmediatas, las que parecen recomendables, son:
- Que se dé carácter de resolución ministerial a la Guía Técnica de atención de los abortos no punibles.
- Que se habiliten a nivel nacional servicios piloto de aplicación de esta Guía, especialmente en las provincias que tienen mayor incidencia de MxG debida a abortos.
- Que se realicen actividades de capacitación sobre derechos reproductivos y sexuales y derechos humanos con los equipos asistenciales que deben implementar los ANP y que estos temas formen parte de la currícula universitaria regular de los profesionales de la salud.
- Que se sensibilice a los profesionales y se difunda al público sobre las causales existentes, en los términos de dicha Guía Técnica
- Que se sensibilice a lxs docentes para detectar abusos y transmitir al alumnado criterios de respeto y autonomía sexual desde los primeros niveles de educación.
- Que se monitoree los casos en los que se aplica la Guía y se investiguen aquéllos en los que, por distintos mecanismos, se niega la práctica solicitada.
En relación al derecho al aborto se juega la democracia y la vigencia igualitaria de los derechos humanos para el conjunto de la sociedad, cuyo nivel de civilización se mide -al decir de Sarmiento- por la forma en que trata a sus mujeres. Para todos y todas, cualquiera sea su orientación sexual y posición social es un baldón insostenible que las mujeres pobres paguen con su vida, su salud y su dignidad, la interrupción de embarazos que no han podido evitar.
El Estado debe garantizar con políticas públicas positivas la libertad sexual, la integridad corporal y el derecho a la vida digna de las mujeres, amenazadas por la violencia sexista en complicidad con la concepción de la sexualidad como una pura escena de la reproducción de la especie y de la reproducción material de la opresión de género.
La autora pertenece al FORO POR LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS. (Agencia Paco Urondo)

21.01.2011

Capital Federal (Agencia Paco Urondo)

La Ciudad Autónoma amaneció con afiches con la consigna "Con Cristina transformamos Capital Federal" y la firma del legislador porteño y dirigente de La Cámpora Juan Cabandié. Semanas atrás, el senador nacional Daniel Filmus había salido con unos propios con la leyenda "Con Filmus ganamos", mientras el ministro de Trabajo Carlos Tomada empapeló con los suyos con el texto "La mejor decisión". Junto al responsable de Economía, Amado Boudou, los cuatro aparecen en la previa como pre candidatos a jefe de gobierno.

El adelantamiento de las elecciones obliga al kirchnerismo porteño a definir rápido cuáles serán sus candidatos. Por el momento, las encuestas le dan mejor a Filmus. En un artículo anterior de La Paco Urondo (ver artículo), se daba cuenta de las opiniones de los encuestadores Ricardo Rouvier y Artemio López. El primero ubicó al ex ministro de educación en la pole, "lejos" de cualquier otra posibilidad. En cambio, Artemio afirmó que todos los candidatos k están ubicados con parecidos números. Ambos coincidieron en sostener que seguramente habrá segunda vuelta, sea o no Mauricio Macri el candidato del PRO. "De no serlo, se acrecentarían las posibilidades k", argumentaron. Mientras se esperan definiciones en el tema, la disputa entre los diferentes precandidatos ya comenzó en las paredes. (Agencia Paco Urondo)

21.01.2011

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) “A los jóvenes hay que sacarlos de la explotación del trabajo infantil; darles oportunidades laborales y de estudios; derechos sociales y participación social y política para construir ciudadanía e integrarlos. Hay algunos que piensan que las cárceles, la marginación, la penalización de la juventud (no sólo del delito) y la represión traen soluciones a los problemas sociales.” Dijo Gastón Harispe, Secretario General del Movimiento Octubres. “En las cárceles se vive la violencia y las injusticias de un sistema que castiga y no reencausa. Ahí se perfecciona el delito y se destruye al sujeto. Los jóvenes menores (ya despojados definitivamente todos sus derechos) serán víctimas de la aberración social de la violencia de los ricos sobre los pobres. Por eso la baja de la imputabilidad a los menores sería una alta injusticia.” Respecto de los motivos del debate actual, sostuvo que “los medios y los políticos representantes de las clases poseedoras y concentradas piden represión a los que no tienen nada. Piden cárceles y no inclusión social.” Como propuesta, el dirigente social sostiene que “Hay que seguir distribuyendo las riquezas y contener la violencia horizontal fortaleciendo y respetando las familias; el trabajo de los mayores, la educación, los deportes y la participación de los jóvenes en la construcción del destino común.”

La Patria existe, la liberación es posible. Prensa: 0221155220383 / 02214661282 (Agencia Paco Urondo)

21.01.2011

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Asteriscos TV) Mientras desde el gobierno de Scioli se admitió un vacío legal para juzgar a menores delincuentes, la Casa Rosada salió a echar culpa sobre jueces.

El ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, reclamó la sanción de "una ley marco" que regule la responsabilidad legal de los jóvenes menores de edad que delinquen. Pero el ministro del Interior, Florencio Randazzo dijo que no hace falta ley alguna porque los jueces cuentan con las herramientas necesarias.Así, el gobierno nacional y el provincial se diferenciaron sobre los caminos que consideran deberían seguirse para afrontar el auge del crimen y el notorio incremento de los delincuentes menores de edad. El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense advirtió que existe "un vacío legal" para contener esta problemática, tras la sospecha de que el crimen de Fabián Esquibel fue cometido por un adolescente de 15 años reavivó la polémica por baja de la edad de imputabilidad. El funcionario pidió que se avance con la sanción de una normativa que regule la responsabilidad legal de los jóvenes menores de edad. "Hace dos años y medio el gobernador pidió el debate de esta ley y lo masacraron pensando que tenía una directriz de derecha o de mano dura. Lo que reclamaba era el debate sobre este tema. Pasaron dos años y medio y todavía estamos discutiendo", afirmó.Pero el ministro Randazzo rechazó la propuesta de bajar la edad de imputabilidad para los delincuentes menores, al señalar que "los jueces tienen hoy todas las herramientas, como para que quienes sean peligrosos, estén entre rejas". "Que no sea imputable no implica que pueda estar en la calle, caminando como si no hubiera pasado nada", advirtió el ministro, en respuesta al reclamo formulado hoy por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Randazzo sostuvo que "lo importante es que hoy existen todas las herramientas legales para los jueces, para que, los que son peligrosos para la sociedad, estén entre rejas". (Agencia Paco Urondo)

 

15.01.2011

 
Capital Federal (Agencia Paco Urondo)

El Rally Dakar, la competencia de rally más importante y exigente del mundo está en Sudamérica por tercera vez. De esta manera, nuestro país vive una vez más un rol protagónico con la partida y la llegada, en la Ciudad de Buenos Aires, de los 432 autos, camiones, motos y cuatriciclos todo terreno que participan de la competencia. Atravesará las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, llegando en el extremo norte del recorrido hasta Arica, en el desierto de Atacama de Chile, uno de los desiertos más extremos e impresionantes del Mundo.
 
Para la secretaria de Turismo de la Nación, la organización del Rally Dakar ha sido definida como la acción de promoción turística más importante de la historia argentina. La masiva participación popular en cada pueblo y rincón de la Argentina y de Chile, demuestra la importancia que el evento tiene en diversos grupos sociales. Sin embargo, más allá de los evidentes saldos positivos y la efervescencia popular y mediática en torno al evento, existen grupos ambientalistas que han realizado fuertes reclamos por los impactos ambientales que la competencia provoca.
Existen varios aspectos por analizar. Por un lado, es necesario hacer una distinción entre los temas relativos a la “seguridad”, que generalmente en las denuncias mediáticas se mezclan con los ambientales. Se han radicado denuncias relativas a las muertes de espectadores y los competidores, lo cual no tiene ninguna relación con los impactos ambientales. Una tragedia humana es lamentable, pero debería ser propia de otras consideraciones que no deberían mezclarse en el análisis ambiental. Esto es embarrar la cancha con un saldo trágico, respecto de una competencia que representa ciertos riesgos para sus participantes y también para sus espectadores.
Retomando la cuestión ambiental, una solicitada de los Trabajadores de la Administración de Parques Nacionales, nucleados en ATE, declara que “representa la impune promoción del estilo de consumo propio del modelo de desarrollo, que está arrasando los ambientes naturales y culturas del planeta, de igual forma que el monocultivo sojero y la minería contaminante como también otras industrias depredadoras que dejan a su paso pobreza y destrucción”.
Estas declaraciones sorprenden por su inconsistencia en cuanto a la denuncia de cuáles son los impactos ambientales específicos, por los cuales consideran que debería suspenderse el rally y inculpan al mismo de todos los males del modelo de desarrollo mundial, lo cual tiene menos consistencia técnica y la misma línea de pensamiento que denunciar a un kiosquero porque vende Coca-Cola, que es el símbolo masivo del modelo de desarrollo del capitalismo.
En otra denuncia, realizada por el Dr. Raúl Montenegro, miembro del Consejo Asesor del INADI y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), se ha declarado que “es una competencia absolutamente colonial, donde vienen a hacer un gigantesco negocio” y sostiene que existen perjuicios de carácter anti-constitucional hacia el pueblo Argentino, debido a que “no se hacen públicos los recorridos, se los entregan a los competidores al iniciar la competencia… las personas que viven en la zona afectada por el Rally primero no pueden ejercer sus derechos constitucionales”.
Los denunciantes remarcan la donación de 6 millones de dólares del estado Argentino y la participación de Gerdameneria, siendo las cuestiones de ninguna manera aspectos ambientales, e inconsistentes también con el reclamo de mayor seguridad para la competencia. También se reclama el hecho de que las autoridades provinciales no hayan realizado evaluaciones de impacto ambientales. “La ley obliga a la empresa a realizar dos grandes acciones. La primera es la evaluación de los impactos ambientales de manera previa a la realización del rally. Tiene que decir cuales son los impactos que se van a producir por el rally y esos estudios son evaluados por cada una de las provincias por donde atraviesa. La segunda etapa, una vez que el rally sucedió, obviamente ha habido impactos ambientales, la empresa tiene la obligación de remediar los pasos que se hubieran producido.” Y el hecho de que en algunos tramos del rally, pasa por adentro de Parques Nacionales.
Si bien es cierto de que deberían realizarse estas evaluaciones, y también que deberían fijarse procedimientos ambientales para una actividad tan especifica y particular como la del rally para considerar temas como los recorridos, es necesario llamar la atención sobre la inexistencia de grandes impactos ambientales como los que se denuncian y se promocionan por algunas organizaciones ambientalistas. La realidad es que la mayor parte de los recorridos en el territorio Argentino son sobre caminos existentes, donde los impactos producidos por el paso del rally son determinados exclusivamente por el aumento de la intensidad del paso de vehículos en el momento de la competencia. En cuanto a las áreas protegidas, es necesario aclarar que muchos parques nacionales y áreas protegidas, tienen caminos en su interior y que no son áreas intangibles, según la legislación. El hecho de atravesar un parque nacional, no constituye en sí un delito.
Los impactos ambientales deberían analizarse sin la subjetividad de las consideraciones anteriores, y la base para este análisis debería comenzar, por ejemplo, por considerar ¿Cuáles fueron los impactos ambientales irreparables y desastrosos de las dos ediciones anteriores? ¿Cuáles son las pruebas, datos científicos, y estudios que demuestran que el rally causa un deterioro inaceptable de los ambientes naturales? Los tipos de impactos ambientales se pueden diferenciar en dos grandes categorías. a) impactos puntuales, que ocurren una vez por un periodo corto de tiempo b) impactos crónicos, que son eventos que ocurren de manera continúa sobre el tiempo.
Los impactos ambientales puntuales deben ser de una magnitud catastrófica, para resultar en eventos que perjudiquen seriamente al medioambiente, tales como un gran demarre de petróleo. El rally es claramente un productor de impacto ambiental puntual.
Pueden verse dañados algunos animales que pasan por el camino, o pueden producirse perjuicios en los animales por el ruido, pero esos impactos no van hacer extinguir una especie, o condenar a la desaparición a una ecosistema. Estos impactos no tienen real transcendencia en relación y en comparación con los impactos ambientales de otras actividades humanas sobre el territorio y sobre los ecosistemas.
En enero del año pasado, después de la edición anterior del Dakar, Mempo Giardinelli publicó un artículo en el diario Página 12 titulado “Es el medio ambiente, estúpidos” en el que se refiere de la siguiente manera “Argentina y Chile, dos países con reconocida distracción ambiental y nulo combate a la corrupción, eran ideales. Y encima, el cholulismo del poder y de los medios les facilita conseguir subsidios estatales, de manera que buena parte del enorme costo lo terminan pagando los contribuyentes depredados.” Sentencia que “los daños son tremendos, porque en los paisajes andinos, como en los desérticos, la vida vegetal y animal está siempre en delicado equilibrio, que se rompe ante el rugido de cientos de motos, autos y camiones, a grandes velocidades y consumiendo miles de litros de combustibles”. Estas son todas las evidencias presentadas, posteriormente Mempo termina cometiendo el mismo error conceptual señalado anteriormente, mezclando, las muertes por accidente, el impacto ambiental de las mineras y otras cuestiones que nada tienen que ver con el rally, con los impactos ambientales , que en ningún caso son presentados en base a datos, pero son tratados como casi como catástrofes humanitarias.
Está claro que nuestro país tanto en el ámbito nacional, como a nivel de las jurisdicciones provinciales, debe mejorar la formulación y aplicación de las políticas ambientales. Sin embargo, demonizar un evento especifico como el rally Dakar, de ninguna manera ayuda a resolver ningún problema ambiental. La verdad, es que si no fuera por el Rally Dakar, mucha gente ni siquiera sabría que existen los desiertos. Muchas personas aún desconocen que en los desiertos y ambientes extremos existe vida natural. Algo importante y transcendente para las futuras generaciones, seria utilizar este evento, para promocionar la importancia de conservar ambientes tan diferentes y atractivos como los que se pueden ver en el rally. Los ambientes desérticos son unos de los ecosistemas más desprotegidos en el mundo, en cuanto a su representación en áreas protegidas.
Entonces, el rally Dakar, lejos de ser una catástrofe ambiental, debería verse como una oportunidad para plantear maneras de valorizar nuestros ambientes naturales y crear procedimientos ambientales que sirvan para proteger nuestro medioambiente natural Argentino. (Agencia Paco Urondo)

13.01.2011

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, por Leandro Fernández) Las primeras semanas de Diciembre de 2010 se realizó en Cancún, México, la COP16 (decimosexta Cumbre de la ONU para el Cambio Climático). En ella participaron delegaciones de los 194 Estados parte de la Convención Marco de Cambio Climático firmada en 1992.

La reunión tuvo por objetivo principal lograr un acuerdo sobre medidas efectivas para reducir las emisiones de gases que provocan el cambio climático. Este acuerdo se esperaba que tuviera lugar el año pasado en la cumbre celebrada en Copenhague, Dinamarca, lo cual no llegó a suceder por las grandes diferencias entre los países desarrollados, particularmente Estados Unidos y las tibias propuestas de la Administración Obama y los países emergentes grandes, como China, India y Brasil y otros países en desarrollo.

Con la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se esperaba que la política internacional en cambio climático sufriera cambios importantes y sobre todo que saliera de la nebulosa en la cual se había desarrollado durante toda la década, en el medio de complejos intereses, lobbies y disputas económicas y políticas de todo tipo, y obstaculizada debido a que  el principal país responsable de las emisiones a nivel global E.E.U.U., es el único país desarrollado que no ha ratificado el Protocolo de Kioto, rechazado enfáticamente por la Administración Bush.
Sin embargo, el cambio esperado estuvo muy lejos de producirse. La administración Obama envío una propuesta sobre Cambio Climático al Congreso de los Estados Unidos, pero los obstáculos puestos en el camino por los Republicanos y los grupos lobistas no permitieron aprobarla antes de la Cumbre Climática.  Después de la derrota en las elecciones legislativas de los demócratas en Estados Unidos, el escenario será aún más difícil para este proyecto de Ley.
Después de innumerables reuniones desde 2007, el proceso de negociación había entrado en un punto de no retorno en 2009 en la Conferencia de Copenhague, en el cual todo el proceso de negociación de la Convención Marco de Naciones Unidas, estaba siendo cuestionado por su incapacidad para el logro de consensos y acuerdos.
Uno de los países que más colaboró para arrastrar a todo el sistema a esta situación, es claramente Estados Unidos, particularmente en la Administración Bush, pero también bajo la nueva administración de Obama. De esta manera, el gobierno de los Estados Unidos, se asegura de no quedar en evidencia como el único país que no tiene intenciones de realizar esfuerzos para reducir las emisiones que provocan el cambio climático.
Por otro lado,  ya en 2007, Al Gore, había denunciado fuertes presiones de grandes empresas petroleras de EE.UU., China o Arabia Saudí para que un informe de la ONU sobre el cambio climático no se publicara. El ex vicepresidente de Estados Unidos, también denunció el gasto de las petroleras para confundir a la gente y ocultar las evidencias. The Wall Street Journal,  un diario de negocios influyente, emprendió por décadas una campaña contra la ciencia del clima, negando las evidencias del cambio climático.  Las grandes petroleras y otras corporaciones forman parte de este juego y han financiado campañas de descrédito de la ciencia del clima.
En 2010 se publicó un libro llamado los “Mercaderes de la duda”, que denuncia el funcionamiento de una central de desinformación científica financiada por lobbies cercanos a las corporaciones de hidrocarburos y otras corporaciones internacionales.  En el libro se presentan evidencias de que algunos de los científicos que hoy reniegan del cambio climático participaron antes en polémicas referidas a los efectos nocivos del tabaco, la lluvia ácida y el agujero de ozono. Lo que se desnuda es que varios científicos se oponen a la regulación gubernamental para detener el cambio climático, porque lo ven como una amenaza a las políticas fundamentalistas del libre mercado.
Otra investigación realizada por Greenpeace reveló que el segundo grupo industrial más poderoso de los Estados Unidos, las Industrias Koch, entregó entre 2005 y 2008, casi 25 millones de dólares a 40 organizaciones que trabajan para negar el cambio climático, desmintiendo las evidencias científicas.   El grupo Koch se inició en los negocios petroleros a principios de siglo, pero hoy se ha diversificado hasta convertirse en una multinacional y a financiar a organizaciones que se oponen a la regulación estatal de las industrias.
En este sentido, la falta de voluntad de los políticos estadounidenses para formular una política internacional en relación del cambio climático, dada su responsabilidad principal sobre el mismo, ya que es por lejos el país que ha sido el mayor emisor de gases de efecto invernadero, no es una novedad en el ámbito internacional, sin embargo, cuando Barack Obama fue elegido presidente, hubo algunas señales esperanzadoras. La estrategia del nuevo gobierno fue negociar con senadores y sectores clave de la industria para generar un acuerdo. Es decir, intentar convencer a los que representan los intereses que se verán afectados por una propuesta en reducción de emisiones. La administración Obama quedo enredada en compleja trama de los grupos de intereses muy poderosos y sin voluntad real de modificar lo que fueron la propuestas anteriores. Esto permite anticipar  un escenario donde la falta de compromiso de EE.UU. en la reducción de emisiones provocará respuestas similares de otros Estados, particularmente de China, otro de los grandes emisores en la actualidad.
En nuestro país, el periodista y escritor Martín Caparrós, acaba de presentar un libro que cuestiona desde un punto de vista político, las negociaciones sobre acuerdos climáticos, después de haber realizado un viaje por distintos lugares del mundo, donde se presume que los impactos del cambio climático serán lo más graves. En su libro “Contra el cambio. Un hiperviaje al apocalipsis climático”, Caparrós declara que es engañoso ver la lucha cambio climático como un "bien universal" , y sentencia que en realidad "se usa la amenaza del cambio climático para acelerar el cambio de paradigma energético", y otra serie planteamientos con dudosa rigurosidad como "la demonización de los combustibles fósiles es un medio para justificar la recuperación de la energía nuclear con la forma básica pese a los problemas ambientales, de seguridad y políticos que lleva aparejados”.
El periodista define a los que luchan contra el cambio climático y sus causas como "conservacionistas melancólicos".  Resulta llamativo que Caparrós no se llegue a preguntar en todo su línea de razonamiento: ¿por qué están haciendo tanto en contra de cualquier tipo de acuerdo climático, los lobbies de las empresas multinacionales y  las sucesivas administraciones de los Estados Unidos? (Agencia Paco Urondo)