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DDHH //// 11.11.2021
La Nación vuelve una vez más con la teoría de los dos demonios

Envalentonada por un crecimiento de la ultraderecha, el diario conservador (foto: Videla junto a uno de los accionistas de La Nación) volvió sobre hechos protagonizados por la organización Montoneros en los años 70. 

Por Paula Viafora

A principios de la semana que termina, el diario La Nación publicó un artículo que da cuenta que un grupo formado por abogados nucleados en la "Federación de Abogados por la Justicia y la Concordia", que en conjunto a otras entidades harán una presentación judicial con la finalidad de reabrir causas contra Montoneros y declararlos delitos de lesa humanidad. Uno de los casos al que apunta esta acción es el atentado al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976.

Esta decisión motiva varios ejes de análisis. Por ello, desde AGENCIA PACO URONDO consultamos a referentes en Derechos Humanos y habituales colaboradores, que se desempeñan en distintos ámbitos jurídicos 

Todos coincidieron en señalar que para la existencia de un delito de lesa humanidad, deben existir ciertas condiciones y en especial, una conducta “sistemática” y “generalizada” de represión hacia un determinado sector de la población. Lo “sistemático” del ataque es posible resumirlo de diferentes variantes: puede originarse en la existencia de un objetivo político; un plan de ataque o una ideología cuyo fin fuese perseguir o debilitar una comunidad; perpetrar en gran escala un acto criminal contra un grupo de civiles o la comisión continua y repetida de actos inhumanos vinculados unos con otros; el uso de significativos recursos públicos o privados, sea militares u otros; o la implicancia de políticos o militares de alto rango en la concepción y ejecución de un plan metódico.

"El régimen u objetivo no necesita que se formalice o se declare expresamente pero ha de poder inferirse del contexto en el que se desarrollan los hechos. En cuanto a lo “generalizado” del ataque, ello está referido a la escala en que se perpetran los ilícitos y al número de víctimas, excluyéndose, en principio, el acto inhumano aislado, cometido por un autor que actúe por iniciativa propia y dirigido a una única víctima", resumió el abogado Carlos Bozzi.

Respecto a la referencia de que el embate se dirija contra una “población civil”, se ha dicho que ello revela el carácter colectivo del crimen, más que la condición de la víctima, por lo que en este contexto por población civil se entiende no sólo a los civiles en sentido estricto, sino también a todos los integrantes de la sociedad atacada.

"Asimismo cabe acotar que también se requiere que el ataque esté integrado a una política de Estado. El concepto está tipificado en instrumentos internacionales: el 'Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional', establece que se entenderá por 'crimen de lesa humanidad', cualquiera de los actos ilícitos antes señalados cuando se cometan '...como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil...' (art. 7°). En el mismo sentido lo encontramos en el artículo 3 del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda”, agregó. 

Por su parte, Fabián Domínguez, escritor e investigador de temas vinculados a la última dictadura, se refirió al por qué de la renovada embestida de La Nación: “Se nota un embate intenso de la derecha y un posicionamiento alarmante de la ultraderecha. Este artículo firmado por Mariano de Vedia, que lo ubica como un representante ideológico del diario sumado a estos abogados que llevarán el tema a la justicia. En los últimos años hemos visto intentos, no solo de reflotar la teoría de los dos demonios, sino el intento del 2x1, aseveraciones  del número de detenidos desaparecidos por parte de funcionarios del gobierno de Cambiemos,  el proyecto de disponer de sitios de memoria como la Esma o Campo de Mayo, etc. Es como un enemigo que se esconde en las sombras y cuando ve una oportunidad salta a luz con algún nuevo intento”, subrayó. 

Los hechos

En sus investigaciones, el historiador peronista Roberto Baschetti recopiló información sobre los hechos que vuelven al centro del debate de la ultraderecha: "La colocación de la potente bomba que destrozó el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, fue introducida en el edificio por un militante que estaba infiltrado y que había entrado durante una semana con un paquete similar pero inofensivo, como prueba. Cuando comprobaron que todo andaba bien, se largó la operación. Era un comedor en el cual todos se trataban con seudónimo. Nunca se escuchaba un apellido. Fue el 2 de julio de 1976. El explosivo, eran 9 kilos de trotyl y 5 bolas de acero accionados por un dispositivo de relojería. La represión acusó oficialmente la muerte de 23 de sus hombres de rango medio o inferior, pero en realidad la cifra ascendió a 42 muertos y más de cien heridos, siendo la mayoría de estos, altos oficiales de la Superintendencia; dedicada como se sabe al secuestro, tortura y desaparición de militantes populares", contó. 

"El ejecutor ajusticiado: José María “Pepe” Salgado. Hijo medio de cinco hermanos, entre dos mayores y dos menores. Nacido el 27 de enero de 1955. Su padre era abogado y su madre docente en Ciencias y profesora de piano. Se crió en un barrio acomodado de clase media, en Olivos, provincia de Buenos Aires. Terminado el secundario y luego de un viaje de mochilero por el norte del país, donde fue testigo de las desigualdades sociales que constataba a diario, “Pepe” Salgado se anotó en Ingeniería para estudiar Ingeniería Electrónica, militando en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) de dicha Facultad. y trabó por medio del trabajo orgánico, cierta amistad con Rodolfo Walsh, lo que le valió empezar a colaborar con éste en el servicio de inteligencia montonero, especializándose en el armado de pasaportes. Ahí era conocido como “Sergio”. Casado y esperando un hijo (de nombre Marcos) que nunca llegó a conocer, fue secuestrado con vida el 12 de marzo de 1977 en Lanús, provincia de Buenos Aires y llevado a la ESMA donde los marinos al darse cuenta de quién era y luego de torturarlo se lo pasaron a los Federales para que consumaran su venganza. Se sabe que estos ciñeron alrededor de su cabeza un suncho de acero para evitar que moviera la misma, con una tenaza oxidada le arrancaron los dientes y luego lo cegaron en vida sacándole las órbitas de los ojos con una cucharita. Para legalizar su muerte, fraguaron un inexistente tiroteo en el barrio de Caballito el 2 de junio del mismo año (Canalejas –hoy Felipe Vallese- entre Acoyte e Hidalgo). Su madre Pepita, (Josefina Gandolfi de Salgado), con una entereza ejemplar fue a reclamar el cadáver y a reconocerlo. Parada, erguida, sin doblegarse, levantó las hojas de diario con que cubrieron a su hijo todo lacerado y en cuyo rostro se traslucía todo el horror vivido en cautiverio", describió Baschetti. 

La derecha acecha

“Es sin duda un ataque político injustificado  y de suma gravedad a una fuerza que desde hace años lleva adelante un proceso de concientización con respecto a la memoria. Se busca generar odio hacia los referentes en Derechos Humanos cuyas luchas han sido reconocidas mundialmente", afirmó Daniela Marino, abogada y miembro de la Comisión de Familiares del Bombardeo a Plaza de Mayo (su abuelo murió en el aberrante hecho), ocurrido en 1955. "No es causal ni inocente el momento en que se intenta imponer este debate en la sociedad. Estas noticias solo demuestran que quienes tienen estas pretensiones no han hecho investigaciones serias sobre los hechos y ejercen la irresponsabilidad de intentar cambiar la verdad histórica. Llama la atención que, cuando estuvieron en ejercicio del gobierno, con todos los archivos y organismos estatales a su disposición, no hayan hecho presentaciones judiciales", ironizó Marino. 

"Como familiares de victimas de algún hecho de terrorismo de Estado, obviamente estas noticias nos duelen y aunque no resisten análisis, nos ponen alertas. Tenemos la enorme misión de seguir investigando, por los nietos que aún no han aparecido, por los juicios que están en curso. Seguiremos confiando en la justicia y trabajando e investigando para que futuras sentencias pongan a más genocidas en el lugar donde deben estar. También nos ocupa el  proceso de traspaso generacional basado en la verdad, para que las futuras generaciones no se dejen engañar por este tipo de publicaciones”, concluyó.