fbpx Bahía Blanca: el fallo de la Corte disparó domiciliarias en serie a genocidas | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
DDHH //// 11.05.2017
Bahía Blanca: el fallo de la Corte disparó domiciliarias en serie a genocidas

Las resoluciones fueron firmadas por el juez López Da Silva, del riñón de Moldes y elegido del macrismo. Los beneficiarios, un militar condenado a perpetua y un acusado de la Triple A. 

Por Diego Kenis

En resoluciones calcadas y con una diferencia de seis días, entre el miércoles 3 y el martes 9, el flamante juez federal de Bahía Blanca Walter López Da Silva concedió el beneficio de la detención domiciliaria a los represores Osvaldo Pallero y Guillermo González Chipont.

Teniente coronel retirado del Ejército y ex miembro de la Agrupación Tropas, a cargo de secuestros y traslados en el V Cuerpo, González Chipont fue condenado a prisión perpetua en el juicio bahiense que concluyó en noviembre de 2015 por los crímenes que tuvieron como víctimas Cristina Coussement y José Luis Peralta. Además, está imputado por otros casos, que lo llevaron nuevamente al banquillo en el debate oral que por estos días se encuentra próximo a finalizar en el sur bonaerense.

Pallero, en tanto, estaba detenido con prisión preventiva desde hacía dos años en la Colonia Penal 4 de Santa Rosa, La Pampa, acusado de una veintena de crímenes cometidos con el sello de la Triple A que en Bahía Blanca lideraban el ex diputado nacional Rodolfo Ponce y el nazi rumano Remus Tetu, que le proveyó la pantalla de un empleo de seguridad en la Universidad Nacional del Sur donde ejercía como rector.

Los dos recientes fallos de López Da Silva repiten que Pallero (74) y González Chipont (75) cumplen con la edad requerida para acceder al beneficio, repasan legislación benigna a adultos mayores y focalizan en los estados de salud de ambos reos, punto en que el juez discrepa con el Ministerio Público Fiscal e incluso con algunos de los peritos médicos oficiales y de parte, que sostenían que los tratamientos para la salud física o psíquica de los detenidos podían cumplirse en las dependencias en que estaban alojados. A González Chipont le otorgó el beneficio pese a que su defensor no consignó el domicilio en que pasaría sus días ni el guardador que se haría responsable por él. Todo indica que el represor disfrutará de un barrio de quintas en Exaltación de la Cruz, un dato que su abogado sí incluyó en un pedido análogo presentado ante el Tribunal Oral que actualmente lo juzga.

En otro orden, López Da Silva también añadió que la concesión de la detención domiciliaria no representa en ninguno de ambos casos un riesgo para la continuidad de los procesos, olvidando que hasta su captura en 2010 el Ministerio de Justicia debió ofrecer una recompensa de cien mil pesos para dar con González Chipont, que permanecía prófugo.

La proximidad cronológica de ambas resoluciones de López Da Silva con el fallo de la Corte que avaló el 2x1 a genocidas de la dictadura no parece casual, y resulta una muestra más de que sus peligrosas consecuencias son también imprevisibles. En este caso, el juez bahiense no debió decidir el beneficio de doble cómputo a los represores peticionantes, que no podían acceder a él, pero sí se basó en una de las argumentaciones expuestas por el voto mayoritario de la Corte al sustentarlo.

Entre la “nueva jurisprudencia” que los escritos calcan entre sí, se copia el párrafo donde la Corte hizo uso del argumento que cierta prensa oficialista simplificó como “no comerse al caníbal”, que tiende a comparar los secuestros, las torturas y las desapariciones de los ’70 con el encarcelamiento de hoy, donde los represores imputados y condenados cuentan con todas las garantías de la ley.

“La mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de derecho”, opinaron los ministros de la Corte en el fallo difundido el miércoles 3. Aunque el texto de López Da Silva en beneficio de Pallero está fechado ese mismo día en su encabezado, el juez bahiense escribió que la expresión del máximo tribunal había sido “dos días atrás”, lo que condice con la fecha en que lo firmó, el viernes 5 de mayo. Pese a las situaciones que expone urgentes, el texto original durmió dos días a la espera de firma, o de un agregado que pudiera ser sustancioso. Menos de una semana más tarde el magistrado volvió a insertar el párrafo supremo, cuando el martes 9 decidió enviar a casa a González Chipont. Ante tales precedentes, la primera pregunta que emerge es cuál será el nombre del próximo beneficiario.

Los primeros fallos del nuevo juez no son incongruentes con su propio perfil. López Da Silva fue secretario del famoso juez rionegrino Leónidas Moldes, representante de la familia judicial en el Consejo de la Magistratura y un cruzado contra la procuradora Alejandra Gils Carbó y todos los magistrados que integran la agrupación “Justicia Legítima”. En 2015, Moldes fue uno de los últimos bastiones de defensa con que contó Néstor Montezanti, el entonces camarista federal bahiense sometido a jury por su condición de espía del Ejército durante la dictadura, las sospechas de participación previa en la Triple A y el maltrato a empleados judiciales, entre otras graves acusaciones.  

Los primeros movimientos de su nuevo titular no contradicen tampoco los antecedentes del Juzgado Federal 1, que por décadas padeció a Alcindo Álvarez Canale, un obstáculo permanente para el avance de las causas hasta su jubilación en 2012. Sólo con los subrogantes Álvaro Coleffi y Alejo Ramos Padilla pudo avanzarse en causas de lesa humanidad.

En el concurso para acceder al cargo, López Da Silva quedó en sexto lugar del orden de mérito tras la prueba de oposición, pero luego saltó escalones sorpresivamente hasta el cuarto puesto. Logró colarse en la terna cuando de ella se excluyó a Coleffi, que tenía las mejores chances de ganar pero los peores antecedentes: él había sido quien se atrevió a indagar al empresario Vicente Massot, encontró al prófugo ex capellán Aldo Vara y comprobó que estaba siendo ayudado por la jerarquía eclesiástica local, en todos los casos en el marco de causas de lesa humanidad. Aquellas decisiones le costaron la carrera: perdió su empleo como secretario judicial y fue excluido de la terna de candidatos que se envió a Mauricio Macri. De los tres nombres que en ella figuraban, el presidente pronunció el de Walter López Da Silva.