DDHH //// 26.11.2015
Bahía Blanca: La Nueva Provincia deberá publicar la verdad sobre crímenes de la dictadura

Así lo resolvió el Tribunal que este miércoles condenó a prisión perpetua a dieciocho genocidas que actuaron bajo la órbita de la Armada. Otros cuatro fueron sentenciados a entre ocho y dieciocho años de prisión. Todos serán destituidos.

Por Diego Kenis
Fotos: Luis Salomón y Rocío Cereijo
Con dieciocho acusados condenados a prisión perpetua y otros cuatro a penas privativas de la libertad de entre ocho y dieciocho años, concluyó ayer en Bahía Blanca el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se ha celebrado en la jurisdicción desde 2011 y el primero desde la victoria en el balotaje presidencial de Mauricio Macri, cuya biografía familiar se cruza con la de algunos protagonistas del veredicto, como ya informó  AGENCIA PACO URONDO.
La causa elevada involucró a miembros retirados y ex miembros de la Armada, la Prefectura Naval, el Servicio Penitenciario, la Policía Bonaerense y el Ejército. El juicio comenzó en julio de 2014, se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS), que supo llamarse “Mártires de Trelew”, y presentó la novedad de ser el primero en la jurisdicción en que se analizaron delitos perpetrados bajo la órbita de la Armada, lo que le dio un sentido especial dada la identidad naval de la ciudad y su aledaña Punta Alta. Así lo leyó también el diario La Nueva Provincia, que saludó el día del veredicto con la publicación de una carta al lector en que la hija del almirante retirado Antonio Vañek cargó contra el juez Carlos Rozanski, desde este miércoles doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata por su ejemplar actuación en causas platenses de lesa humanidad.

Ese claro día de justicia
A las 15 horas y con puntualidad, el juez Jorge Ferro comenzó a leer el veredicto que votó junto a sus pares José Triputti y Martín Bava. Una pantalla gigante reproducía sus palabras a las quinientas personas concentradas fuera del edificio, en la esquina de la avenida Colón y la peatonal Drago.
Desde dos horas antes, los organismos de derechos humanos bahienses habían comenzado con un festival artístico que incluyó los rostros de las víctimas y un muñeco del empresario Vicente Massot, dueño y director del diario La Nueva Provincia e imputado por dos de los crímenes que se examinaron en el debate, los de los obreros gráficos y delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, y por prestar colaboración general y esencial al genocidio a nivel comunicacional, psicológico y filosófico.
Uno a uno, Ferro leyó los nombres de las sesenta y seis víctimas y de los veintidós victimarios y pronunció las condenas a prisión perpetua de los marinos Eduardo Fracassi, Luis Pons, Enrique de León, Oscar Alfredo Castro, Alberto Pazos, Edmundo Núñez, Leandro Maloberti, Tomás Carrizo y José Luis Ripa, los prefectos Luis Bustos, Néstor Nougués, Francisco Martínez Loydi y los miembros retirados y ex miembros del Ejército Óscar Otero, Guillermo González Chipont, Víctor Aguirre, Raúl Domínguez, Felipe Ayala y Carlos Stricker. Stricker y Ayala, sádico guardia del Centro Clandestino al que llamaban “Chamamé”, acumularon su segunda condena a perpetuidad.
Por otra parte, el prefecto Pedro Pila fue sentenciado a dieciocho años de prisión, mientras que el dos veces prófugo Alejandro Lawless, el comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense Víctor Fogelman, famoso por dirigir a desvío la investigación del caso Cabezas, y el ex jefe de la Unidad Penitenciaria 4 Héctor Selaya fueron condenados a ocho años cada uno. En el caso de Selaya, la pena se computará con la de diecisiete años y medio de prisión que le impuso el mismo Tribunal en 2011.
En todos los casos de miembros retirados de las fuerzas, el Tribunal elevó las solicitudes a los Poderes Ejecutivos de la Nación y la provincia de Buenos Aires, a fin de que los condenados sean destituidos, y dispuso que las condenas se cumplan en cárceles comunes. Además, remitió copias de la documentación de la causa a juzgados de La Plata y Mar del Plata, ciudades en que comenzaron o continuaron ilícitos examinados en el debate. Como en los dos anteriores juicios que tuvo a cargo, el Tribunal dejó expresa constancia que los delitos contemplados en el fallo constituyeron crímenes de lesa humanidad y que fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura, cuyo carácter “cívico militar” subrayaron sus jueces.

La hora de la verdad
El fallo conocido ayer, cuyos fundamentos serán publicados el primer día de marzo próximo, incluye también la resolución favorable al pedido de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia para que el diario La Nueva Provincia rectifique la información publicada en 1976 respecto de las muertes y detenciones de nueve víctimas, a las que dio por arrestadas en procedimientos militares o abatidas en enfrentamientos cuando en verdad habían sido secuestradas, torturadas y, algunas de ellas, asesinadas por sus captores de uniforme.
El diario dirigido por Massot tendrá diez días desde el momento en que la sentencia quede firme para publicar la rectificación, que oficiará como “acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” y deberá incluir el relato de lo acreditado en el juicio y la mención de las fechas, páginas y secciones en que se publicaron las noticias falsas en 1976.
El pedido, presentado por los fiscales como un “derecho a réplica colectivo” que las querellas avalaron, buscaba honrar la memoria de las víctimas, caracterizadas como delincuentes por el diario, y asegurar un relato veraz de lo ocurrido a las futuras generaciones, de modo que cuarenta años después cesen los efectos de la “comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra”, como la llamó el propio Tribunal en 2012. Por esos aportes comunicacionales y filosóficos al plan criminal del terrorismo de Estado, que los fiscales consideran “esenciales” y se encontraban tipificados al detalle en reglamentos castrenses, también está imputado Massot en los tribunales bahienses.
Perseverante en su actitud, el matutino no publicó ni una línea del juicio que concluyó a trescientos metros de su redacción y en que se decidió este punto, además de tratarse los casos de los secuestros y homicidios de sus obreros gráficos Heinrich y Loyola, cuyos asesinatos causaron “estupor” a Massot, según él mismo narró a la investigadora del CONICET Ana Belén Zapata, y por los que se encuentra acusado como instigador y coautor.
Bajo el sol vertical de la tarde en la avenida Colón, su muñeco repetía en cambio el rostro circunspecto que el empresario mostró en sus visitas al Juzgado para declarar como imputado. Las banderas de los H.I.J.O.S., el sindicato de Gráficos y distintas agrupaciones políticas tapaban la visual de sus anteojos oscuros. Desde dos grandes retratos multicolores, los rostros de Heinrich y Loyola, con la visual despejada y limpia, lo señalaban con la mirada.
Leer más: veredicto completo (documento)