Diez años sin “Pichón” Escobar: el encubrimiento como política estatal en Rosario

El 14 de agosto de 2015 se produjo la desaparición forzada seguida de muerte de Gerardo “Pichón” Escobar, joven rosarino de 23 años. A lo largo de esta década casi no hubo avances en materia judicial, lo que conlleva al reclamo por la responsabilidad estatal ante un nuevo caso de violencia institucional que se sostiene por su impunidad. La lucha de su hermana Luciana y la relación con otros sucesos similares en estos años en la región. 

Escobar era trabajador de la Dirección General de Parques y Paseos de la Municipalidad de Rosario y asistía a una escuela nocturna. La noche previa salió al casino, luego a un bar céntrico y más tarde al bar-boliche La Tienda, que seguía abierto extendiéndose por demás del horario de cierre legal. A la salida se produjo un incidente con patovicas y policías, grupo mixto que gestionaba la seguridad del lugar y sus zonas aledañas, en el cual “Pichón” fue golpeado, al menos, por Cristian Vivas, según los registros de cámaras de seguridad. Luego fue perseguido por custodios y visto por última vez, por cuatro testigos, entre dos autos. Tras una semana desaparecido, su cuerpo fue encontrado en el Río Paraná.

Una causa sin avances

En un primer momento, dos oficiales, Luis Alberto Noya y Maximiliano Amiselli, y tres patovicas, Cristian Jesús Vivas, José Luis Carlino y César Darío Ampuero, fueron detenidos e imputados. Vivas, además, fue detectado, según una pericia a la antena de su celular, en la región del puerto donde finalmente apareció el cuerpo. La hipótesis familiar es que al joven lo levantó un patrullero que realizaba operativos conjuntos, fue trasladado a la seccional 3ª y, allí, fue golpeado y torturado hasta la muerte, para luego ser arrojado al río. 

Desde entonces los abogados querellantes pidieron que la causa pasara al fuero federal por el involucramiento de fuerzas de seguridad en un caso de desaparición forzada. El pedido fue respaldado por el defensor provincial, Gabriel Ganón, pero fue rechazado inicialmente, tanto por el juez Luis María Caterina como por los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria. En audiencias posteriores las pruebas apuntaron todavía con mayor claridad a la participación de la seccional en el encubrimiento, por lo que la Fiscalía terminó sumándose a la solicitud y el juez declaró la incompetencia de los Tribunales Provinciales.

Casi un año después, el 17 de agosto de 2016, el juez federal Marcelo Bailaque decretó arbitrariamente el sobreseimiento y la liberación de los cinco imputados. El fallo fue revocado dos meses después por la Cámara de Apelaciones y se cambió la figura del sobreseimiento por la de falta de mérito, lo que posibilitó que la causa continúe abierta, pero con los acusados en libertad. En diciembre, Bailaque se apartó tras ser recusado. La Cámara de Apelaciones opinó que el magistrado había considerado en forma aislada y parcial las pruebas testimoniales, además de cometer grandes omisiones. Todo en poco más de un año, pero desde 2017 que los avances del proceso son prácticamente nulos.

El juez Bailaque es señalado por distintos familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos como quien permite la impunidad en casos de violencia institucional en la región, ya que ya se había declarado incompetente en la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco. Con anterioridad, le había dictado prisión domiciliaria a José Javier De la Torre, condenado por delitos de lesa humanidad y luego visto abusando de una menor. Sin embargo, el magistrado revocó la medida luego de reiteradas solicitudes judiciales. Dos años después fue señalado por su accionar en causas de narcotráfico desde el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, avalando traslados de detenidos a lugares más cercanos a la zona de influencia de determinadas bandas delictivas. 

Pruebas de impunidad

El bar-boliche fue clausurado y se supo que muchos jóvenes eran agredidos por los patovicas, incluso que iban a parar a esa misma comisaría, pero nada más. Uno de sus dueños está vinculado al bar Yamper, frecuentado por la banda “Los Monos” y por su líder, Claudio Ariel Cantero, la noche de su asesinato. De esa manera, una primera sospecha por parte de la hermana de Gerardo, y de la familia en general, es la trama de encubrimiento.
 
En paralelo, crecía otra duda: que la fuerza provincial pudiera haber manipulado la cámara de vigilancia que pudo haber registrado el momento en que “Pichón” era subido a un auto. Los abogados querellantes indicaron que el registro visual de un estudio jurídico fue entregado por un oficial, el cual informó en actas que se habían perdido 38 minutos que coinciden con el momento de los hechos.

El uniformado en cuestión era Javier Makhat, ex jefe de Policía de Investigaciones, que fue desvinculado de la fuerza en 2018, tras haber sido encontrado viviendo en un departamento que había sido propiedad de Esteban Alvarado, presunto narco vinculado a un homicidio. Desde la querella habían solicitado al juez Bailaque que cite a declaración testimonial al escribano Pablo Fabián Battagliotti, al policía Germán Sheffer y al secretario de Gestión del Ministerio Publico de la Acusación Leandro Trangoni, por no haber secuestrado para peritar el CPU donde podrían haber estado las imágenes. 

Por otro lado, las declaraciones de los imputados fueron contradictorias. Vivas, a quien tras un allanamiento se le hallaron más de una decena de celulares y un par de chalecos antibalas policiales, dijo que el joven había salido caminando del lugar, a diferencia de lo establecido por pruebas y testigos. A su vez, el informe de Víctor Moglia, perito del Ministerio de la Defensa Pública, observó que el cuerpo tenía una inflamación en la zona genital y un golpe abdominal. Es más, en contraposición a la versión oficial inicial, no había encontrado agua en los pulmones, por lo que establecía su fallecimiento de manera previa. 

En el mismo sentido, no hay registro en la seccional de que aquella madrugada haya habido alguna detención, pero sí fue asegurada por un testigo, ya detenido con anterioridad. De igual manera, la otra sospecha es que otro de los implicados haya usado un vehículo particular para trasladar a Escobar, y luego lo haya llevado a lavar tres veces en un único fin de semana. De esa forma queda establecida la principal hipótesis familiar que sigue, con los años, apuntando a los involucrados ya mencionados, a pesar del encubrimiento.

Apareció en todos lados

A lo largo de esta década Luciana Escobar, acompañada por organizaciones y familiares de otras víctimas de violencia institucional, ha organizado distintas estrategias para visibilizar el estancamiento de la causa. Movilizaciones, festivales y hasta documentales -Pichón, tu huella en la ciudad y Un jardín para Pichón-. También se han llevado a cabo proyecciones sobre diversos edificios, con consignas tales como “lo quisieron desaparecer y apareció en todos lados”. 

En febrero de 2020, Luciana publicó una carta en Facebook para marcar las coincidencias que existen entre el caso de su hermano y el de Carlos "Bocacha" Orellano. Patovicas, fuerzas de seguridad y el Río Paraná otra vez se repetían en una desaparición forzada seguida de muerte. Por último, cabe destacar que, por los diez años de lucha, docentes, compañeros y familiares descubrieron una placa en la Escuela Primaria Nocturna N° 30, donde él se encontraba terminando la primaria, ya que en un aula llevará su nombre.