Bajar la edad de imputabilidad a 13 años ¿resuelve la inseguridad?

El 28 de junio del 2024 el gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de Ley para el nuevo Régimen Penal Juvenil, en la presentación estuvieron el Ministro de Justicia Libarona y la Ministra de Seguridad Bullrich. Este proyecto viene a reformar el Régimen vigente Ley 22.278 que fue sancionado en 1980 por decreto de la dictadura y que con posteriores reformas se estableció la edad mínima de imputabilidad en 16 años, la cual están proponiendo bajarla a 13 años. Y el 5 de mayo se buscará dar dictamen de comisión.

El Ministro Libarona sostiene que la edad debe ser modificada porque es incuestionable que los menores han evolucionado y modificado su capacidad mental, si las leyes les otorga la capacidad para realizar distintos actos jurídicos también comprenden la criminalidad de los actos. Asimismo dice que la estadística muestra que la cantidad de delitos en la que intervienen menores de 16 años se acrecienta año a año. Libarona expresa que los delitos perpetrados por menores hoy quedan impunes y que esta ley viene a otorgarle derechos a las víctimas, además de que la Corte Suprema en el fallo Maldonado del 2005 aconseja reveer la Responsabilidad Penal Juvenil.

Por su parte la Ministra Bullrich sostuvo que vienen a terminar con la impunidad que dejan los delitos cometidos por menores que no tienen ninguna condena y que lo que buscan con las sanciones es que los menores no continúen una carrera delictiva. Que por lo tanto las medidas punitivas son para extraer a los menores de ambientes violentos y parafraseando a Giuliani con “tolerancia cero” al primer delito para que no cometan un segundo delito. Tanto Bullrich como Libarona citan como ejemplo el caso del menor de 15 años que asesinó en Rosario al playero Bruno Bussanich el 9 de marzo del 2024, por encargo de una banda narcocriminal.

Al día de hoy el proyecto presentado por el Gobierno está siendo debatido en cuatro comisiones (Legislación Penal; Niñez, Adolescencia y Familia; Justicia; y Presupuesto), ya van ocho reuniones realizadas y el 12 de marzo de este año fue la última reunión. El debate gira en torno a la edad de imputabilidad, las penas, las medidas complementarias, los plazos de implementación y la estadística. Pero valdría preguntarse también ¿por qué los menores entran en conflicto con la ley? ¿Por qué son cooptados por bandas delictivas? ¿Cómo es la experiencia de los menores que atraviesan un periodo en los Institutos de menores? En las primeras cuatro reuniones se presentó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y 14 proyectos con estado parlamentario.

El proyecto del Gobierno propone bajar la edad imputabilidad a 13 años, que la víctima tenga un rol activo en el proceso, plazo máximo de prisión hasta 20 años, seguimiento a los inimputables, juzgados e institutos especializados, figura del supervisor y la implementación en 180 días. Los puntos más álgidos en el debate fueron sobre la edad, las medidas punitivas e integrales, los plazos de implementación y la estadística que sustenta la emergencia de abordar esta situación.

En relación a la edad de imputabilidad hay un proyecto presentado por el Diputado Alvaro Martinez de la Libertad Avanza que la propone en 12 años, otros siete proyectos en 14 años, uno en 15 años del Diputado Diego Santilli del Pro y tres proyectos que la establecen en 16 de legisladoras de Unión por la Patria. La discusión gira en torno a establecer la madurez cognitiva pero también sostienen que la edad de imputabilidad tiene un criterio estadístico. Por otro lado desde el Gobierno y distintos legisladores hacen mención a que a excepción de Cuba y Argentina, los demás países de la región han bajado la edad de imputabilidad en su mayoría a 12 años. Con respecto a las Convenciones Internacionales que tiene jerarquía constitucional, las interpretaciones van desde que bajar la edad es inconstitucional porque violaría lo que dice la Convencion de los Derechos del Niño, pero desde el Gobierno y algunos legisladores sostienen que la Convención sólo hace recomendaciones.

Desde el Gobierno los funcionarios que presentaron el proyecto en comisión mencionaron que con esta ley vienen a dar respuesta a una demanda social por la inseguridad y la falta de credibilidad en la justicia como sostuvo el Secretario de Justicia Amerio. Según la estadística con la que cuenta la Corte Suprema, desde el 2020 a 2023 los casos de menores en conflicto con la ley vienen en aumento. Por su parte el Subsecretario de Política Criminal Nanzer expresó que los datos de la Corte Suprema expresan la falta de legitimidad en el sistema judicial y que la reiteración delictiva es elevada especialmente en los menores.

Con respecto a la estadística los datos del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires muestra que en el 2009 las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) con respecto a los menores fueron de 28.939 y en el 2023 fueron de 23.846. Esto en principio muestra que en este periodo las IPP del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en Buenos Aires van en disminución, tocando su piso más bajo en el 2020 con 17.988 IPP iniciadas. Lo que hacen los funcionarios del Gobierno es empezar a contabilizar desde el 2020, en contexto de pandemia, para mostrar el aumento de los menores en conflicto con la ley.

En relación a la inseguridad los funcionarios vienen a plantear casos particulares con un gran impacto mediático para sostener la peligrosidad de los menores, lo cual si uno mira la inseguridad objetiva medida en datos estadísticos del 2023, en la provincia de Buenos Aires según el Ministerio Público tenemos que en el Fuero Criminal y Correccional hubieron 1.036.696 IPP y en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil hubieron 23.846. Por lo tanto, en principio, la peligrosidad de los menores es relativa.

Otra mención que giró en lo que plantean desde el Gobierno y en algunos proyectos con estado parlamentario que se presentaron en el debate en comisión, fue que se debe proteger a los menores en conflicto durante el proceso penal. Para eso se plantean medidas complementarias que en la Ley 22.278 vigente no se contemplan. También algunos diputados plantearon que la idea del Gobierno es incluir a los menores en el código penal de adultos. Lo cierto es que se debería revisar el estado actual de los Institutos que tratan con menores en conflicto con la ley y también investigar sobre el origen socioeconómico de los menores que transitan por esos institutos, para reflexionar si la solución solo debe ser de corte legal.

Para justificar la baja de la edad de imputabilidad se recurre a la estadística que expresa a que edad los menores comienzan una “carrera delictiva”, en algunos casos también se apela a que edad la ciencia dice que hay un pleno desarrollo de la conciencia, pero fundamentalmente calculan una media y concluyen que es a los 15 años, por lo tanto bajan la edad imputabilidad a los 13 para abordar el problema antes.

Con respecto a los plazos de implementación, el proyecto del oficialismo propone 180 días, pero hay un consenso en relación a los demás proyectos tratados de que no puede ser menor a 2 años. Vale preguntarse entonces ¿cuál es el estado actual de los Institutos y áreas especializadas en minoridad que ya están implementados, cuando lo que se pregona es el achicamiento del Estado?

Un trabajo publicado en Revista Pensamiento Penal la socióloga Noelia Gutierrez sostiene que existen inconsistencias entre los fundamentos que justifican el proyecto del Gobierno y la realidad que se quiere modificar, no es lógico pensar que el delito juvenil esté poniendo en jaque la seguridad ni que esté creciendo exponencialmente. También pensando en las características de la población que transita en Institutos para menores, en un contexto de corrimiento del Estado, este proyecto es una sobre intervención para con determinado grupo social, jóvenes y pobres. 

En una nota escrita por Rodrigo Morabito Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca explica que estas iniciativas resultan ineficaces en términos preventivos, además de que vulneran derechos y perpetúan un modelo de exclusión. Citando al criminólogo Nils Christie, este sostiene que el castigo se ha vuelto un producto rentable impulsado por intereses políticos, económicos y mediáticos; como también que en relación a estas medidas que bajan la edad de imputabilidad los menores dejan de ser sujetos de derecho y pasan a ser objeto de control.

Hay que esperar a ver cómo resulta el dictamen en comisión y que pasará con los proyectos presentados por otros diputados, pero podríamos preguntarnos si más que venir a resolver un problema, este proyecto no es un “slogan de campaña”. En donde la inseguridad se resuelve con mano dura, combatiendo a las mafias y cargando la culpa sobre los menores por la falta de credibilidad que tiene el Poder Judicial en la opinión pública.

Y por último, el Gobierno emplea un argumento válido al sostener que la Ley 22.278 como fue sancionada por un decreto de la dictadura, debería ser reemplazada por un Régimen Penal Juvenil discutido y sancionado en democracia. Entonces la pregunta sería ¿ese mismo argumento aplica también para la Ley de Entidades Financieras que fue sancionada en 1977? en contexto también de la dictadura cívico-militar.