fbpx Caso Lucas Cabello: críticas al Poder Judicial porque el policía condenado Ricardo Ayala sigue en libertad  | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
Violencia Institucional //// 15.07.2022
Caso Lucas Cabello: críticas al Poder Judicial porque el policía condenado Ricardo Ayala sigue en libertad 

El entonces agente policial de la Metropolitana fue condenado a 16 años de prisión por el intento de homicidio de Lucas Cabello. Su pena fue ratificada por la Casación. Sin embargo, la pena no fue de cumplimiento efectivo. 

Por Juan Borges

A pesar de que el agente policial Ricardo Ayala fue condenado por el Tribunal Oral N° 1 en 2019 a 16 años de prisión por el intento de homicidio agravado del joven Lucas Cabello en 2019, y la pena ratificada por la Cámara de Casación este año, el uniformado continúa en libertad. El fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía General nro. 1, Nicolás Amellotti, – en línea con la querella- había requerido la detención del agente condenado por el delito de “tentativa de homicidio agravada por haber sido cometida abusando de la función policial y por el uso de arma de fuego”.

El abogado de la querella Matías Busso conversó con AGENCIA PACO URONDO sobre la situación del uniformado condenado y sobre los pasos a seguir luego de la que la Sala II de la Cámara Nacional de Casación denegara el pedido de detención del agente. “La Corte debería rechazar el caso, como hace la mayoría de las veces, con el artículo 280. Este es un caso que claramente debe ser rechazado. Una vez rechazado que se haga efectiva la condena”. Además, el letrado sostuvo: “No amerita que la Corte se inmiscuya en el asunto. El juicio fue claro, no hay mucho que discutir en torno al caso. A Lucas le dispararon en tres oportunidades en el suelo y el arma agresora era del efectivo Ayala”.

“A nosotros también nos cuesta explicarle a la familia que Casación confirmó la condena, que es parte de la noticia buena, pero que esta no es efectiva, que sigue en libertad el acusado. Todo esto pone en juego la fortaleza de la familia y el Poder Judicial no tiene en cuenta que el factor anímico juega un gran papel en la salud de Lucas. No están tutelando el derecho a la víctima, ni tampoco están haciendo nada para protegerlo”, desarrolló Busso. En este mismo sentido, se refirió a la decisión de los camaristas de denegar el cumplimiento efectivo de la pena. “El Poder Judicial es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Ayala está en libertad porque estuvo vinculado a la Policía Metropolitana y después a la Policía de la Ciudad. El Poder Judicial a los pibes de los barrios populares o desocupados les dicta la prisión preventiva, poniendo que no van a sujetarse a proceso, pero a los poderosos de cierto poder económico se les respetan todas las garantías”.

El letrado ahondó en los cuestionamientos a la resolución del tribunal del alzada: “Por otro lado, es un poder lento e ineficaz, porque pasaron siete años y debería haberse resuelto hace tiempo y sigue sin resolverse. Frente a ese retardo se excusan, tanto el Poder Judicial en general como la Cámara de Casación en particular. Nadie quiere asumir el costo de encarcelar a un efectivo policial”. A su vez, Busso enfatizó sobre la necesidad de protección sobre el derecho a la victimar: “El poder judicial debe velar por la protección de la víctima y en este caso, que las víctimas son Lucas Cabello y su familia, no tiene una reparación en el sentido integral y sufren el temor de cruzarse con esa persona en cualquier momento”.

Por último, se refirió al planteo realizado por el fiscal que advirtió sobre la posibilidad de fuga por parte del uniformado: “Es cierto, lo planteamos en el escrito también. Podemos decir que ya la condena está firme, se cumplió la garantía del doble conforme y por otro lado Ayala tiene una causa también por falsificación de documentación, por un registro de conducir trucho. Cualquier persona por estas dos causas estaría en prisión”. Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal había puntualizado en su pedido de detención que “el riesgo de fuga en el presente caso debe ser considerado con mayor seriedad, dado que, de concretarse, se vería comprometido el deber del Estado argentino de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones”.