Crimen de Juan Cruz Leal: “Las libertades democráticas están restringidas y los más vulnerables son nuestros jóvenes de los barrios más humildes”.

El barrio San Alberto de Ituzaingó se convirtió en el escenario de un nuevo caso de gatillo fácil. El jueves pasado por la noche Lucas Adrián Gómez, efectivo de la División Especial de Tránsito de la Policía de la Ciudad, disparó contra dos jóvenes que circulaban en moto. Tras ser detenido justificó su accionar alegando que pensó que le iban a robar.

Las víctimas, Juan Cruz Leal y Daniel Enrique Kuhne, se dirigían a jugar un partido de fútbol. El primero recibió impactos de bala en el tórax e ingle, y falleció a la madrugada en el Hospital Güemes de Haedo. Leal era estudiante de Ingeniería Informática y trabajaba como personal trainer en un gimnasio local. El segundo, Kuhne, sufrió un roce de bala en el pecho, fue trasladado al Hospital Posadas y ya recibió el alta médica.

Según relataron distintos vecinos que asistieron a los jóvenes, el policía se mostraba exaltado y pedía a su pareja que revisara a los heridos para ver si tenían armas. Gómez llegó a insultar a los testigos tratándolos de "chusmas". Un vecino incluso debió improvisar un torniquete con su propio cinturón para intentar frenar la hemorragia de Leal.

Los peritos secuestraron dos vainas de un arma de calibre 9 mm y el arma reglamentaria del efectivo, quien estaba de civil junto a su esposa. En las mochilas de los baleados encontraron botines y ropa de fútbol. Gómez fue detenido e incomunicado por orden de la fiscal María Alejandra Bonini, titular de la UFI N°2 de Ituzaingó. La carátula es homicidio agravado en concurso real con tentativa de homicidio agravado, lo que, por su condición de funcionario público, contempla la pena de prisión perpetua.

Durante la indagatoria, el agente se mostró afectado y llegó a quebrarse emocionalmente, aunque optó por negarse a declarar por consejo de su defensa. En paralelo, la Policía de la Ciudad inició el protocolo para su desafectación, mientras la fiscalía analiza las cámaras de seguridad y aguarda los resultados finales de la autopsia para elevar la causa a juicio.

Guillermo Castro, militante de Derechos Humanos y activista contra la Violencia Institucional dialogó con AGENCIA PACO URONDO expresando un análisis de la situación actual.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué características tuvo el caso de Juan Cruz Leal?

Guillermo Castro: Eran dos amigos que iban a jugar al futbol y el policía pensó que lo iban a asaltar y disparó. Los vecinos, cuando vieron la escena y se dieron cuenta que uno de los chicos estaba vivo, llamaron a una ambulancia. Finalmente, uno de los chicos fallece y el otro ya está estable tengo entendido. Hechos como este marcan lo que viene sucediendo con el gobierno de Javier Milei, donde el gatillo fácil y la violencia institucional no dan tregua. En este caso la policía actuó con total impunidad, asesinando a un joven que tan solo se dedicaba al deporte y amedrentó a su otro amigo. Hay una bajada de línea que estimula esos procedimientos.

APU: ¿Cómo ve la situación de violencia institucional desde una mirada nacional?

GC: Están matando pibes todos los días en Buenos Aires, Córdoba y el resto del país. Cuando no, reprimen como está pasando en Mendoza, en la lucha que están llevando a cabo por el agua, o en Córdoba con los docentes. Lo hacen con la complicidad de una justicia que no da condenas ejemplares, sino que avala dichas prácticas. La policía actualmente actúa con rienda suelta y hace lo que quiere.

Otro gran problema que tienen las fuerzas de seguridad son los controles psicológicos, que sólo les hacen cuando ingresan, pero después nunca más. Tenemos casos de que efectivos han asesinado a sus propios hijos o parejas. También hay muchos casos de policías alcoholizados y drogados. Tampoco hay controles en cuanto a lo toxicológico. Se los ve conduciendo en estado de ebriedad y eso genera accidentes y muertes. Sin embargo, en los pocos casos que van detenidos enseguida salen. Muy distinto al tratamiento que tienen jóvenes de origen humilde.

Hay mucha criminalización de la protesta social, persecución y hostigamiento a dirigentes sindicales, como por ejemplo al secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani. En esos casos la justicia actúa rápido, en cambio en lo que es violencia institucional debemos esperar años los familiares. A veces se los absuelve o se archivan las causas. Estamos en una situación en la que las libertades democráticas están restringidas y los más vulnerables son nuestros jóvenes de los barrios más humildes de todo el país.