Brasil: la corporación judicial contra Lula

Por Santiago Gómez - Desde Florianópolis, Brasil

A raíz de la denuncia contra el ex Presidente brasilero Luiz Inácio Lula da Silva, sobre supuesto tráfico de influencia a favor de la constructora Odebrecht, el Instituto Lula, órgano a través del cual el ex mandatario factura sus conferencias en el mundo y del cual se sirve para mantener sus relaciones institucionales, emitió un comunicado sobre la denuncia, en el que se manifestó “sorprendido por la noticia de que el Fiscal Valtan Timbó Mendes Furtado, de la Fiscalía de la República en el Distrito Federal, determinó la apertura de un proceso de investigación sobre un tema que ya venía siendo examinado, en el ámbito propio, por la Fiscal de la República Mirella de Carvallo Aguiar”.

En medio de denuncias de corrupción que parecen haber acorralado al gobierno, en un país donde la política se financia en un 98% por el sector privado, un fiscal de la nación, Anselmo Lopes, presentó una “Noticia de hecho”, algo así como un aviso sobre un hecho, basado en versiones periodísticas de la revista política Época, para que el Ministerio Público investigue. Por sorteo le cayó la "noticia de hecho" a la fiscal Mirella de Carvallo Aguiar, quien desestimo la presentación, explicando que la misma se basaba en “narrativas del fiscal y versiones periodísticas”, que no constituían una prueba de por sí. Sin embargo, dio una prórroga de 90 días para que presentaran pruebas que pudieran sustentar las sospechas de corrupción del ex mandatario.

La alarma activada por el fiscal Anselmo Lopes se debía a los “sospechosos vuelos” de Lula al exterior, quien se sabe que anda dando conferencias por el mundo, promoviendo relaciones con África y aceitando vínculos con los principales organismos internacionales. Razón por la cual descuidó la construcción política de su fuerza en el país. La fiscal pidió informaciones al Instituto Lula, la constructora Oderbrecht, a la empresa de taxi aéreo en la que viajaba el ex presidente, y dio un plazo que finalizaba el 17 de agosto. El Instituto Lula pidió una prórroga para presentar la documentación, la cual la fiscal otorgó, por lo que el proceso finaliza el 18 de septiembre.

En el medio, el 8 de julio pasado, el Fiscal Valtan Timbó Mendes Furtado, ordenó la apertura de una investigación judicial porque el tiempo de prórroga se estaba acabando. Investigación que ordena abrir en una resolución en la que reconoce que no hay elementos suficientes que permitan sospechar de que el ex presidente Lula influyó para que países del exterior contraten los servicios de la constructora. Constructora que es una de las empresas más grandes del mundo, con sobradas denuncias de corrupción, tanto en México como en España.

El Instituto se refirió al procedimiento como “absolutamente irregular, intempestivo e injustificado, razón por la cual serán tomadas las medidas correspondientes para corregir esa arbitrariedad en ámbito propio del Ministerio Público, sin perjuicio de otras acciones jurídicamente correspondientes”.

Según el comunicado difundido en el sitio a través del cual se comunica el ex presidente, Lula nunca fue objeto de investigación informal, tampoco fue considerado sospechoso de cualquier tipo de infracción penal. “El ex presidente es en verdad, blanco de una grave violación por la conducta por parte del Fiscal Anselmo Lopes, por eso está respondiendo al  Correccional Nacional del Ministerio Público”.

El Instituto afirmó que "desconocen las razones por las cuales el fiscal Valtan Timbó Mendes Furtado interfirió, de manera indebida y arbitraria, en el procedimiento que venía siendo conducido por la fiscal titular. Está claro, por lo tanto, que el ex presidente Lula es blanco de un conjunto de manipulaciones y arbitrariedades con el propósito evidente de crear malestar y manchar, bajo falsos pretextos, la imagen del mayor líder popular de este país en Brasil y el exterior" y que "esperan que el Ministerio Público esclarezca al país el por qué de procedimientos tan contradictorios"

El Instituto realizó una cronología de los hechos que llevaron hasta el procesamiento del ex presidente por parte del fiscal Anselmo Lopes, junto con el accionar de los medios de comunicación:

12 de abril: El diario O Globo publica un artículo sobre “vuelos sospechosos” del ex  Presidente Lula a República Dominicana, en abril de 2013, donde realizó conferencias contratadas por la empresa Odebrecht. Aun habiendo recibido de la asesoría del Instituto Lula todos los detalles sobre el viaje, el diario criminalizó un episodio corriente: desde 2011, fuera del gobierno, el ex presidente hizo 78 viajes al exterior, para dar conferencias, recibir homenajes, participar de debates y, principalmente, defender la imagen de Brasil y difundir programas sociales brasileros para colaborar con el combate al hambre y la pobreza en el mundo. En la mayoría de esos viajes, él realizó conferencias contratadas por empresas, entidades privadas y entidades gubernamentales de países extranjeros. Todos los viajes fueron ampliamente divulgados en el sitio del Instituto Lula e informados a la prensa brasilera.

20 de abril: Tomando como base el artículo de O Globo y otras noticias de diarios e internet, el fiscal Anselmo Lopes, de la Fiscalía de la República en el Distrito Federal (PRDF), inició una “Noticia de hecho”. En el texto, de apenas cincuenta líneas, sin presentar prueba o indicio, el fiscal Anselmo Lopes levantó la hipótesis de que el ex presidente Lula “podría”, “en tesis”, “tal vez”, ser sospechoso de tráfico de influencia internacional, “en caso de que se compruebe” que habría recibido favores de la empresa Odebrecht para “supuestamente” influir sobre autoridades de países extranjeros para que contratasen obras de la empresa. En el mismo día, la “Noticia de hecho”, fue distribuida por sorteo. La fiscal Mirella de Carvallo de Aguiar, a quien corresponde decidir por el archivo, apertura de la investigación o pedir diligencias e informaciones para instruir su decisión.

29 de abril: Sin que cualquiera de las partes citadas fuesen informadas y antes de que el despacho llegue a conocimiento público, el periodista Thiago Bronzatto, de la Revista Época, extrajo copia de la “Noticia de hecho” en el protocolo de la PRDF. Sin hacer ninguna referencia al procedimiento que había obtenido, el periodista envió a la asesoría del Instituto Lula preguntas sobre viajes del ex presidente mencionadas en la Noticia de hecho.

30 de abril: En una edición escandalosamente manipulada, la página de la Revista Época en el sitio Globo.com y la edición impresa de la revista, asumieron como verdades las ilaciones infundadas del fiscal Anselmo, con el título “Lula, el operador”. La revista le escondió a los lectores la verdadera naturaleza del procedimiento y trató una mera “Noticia de hecho” como si fuese una investigación “colectiva” del Núcleo de Combate a la Corrupción de la PRDF. Omitiendo deliberadamente el título, la revista manipuló el documento oficial, reproduciendo sólo el sumario de las ilaciones del fiscal Anselmo.

1º de mayo: La mentira de la revista Época comenzó a roer cuando la fiscal Mirella Aguiar declaró a periodistas de O Estado de S. Paulo y de O Globo que no había denuncia alguna contra Lula y que la “Noticia de hecho” traía sólo noticias de diarios que, según ella, no tienen validad de por sí como prueba.

4 de mayo: El Instituto Lula divulga una nota titulada “Las 7 mentiras de la Revista Época”, esclareciendo los hechos y denunciando la manipulación editorial. La revista, además no publicar nuestra respuesta, jamás se preocupó de responder o señalar algún error en el texto.

6 de mayo: El abogado defensor del ex presidente Lula y del presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, solicita una audiencia a la fiscal Mirella Aguiar y presenta espontáneamente dos esclarecimientos sobre las actividades del ex presidente en el ámbito del Instituto y como conferencsta contratado por medio de la empresa LILS Palestras y Eventos Ltda.

18 de mayo: Finalizado el plazo inicial de 30 días  para decidir sobre el encaminamiento de la “Noticia de hecho”, la fiscal Mirella Aguar, en despacho, afirma que no hay elementos suficientes para la apertura de la investigación. “Los pocos elementos contenidos en los autos –narrativas del representante y de la prensa desprovistos de soporte probatorio suficiente- no autorizan la instauración de inmediato de investigación formal contra el representador”, escribió la fiscal. En el mismo despacho, ella prorroga el plazo de decisión por 90 días (o sea, hasta el 17 de agosto) y solicita informaciones del Instituto Lula, la empresa Odebrecht, de la Policía Federal, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del BNDES, de la empresa Líder Taxi Aéreo y otros, para instruir su decisión.

8 de junio: El Instituto Lula solicita la extensión de 30 días de plazo para la presentación de las informaciones.

19 de junio: La fiscal Mirella Aguiar, en despacho, prorroga nuevamente el plazo para diligencias y recepción de las informaciones. (Por lo tanto, hasta el 18 de septiembre).

8 de julio: El fiscal de la República Valtan Timbó Mendes Furtado, en resolución, inexplicablemente determina la apertura de un expediente de investigación criminal, aun presentando como únicas razones: a) “el tenor de la “Noticia de hecho” y b) “la inminencia de la finalización del plazo”, pero también considerando la insuficiencia de elementos para la formación de la opinión deliciti. Nótese que el tenor de la “Noticia de Hecho” ya había sido descalificado por la fiscal Mirella Aguiar –motivo por el cual había solicitado nuevas informaciones. Y nótese  que el 8 de julio faltaban 40 días para la finalización del plazo establecido en la primera prórroga y 60 días para la finalización del plazo establecido en la segunda prorrogación.

9 de julio: Dentro del plazo establecido y sin tener conocimiento de que el proceso había sido literalmente atropellado por otro fiscal, el Instituto Lula presentó en la PRDF el documento con las informaciones solicitadas por la fiscal Mirella.

16 de julio: Informaciones incompletas y distorsionadas se infiltran anónimamente a Globonews, que, sin escuchar al Instituto Lula, divulga una versión incorrecta de que “fiscales” habrían determinado la apertura de una investigación contra el ex presidente Lula en el ámbito de la PRDF.