¿Dónde está Jorge Julio López? 14 años sin respuestas 

Por Diego Moneta 

El 21 de agosto de 2003, el Congreso de la Nación, específicamente el Senado, convertía en ley la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían el juzgamiento de responsables de delitos de lesa humanidad. A partir de entonces, algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales los indultos otorgados, que habían sido decretados por el expresidente Carlos Menem. En 2006 la Cámara de Casación Penal y en 2010 la Corte Suprema de Justicia ratificaron dichas sentencias. 

El primero de los juicios reabiertos fue el de la causa contra Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del jefe policial provincial, Ramón Camps, durante la última dictadura. En ella declararía, durante la instrucción en 2005 y el juicio oral en 2006, Jorge Julio López, militante peronista y albañil.  

Ya en 1955, posterior al golpe de estado llevado a cabo por la denominada “Revolución Fusiladora”, López debió dejar la localidad de General Villegas, debido a la persecución contra el peronismo. Se instaló en Los Hornos, un barrio de La Plata. Allí se acercó a la militancia barrial, cooperando con la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre”. En octubre de 1976, fuerzas bajo el mando de Etchecolatz lo secuestraron junto a otros militantes. Luego de pasar por varios centros clandestinos de detención fue liberado en junio de 1979.   

La segunda desaparición de Jorge Julio López 

La primera vez que López pudo contar su historia fue ante jueces de la Cámara Federal de Apelaciones, durante los Juicios por la Verdad de La Plata, a fines de la década del 90. Allí retrató detalladamente su secuestro, las torturas y demás delitos de lesa humanidad que sufrió y presenció, además de los diferentes centros clandestinos en los que estuvo, como es el caso del Pozo Arana, donde años después se encontrarían restos calcinados en los lugares donde él afirmaba.    

En junio de 2006 tuvo otra oportunidad. Guadalupe Godoy, parte del colectivo Justicia YA que representaba a López, en diálogo con APU, busca desmitificar la idea que se instaló en los medios de que era un testigo clave. “La dimensión del genocidio que hubo en nuestro país y el rol de Etchecolatz en la cadena de mando policial hace imposible que alguien sea un testigo clave”, plantea. A su vez, agrega que su testimonio “iba más allá de la responsabilidad jerárquica de Etchecolatz, al situarlo en los secuestros en Los Hornos” y que para las familias de esos militantes fue de un enorme valor.  

Casi tres meses después era el día de los alegatos, pero el 18 de septiembre es recordado por la segunda desaparición de Julio López. La última persona que lo vio fue Abel Horacio Ponce, expolicía y vecino. “Desde el momento de su ausencia al juicio ya todos sabíamos que se trataba de una desaparición forzada, incluyendo el gobierno provincial de Felipe Solá”, comenta Liliana Mazea, también parte del colectivo y entrevistada por APU. “Si López no estaba no teníamos poder para alegar por él y así se reducían las voces. Yo tenía que alegar por genocidio, y otra compañera realizar el pedido de pena, partes imprescindibles e indelegables para nosotras. Se tuvo que interponer allí un recurso y nos admitieron a todos alegar. Etchecolatz no se salió con la suya”, completa Mazea.  

“Fue algo inimaginable para quienes estábamos participando de ese juicio, y para toda la sociedad creo que fue intolerable. López es la certeza de porqué hay que hacer los juicios. A partir de ahí, la reflexión sobre la necesaria democratización de las fuerzas de seguridad, que creo que con lo que pasó el otro día, y cotidianamente, tenemos también la certeza de lo necesaria es”, apunta Godoy. 

Al día siguiente, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, presidido por Carlos Rozanski, acompañado por Norberto Lorenzo y Horacio Insaurralde, condenó a Miguel Etchecolatz  a reclusion perpetua por crímenes de lesa humanidad “cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en Argentina entre 1976 y 1983”. La lectura de la sentencia se interrumpió por una lluvia de pintura roja, que alcanzó al represor antes de que se retirara entre los gritos de “asesino”.   

Era su tercera condena por delitos durante la dictadura. Por la primera se amparó en la ley de Obediencia Debida, y por la segunda gozaba de prisión domiciliaria, hasta que le fue revocada cuando le hallaron un arma de Fabricaciones Militares en su casa. A finales de 2017 le otorgaron el beneficio nuevamente por un peritaje médico considerado parcialmente por un tribunal. Sin embargo, tras el reclamo de vecinos y organismos de derechos humanos, en marzo del año siguiente volvería a la cárcel de Ezeiza.  

La causa estancada  

El Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Manuel Blanco, hasta su muerte en 2014, fue el asignado para investigar la desaparición de Jorge Julio López. Durante los primeros meses, la causa fue caratulada como desaparición simple y la Policía Bonaerense fue la encargada de la investigación.  

Sin embargo, desde el primer momento los organismos de derechos humanos denunciaron la participación de miembros activos o retirados de dicha fuerza. En mayo de 2008 se cambió la carátula a desaparición forzada y la Bonaerense fue apartada. La sospecha se incrementó en octubre de 2014 cuando Etchecolatz fue condenado por delitos cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha. Durante la lectura dela sentencia, un fotógrafo capturó como el represor sostenía un papel donde se leía escrito a mano "Jorge Julio López" y, desde otro ángulo, “secuestrar”.  

En 2008, la esposa de López y sus hijos presentaron una denuncia contra jueces, fiscales y abogados por no haber tomado medidas preventivas para evitar su desaparición. La sentencia que indicaba la inexistencia de delito y el sobreseimiento de las personas implicadas, sin ser llamadas a indagatoria, fue ratificada en dos oportunidades.  

“Esa denuncia fue muy dolorosa, pero como colectivo tuvimos la capacidad para poder entenderla en su contexto y sobrellevarla”, rememora Godoy. “Sus familiares fueron guiados por senderos litigiosos contra los que justamente tampoco tenían ni tienen resguardo contra todos los que con su poder residual o activo tienen intenciones de que los juicios no prosigan”, afirma Mazea.  

En septiembre del año pasado, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata comenzó el entrecruzamiento de más de cinco millones de llamadas telefónicas y el cotejo de varios cuerpos NN. A pesar de las sospechas sobre el entorno de Etchecolatz, policías que fueron sus subordinados y un sector del Servicio Penitenciario Bonaerense, la causa está en un punto muerto hace años sin pruebas concretas.  

En su análisis de esta investigación en particular, Godoy plantea que “desnudó las deficiencias que hay en nuestro país para llevar adelante una causa tan compleja, las enormes resistencias para meterse en algunas cuestiones que tiene el poder judicial, y los límites que tienen a veces las voluntades políticas cuando aparecen estas situaciones”.     

Sin López no hay Nunca Más 

“Con esa consigna inauguramos la más extrema de las exigencias ante las continuas amenazas que sufrieron y continuaron haciéndolo testigos, jueces y abogados querellantes, como intento de impedir la iniciación y prosecución de los juicios orales que llevarían a la condena irremediable a los genocidas de turno”, comenta Mazea.  

Tras la desaparición de López, el Ministerio de Justicia creó el Programa Verdad y Justicia, destinado al seguimiento del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en su conjunto.“Tiempo después, el juez Arnaldo Corazza cita a una compañera sobreviviente, le dice que era la testigo clave del juicio Arana, y le propone custodia. El colectivo respondió que lo que hacía falta era que vigilen a quienes quieren y pueden detener el avance de los juicios”, recuerda Godoy. “Creo que nuestro pueblo ha demostrado que quienes reivindican el genocidio y buscan impedir el juzgamiento son los menos, entonces es a ellos a quienes hay que vigilar. No fue fácil sostener esa postura, pero creo a la distancia que fue la correcta” agrega.       

Siguiendo esta línea, el juez Rozanski indicó en su momento que “es una responsabilidad seguir haciéndolos, no sólo desde la Justicia, sino también desde el poder político. Es un problema de Estado, es una necesidad de millones de personas que necesitan y necesitamos conocer la verdad para hacer justicia y cultivar la memoria”.  

Como cada aniversario, la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada concentrará para marchar en Plaza Moreno, frente al palacio municipal donde se realizó el juicio en el que declaró López. También se realiza un acto y se planta un árbol en la plazoleta que lleva su nombre en Berisso. En ciudades atravesadas por el genocidio y las desapariciones en democracia, como la de Miguel Bru, el impacto de los hechos es evidente.  

Luego de 14 años, la definición que alguna vez mencionara Adriana Calvo, referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, es la que más se adecua: “La causa por la desaparición forzada de Julio López es un monumento a la impunidad”. Y la pregunta continua: ¿Dónde está Jorge Julio López?