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Violencia Institucional //// 19.02.2016
Toma en Merlo: crónica sobre todo lo que falta

Miles de personas ocuparon un predio en procura de un lugar para vivir. Fueron desalojados por la policía, única institución estatal con la que se toparon en todo este tiempo. 

Por Rodrigo Lugones
Un atardecer naranja tiñe el cielo de Pontevedra, mientras una lejana columna de humo dibuja una estela negra de smog sobre el barrio Nueva Esperanza, en Merlo. La humareda trae el recuerdo de los incendios producidos, intencionalmente, el fin de semana.
En una esquina, un cartel agredido por el óxido, la lluvia y el paso del tiempo, deja leer una leyenda gastada: “Aquí se construirán 340 viviendas del Plan Federal…”. Detrás del cartel, la realidad.
Un grupo de nueve casas, a medio terminar, del mencionado plan, tiznadas por el hollín y los rastros que deja el fuego, cuando arrasa, se observan asaltadas por los ocupantes ávidos de  chapas, o cualquier otro recurso para poder ampliar o levantar una vivienda nueva en algún sector del asentamiento. Mientras tanto el sol se esconde, lentamente, entre la angustia y la velocidad.
Las parcelas, cuidadosamente divididas con cercos de paja y madera, la creación de calles y pasajes al interior del predio,  la bajada de electricidad con un tendido de cables y postes por cuadra (sospechosamente inventada), el nacimiento de un mercado popular paralelo (con quioscos o almacenes improvisados en casillas que proveen, a vecinos y vecinas, de bebidas y alimentos), así como una variada oferta de servicios, (“Se corta el pasto”, puede leerse en carteles escritos, de puño y letra, ubicados en las entradas de cada ranchito), hacen pensar en un sistema de desarrollo y organización social precario pero avanzado – aún en los sectores sociales más golpeados hay vestigios del desarrollo de un mercado interno posible.
En el corazón del asentamiento, ya lejos de la ruta provincial 1003, aparecen datos extraños que la realidad presenta, sin ser muy consciente de lo que nos está mostrando. Una Ford Eco Sport, asoma, por detrás de una casilla desvencijada, dos casas más a la izquierda, una camioneta Renault Kangoo, estacionada, vigila dos parcelas. La escena se repite, por lo menos, diez veces (las casas son miles, literalmente, la extensión del predio puede pensarse como el equivalente a 4 estadios de River Plate).
Conviven, allí, en ese lugar “maldito” que los medios masivos llaman “La Toma”, familias muy humildes que pelean por garantizar un hogar para sus hijos, oportunistas usureros que esconden opacos intereses inmobiliarios, sectores que se dedican al narco menudeo y punteros políticos que responden al ex intendente de Merlo, Raúl “Vasco” Othacehé (quien aprovechó el contexto de necesidades sociales insatisfechas, que él mismo desatendió, para golpear a sus adversarios políticos y mostrar su capacidad para generar caos social).
Mientras se observa una cantidad incontable de construcciones precarias (improvisadas, al ritmo de la desesperación, con láminas de latex, pales de madera, bolsas negras de residuos, chapas, y tela de arpillera), sobreviene la pregunta por los orígenes de la propiedad privada y la división social. Aunque, lejos de ser políticamente correctos, los primeros esbozos de la respuesta, suenan razonables. ¿Si no existe una solución al conflicto por la tierra y miles de personas viven en situaciones de extrema pobreza, es ilógico que intenten procurarse una vivienda, usurpando un predio que no cumple otra función que la de basurero local? ¿Si un interesante Plan de Viviendas no fue terminado porque los fondos se diluyeron en el agujero negro de la “burocracia local”, y la política no pudo resolver una necesidad real, no es entendible que se busque satisfacer una demanda legítima, utilizando canales que pueden no ser los mejores, pero sí resultar eficaces? ¿Es posible que la única presencia del Estado sea en su faceta de control y regulación por medio del monopolio de la violencia, es decir, la de la fuerza pública?
El desgraciado y, por supuesto, horriblemente injusto asesinato de Oscar, un niño de 8 años que vivía a pocos metros del predio tomado, que estaba jugando en la calle cuando quedó atrapado en el fuego que abrió un grupo, señalado como narco por los familiares de la víctima,   ayudó a que fluyan, junto con la lógica necesidad de buscar justicia, el racismo y la xenofobia, latentes desde el inicio de La Toma, allá por octubre del 2015.
Un nivel de complejidad superior se agrega al tema en cuestión. No está presente aquí el conflicto entre dos clases sociales opuestas. No hay disputa entre capital y trabajo, sino, contradicciones al interior de las clases populares. La vieja y conocida disputa de pobres contra pobres (aquellos que, por diversas razones - que no analizaremos aquí-, pudieron asegurarse vivienda y trabajo dignos, y quienes, por otras razones -también muy complejas- no tuvieron esa suerte).
Un sentido común social reaccionario fue cocinándose a fuego lento (aprovechado por sectores que lo fogonearon, incesantemente) a medida que avanzaban los días y la toma no encontraba resolución. Los vecinos de los barrios que rodean al predio pedían, también incesantemente, un desalojo urgente. Algunos sectores intentaron canalizar estos reclamos creando perfiles en Facebook que exhibían mensajes verdaderamente despreciables como “Saquen ya a esta lacra” o “Qué esperan para reprimir a estos negros”, entre otros. Lo lamentable es que construyeron un consenso real con una base social popular.
Arrastrados por la bronca y la impotencia (la razón no suele protegernos en la conmoción que despliega la injusticia), un grupo de vecinos promovió una quema en el predio. Una serie de antorchas incandescentes, que no podemos precisar quién proveyó, fueron utilizadas para quemar las pocas casas construidas del Plan Federal. Lo único que pudo frenar que la escena se repita fue el pedido expreso de la familia de Oscar, que no quiso que a la violencia ya vivida, se le sumara más violencia.
Hoy las pantallas nos muestran cómo, en un operativo que desplegó más de 1000 policías, helicópteros y topadoras (que confunden a narcotraficantes con padres y madres de familia que buscan una vivienda digna) arrasaron con un gran porcentaje de viviendas instaladas, de manera ilegal, en el predio que comienza a la vera de la ruta provincial 1003 y es la frontera invisible entre Merlo y La Matanza. A media mañana, un fiscal frenó el desalojo, logrando que se acate la resolución del Juzgado de Garantías Nº 4, que prohíbe por 180 días cualquier tipo de desalojo, e insta a las partes a resolver el conflicto a partir de la gestión política.
Al parecer, sobre las ruinas de una política social herrumbrada por la corrupción estructural local, se tejió la compleja red de las deudas pendientes del Merlo que duele. La demanda real de acceso a la vivienda, desatendida, hoy genera las condiciones para lamentar muertes, y la explosión de un conflicto social que no encuentra más solución que el desalojo por vía violenta.
Como nos lo recuerda una, hoy dolorosa, canción: Queda todo lo que falta.