fbpx Muerte en comisaría en San Clemente del Tuyú: la violencia policial bajo la lupa | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
Violencia Institucional //// 30.11.2021
Muerte en comisaría en San Clemente del Tuyú: la violencia policial bajo la lupa

Tras trascender el caso de Lucas González, se conoció en la ciudad costera el homicidio Alejandro Nicolás Martínez, ocurrido dentro de una celda en un destacamento de la Policía Bonaerense.

Por Paula Viafora

El 21 de noviembre pasado un nuevo caso de homicidio a manos de agentes policiales generó conmoción social. La muerte de Alejandro Nicolás Martínez, ocurrida dentro de una celda de una Comisaria en San Clemente del Tuyú puso bajo la lupa de la Justicia a efectivos de la Policía Bonaerense. La autopsia determinó que Martínez murió por “asfixia mecánica” y que recibió numerosos golpes en distintas partes del cuerpo”. Los agentes intentaron instalar una versión sobre una supuesta "muerte natural" sin embargo la Justicia avanzó e imputó a los agentes Christian Rohr, Maximiliano Munche y José Carlos Pereyra por "homicidio agravado por ser cometido por un miembro integrante de la fuerza policial, abusando de su función y de tortura y abandono de persona seguido de muerte". Además, de endilgarle a los uninformados Paola Mansilla, Carla Cantranella, Evelyn Garófalo, Miguel Boulos, Sandro Mujica y Laura Chiarullo su responsabilidad en el crimen en calidad de "partícipes necesarios" del homicidio, por el delito subsidiario de “omisión de evitar tortura, incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte”.

La sociedad no había podido procesar aun el asesinato del joven Lucas González, en manos de la Policía de CABA, dos días antes, cuando irrumpió la noticia. Organismos públicos como la Dirección de Derechos Humanos del Partido de la Costa, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, tomaron inmediata intervención a través de la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional y la Dirección de Asuntos Jurídicos de Personas en Situación de Encierro y desde donde informaron que “al tratarse de una muerte en contexto de encierro que podría ser causada por actos u omisiones de agentes del Estado en violación a la obligación de respetar el derecho a la vida, se solicitó ante la Fiscalía el pleno cumplimiento de la normativa referida a la violencia institucional, y se ajuste la actuación fiscal a los principios que garanticen el estándar máximo en materia de Derechos Humanos".

Además, diversas organizaciones de Derechos Humanos no estatales manifestaron inmediatamente su repudio. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura, se presentó como particular damnificada institucional en la causa. La muerte presente en episodios poco claros en los que interviene la policía no es novedad. El antecedente público más reciente, sin resolución aún, es Facundo Astudillo Castro, desaparecido durante 107 días hasta que se encontró su cuerpo sin vida.

Estos casos son la evidencia en superficie de un sistema fuertemente cuestionado, que no da respuesta a la demanda social por seguridad y que está colapsado. Basta recorrer los datos estadísticos relevados y publicados por la Comisión Provincial por la Memoria, sobre la Provincia de Buenos Aires, actualizados a octubre de 2021: 4762 personas están detenidas en comisarías, lo que implica una sobrepoblación del 263%. De esas dependencias, sólo el 49% tiene calabozos habilitados para alojar personas, lo que implica que muchos detenidos no cuentan con lugar para dormir.

En este marco, durante 2020 murieron 20 personas en comisarías y en lo que va del 2021 se registran 18 fallecimientos y a la misma fecha hay 86 muertes registradas por el uso de la fuerza policial. 120 dependencias policiales se encuentran clausuradas por defectos serios de infraestructura y a pesar de eso alojan a 1744 personas, es decir el 37% de los detenidos. Esto es solo una parte de un sistema estructuralmente agotado y que no va más, otro tanto ocurre en cárceles, institutos de menores y centros de salud mental.

Volviendo al asesinato de Martínez, también nos lleva al análisis de este tipo de hecho y las repercusiones según el contexto geográfico. El impacto en pequeñas localidades de pocos habitantes, donde todos se conocen entre sí, habituados a una rutina muy distinta a la de las grandes ciudades, hechos que muchas veces quedaron ocultos o silenciados, que nos llevan a reflexionar si será la complicidad o el miedo lo que gana. Los habitantes del Partido de la Costa conservaron, durante muchos años, el secreto de haber recibido en sus playas, por acción de las corrientes marinas, a víctimas de los vuelos de la muerte durante la dictadura y enterrados como NN en el cementerio local.