Caso Alejandro Martínez: “Queremos que sean condenados todos y cada uno de los responsables de su muerte”

Alejandro Nicolás Martínez (35), tenía una hija de 18 y un hijo de 4. Era de Coronel Brandsen y había viajado a San Clemente del Tuyú para abrir una empresa familiar de cocina. Por un tiempo se dedicó a la construcción y luego había ingresado en el área de seguridad, donde cumplía tareas de mantenimiento. En 2017 tuvo un accidente laboral, por el cual quedó incapacitado de un ojo y la mitad de la vista perdida en el otro. 

La noche del miércoles 17 de noviembre de 2021 Alejandro se alojaba en una habitación del séptimo piso del Hotel Fontainebleau de la citada localidad del Partido de La Costa. Según le informó a Laura Laganá Santillán, su expareja y madre del menor, tenía en su poder una importante suma de dinero, vinculada a la indemnización, que podía depositar al día siguiente para cumplir con el acuerdo alimenticio. Esa fue la última vez que hablaron, ya que varias horas más tarde la subteniente local Eliana Cisneros la contactó por Facebook y le informó que había fallecido en la vía pública por un infarto por sobredosis. Cuando llegó Juan Carlos Martínez, hermano de la víctima, le dijeron la misma causa, pero en el calabozo de una comisaría, lo que sembró dudas sobre la versión, incluso alrededor del horario real. 
 
Martínez no había notificado a su familia que estaba en un hotel, por lo que nadie sabe lo que sucedió en aquella habitación. Según un empleado, a raíz de una crisis nerviosa del huésped llamaron al 911. Si bien el protocolo de violencia institucional indica primero contactar servicios de salud, y no esposar, según las cámaras de seguridad salió descalzo, sin anteojos, custodiado y esposado, pero tranquilo y sin golpes. Dos patrulleros de la Comisaría Tercera de San Clemente del Tuyú se lo llevaron sin oponer resistencia, pero a las pocas horas yacía sin vida en un calabozo.

La fuerza de seguridad intentó instalar una muerte natural. Según la policía, asistieron tras una denuncia por disturbios y alteración producto del consumo de estupefacientes y que se había golpeado a sí mismo. Afirman que intentaron trasladarlo a un hospital, pero que el personal de turno denegó la internación por una supuesta restricción de ingreso, lo cual en particular nunca se investigó. Por último, indican que Martínez se habría recostado sobre un colchón en la dependencia y que después de diez minutos dejó de responder. 

Recorrido judicial

Tras el fallecimiento, dieron aviso al fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 11 descentralizada de La Costa, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial del Ministerio Público de Lomas de Zamora. La autopsia reveló golpes y fracturas varias y constató la muerte como consecuencia de “asfixia por sofocación”. Ese resultado, junto a la declaración de un testigo retenido que describió el estado y accionar sobre Alejandro, cambiaron el rumbo de la causa, que fue recaratulada como averiguación de causales a homicidio, solicitando a dos días del hecho la detención de nueve agentes de la Policía Bonaerense y distintos allanamientos en la comisaría, el hotel, patrulleros que intervinieron y casas de involucrados, llevados a cabo por otra fuerza de seguridad.

En esa instancia se imputó, en primer lugar, a los oficiales José Carlos Pereyra y Christián Rohr, conductores de las unidades móviles, y al teniente primero Maximiliano Muche, uno de los abocados al calabozo, como coautores materiales de “homicidio triplemente agravado por alevosía y ensañamiento, por concurso premeditado de dos más personas y por ser integrantes de la fuerza abusando de su función”. Luego, a otros seis como “partícipes necesarios” por el delito subsidiario de “omisión de evitar tortura, incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte”: el subcomisario Miguel Alejandro Boulos, jefe del turno, la sargento Carla Cantarella y la oficial Evelyn Garofalo, acompañantes en los móviles, la sargento Jacqueline Paola Mansilla, dedicada al calabozo, y los ayudantes Laura Florencia Chiarullo y Sandro Wilfredo Mujica. 

Los nueve uniformados estuvieron en prisión preventiva hasta marzo de 2022, que la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Dolores dictó la falta de mérito de los últimos seis, mientras los tres principales acusados siguen cumpliéndola en la Unidad Penal N° 44 de Batán. Desde el inicio, ocho brindaron declaración indagatoria y rechazaron las acusaciones, y únicamente Pereyra optó por no declarar. El juez de Garantías N°4 de Mar del Tuyú, Diego Olivera Zapiola, había dispuesto que continuaran detenidos por entender que intentarían "eludir la acción de la Justicia". Desde entonces, la familia y quienes los apoyaron fueron hostigados y/o amenazados a través de mensajes, llamados y redes sociales. Como contraparte, los parientes de los acusados han impulsado marchas para reclamar su libertad.

El aval estatal

La investigación había sido rápida, se actuó en los primeros días e intervino otra fuerza de seguridad para las medidas de prueba. Sin embargo, Sergio Berni, en ese entonces ministro de Seguridad provincial salió a cuestionar a la víctima y a la autopsia realizada. Lo acusó a Alejandro de haber sido detenido “tres veces en menos de una semana”, “drogado”, que había intentado “robar en una casa” y que las heridas eran autolesiones por “un brote que tuvo”, por lo que solicitó una nueva necropsia. No sólo corroboró las conclusiones, sino que sumó nuevos detalles. Berni nunca le pidió disculpas a la familia.

Las detenciones previas en al menos dos oportunidades evidencian un padecimiento mental que debía ser abordado de manera específica, en contraposición a la ausencia de protocolos y estrategias de la Policía Bonaerense. A su vez, tras retirar las pertenencias de la víctima del hotel, la suma de dinero, sus documentos y tarjetas nunca aparecieron, e incluso el teléfono personal, que fue devuelto al hermano, se encontraba borrado.  

La Comisaría Tercera de San Clemente del Tuyú tiene un largo historial. En principio, desde hace algunos años está señalizada como uno de los centros clandestinos de detención que funcionó bajo la última dictadura militar. Para peor, en 2019 su titular en ese entonces, Roberto Fernando Romero, fue separado de su cargo tras ser denunciado por amenazar, golpear y torturar a una mujer con padecimientos mentales y problemas de adicción. 

A la espera de justicia

Tras las nuevas medidas de prueba, la causa fue remitida a la UFI N° 2 del Partido de La Costa, su fiscalía natural, a cargo del fiscal Martín Prieto, quien tras una licencia -en que quedó a cargo Pablo Mascioli- solicitó la elevación a juicio tras diez meses de investigación, lo que fue avalado por el juez Olivera Zapiola. En un escrito de 317 páginas detalló testimonios, pericias y documentación que lo llevaron a considerar acreditado que los imputados “planificaron dar muerte, asignándose y cumpliendo rol determinado”. Sin embargo, la familia debió movilizarse dado que a dos años del hecho todavía no había fecha asignada.  

La causa derivó en dos procesos judiciales por separado. El principal, que implica a los coautores materiales, será a su pedido un juicio por jurados, conducido por el juez Eduardo Campos Campos, del Tribunal Oral Criminal N° 2 de Dolores, y el fiscal Diego Benzi. Tiene fecha de inicio para octubre del año que viene. Para el otro se hará una especie de “juicio técnico”, que ya tiene su triada de magistrados designada -Antonio Severino, Christián Rabaia y María Claudia Castro- y el 18 de noviembre será la primera audiencia preliminar.

Otra de las irregularidades del caso es que el ex policía federal Rubén Adrián Fernández, que defiende a los oficiales Munche y Boulos -es decir, interviene en los dos procesos-, se presentó en junio del año pasado para recusar al juez Severino por sostener un vínculo personal. El magistrado se excusó y dejó la evaluación en manos de sus colegas, pero Rabaia y Castro deslizaron que, según la jurisprudencia, ninguna cuestión entre jueces y abogados amerita recusación, a diferencia de una relación con las partes. El problema es que, tras la apelación de la querella -que cuenta con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como particular damnificada institucional-, la Cámara de Apelaciones lo ratificó. El letrado en cuestión interfirió en la segunda autopsia, lo que está prohibido para cualquiera que no sea perito autorizado por el Código Procesal Penal bonaerense.

En diálogo con AGENCIA PACO URONDO Laura Laganá Santillán, ex pareja y madre del hijo menor de Alejandro Nicolás Martínez, reflexionó en torno a un nuevo aniversario del caso y describió el recorrido judicial hasta el momento.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué reflexión puede hacerse ante un nuevo aniversario del caso?

Laura Laganá Santillán: La reflexión ante el cuarto aniversario del asesinato es la búsqueda continua e incansable, y lucha constante día a día, mes a mes y año a año, para lograr obtener justicia por el brutal crimen cometido por los nueve policías. Como mamá del hijito de 8 años se hace muy difícil la ausencia inexplicable de su papá de por vida. Es una pérdida irreparable, un dolor inexplicable.

APU: ¿Cómo fue el recorrido judicial hasta ahora?

LLS: El recorrido judicial fue y es muy duro. Cada noticia sobre el caso moviliza mucho una mezcla de sensaciones porque quisiéramos que el juicio sea ya y que sean condenados todos y cada uno de los responsables de la muerte. La única víctima del hecho fue y será Alejandro, pues quienes lo tenían que cuidar terminaron quitándole la vida brutalmente.

APU: ¿Qué esperan de la primera audiencia preliminar?

LLS: La fecha de juicio por jurado oral y público, donde están imputados los tres policías coautores del hecho, se llevará a cabo desde el 28 de septiembre al 9 de octubre del 2026. La audiencia preliminar es una etapa previa donde el objetivo es la discusión sobre las pruebas, la posibilidad de resolver excepciones o nulidades. Es algo más teórico, donde intervendrán los abogados correspondientes de todas las partes. Pretendo que desde el inicio hasta la finalización del juicio que el mismo sea transparente, sin privilegios y amiguismo, y que les caiga todo el peso de la ley a los imputados por el aberrante hecho.

APU: ¿Hay actividades organizadas por el aniversario?

LLS: No, por problemas de salud -operación reciente del pie- se hace imposible realizar alguna actividad en la fecha de su aniversario. Sí siempre y todos los días está presente en la mirada y sonrisa de nuestro hijito de 8 años, que extraña y pide por su papá todos los días. Celebraremos seguramente una misa, como todos los años, en memoria de Alejandro para que él pueda descansar en paz. Alejandro Nicolas Martínez presente, hoy y siempre.