Caso Joaquín Paredes: seis años de una justicia incompleta

La madrugada del 25 de octubre de 2020, tras haberse reunido con amigos en una casa de Paso Viejo, Cruz del Eje, Joaquín Paredes, de 15 años, fue asesinado de un tiro por la espalda por la Policía de Córdoba. A su vez, otros dos jóvenes fueron heridos y varios testigos aseguraron que cinco uniformados esperaron que salieran del lugar para actuar de manera totalmente desproporcionada.

La fuerza de seguridad provincial buscó instaurar la versión la versión de una agresión previa, la cual fue respaldada por el comisario mayor Leonardo Páez Stelmach. Sin embargo, en la escena se hallaron más de cien vainas y sólo se secuestraron armas reglamentarias. Los implicados fueron Maykel Mercedes López -acusado por homicidio doblemente agravado y el único que llegó detenido al juicio-, Enzo Ricardo Álvaro, Ronald Nicolás Fernández Aliendro, Jorge Luis Gómez, Iván Alexis Luna y Alberto Daniel Sosa Gallardo. Hubo cambios de carátulas y fiscales, detenciones y excarcelaciones, y amenazas a testigos y sobrevivientes, incluyendo allanamientos ilegales.

En agosto de 2023 la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, conformada por los jueces Ángel Francisco Andreu, Javier Rojo y Ricardo Arístides Py, condenó a perpetua a López por considerarlo autor material, pero absolvió al resto sosteniendo que no se había probado que hayan colaborado, por acuerdo o conducta, en el asesinato ni tampoco en su intento de encubrimiento. El caso, que había sido llevado adelante por un jurado popular, no fue caratulado como violencia institucional. 

La inconsistencia del fallo radica en desligar la responsabilidad del resto de los uniformados, y de la propia fuerza, de la actuación de López. Los fundamentos fuerzan una interpretación, sin tener en cuenta pruebas existentes ni la trama de violencia institucional que habilitó el hecho. No hay otra explicación para ponderar la cuarentena por sobre disparos efectuados. Para colmo, destacan una conducta “preventiva y disuasoria” y haber protegido la escena -lo que debería suceder en todo momento-, incompatible con la cantidad de vainas reglamentarias encontradas. Ese año, fue el cuarto juicio oral por violencia de las fuerzas de seguridad en Córdoba.

La decisión se enmarcó en el amedrentamiento policial y maltrato judicial que denunciaron varios familiares y testigos. Los jueces los señalan por supuestamente tomar represalias en lugar de pedir ayuda, es decir, los revictimizan. Los abogados de la querella, Claudio Orosz y Ramiro Fresneda, apelaron la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia, pero a más de tres años no hubo novedades. La familia del joven, encabezada por su madre, Soledad Paredes, sigue denunciando la responsabilidad del gobierno y el poder judicial provincial.