Se cumplen 12 años del hallazgo de los restos de Luciano Arruga

Luciano Arruga tenía apenas 16 años cuando fue desaparecido. Vivía en Lomas del Mirador, en una zona del conurbano donde la pobreza y la falta de oportunidades condicionan el futuro de miles de jóvenes. El 31 de enero de 2009 fue detenido por la Policía Bonaerense mientras estaba con amigos en Gregorio de Laferrere. No había motivos legales para su arresto, sólo la criminalización de pobres racializados, convirtiéndolos en sospechosos ante los ojos de un sistema injusto. Nunca registraron su detención y, simplemente, desapareció.

Durante años, su familia buscó respuestas, pero le dieron la espalda. Mónica Alegre, su madre, se transformó en una luchadora incansable, enfrentándose a la indiferencia de un Estado que sólo parece actuar cuando las víctimas encajan en su imaginario de ciudadanía. No fue hasta el 17 de octubre de 2014, casi seis años después de su desaparición, que los restos de Luciano fueron encontrados en una fosa clandestina cerca de una comisaría de Lomas del Mirador. 

La causa judicial confirmó lo que su familia y las organizaciones de derechos humanos venían denunciando desde el principio. Arruga fue víctima de la violencia institucional, una de las expresiones más brutales del racismo estructural en Argentina. Su caso no es aislado, es parte de un patrón que se repite en los barrios populares, donde la policía actúa con impunidad y los jóvenes son criminalizados por su condición social y racial. 

Sin embargo, se volvió un caso emblemático porque expuso cómo el racismo no sólo se manifiesta en discursos de odio, sino también en políticas de seguridad que naturalizan la exclusión y la violencia contra los sectores más vulnerables de la sociedad. Once años después del hallazgo, el reclamo de justicia sigue vigente. En 2016 se logró la condena de tres policías por privación ilegal de la libertad y encubrimiento, pero la causa aún está lejos de cerrarse. 

La familia de Luciano y las organizaciones de derechos humanos exigen que se investigue a todos los responsables, incluyendo a los mandos superiores. Además, reclaman que se lo reconozca como víctima de desaparición forzada, delito que hasta ahora no ha sido tipificado en su caso.

Recordar a Luciano no es sólo un ejercicio de memoria, es un acto de resistencia. Es interpelar a un sistema que sigue perpetuando desigualdades y violencias contra quienes no encajan en la imagen de una Argentina blanca y europeizada. Es exigir justicia para todos los jóvenes que, como Luciano, son perseguidos por unas fuerzas de seguridad que los trata como enemigos en lugar de protegerlos.

En un contexto histórico nacional en el cual el gobierno de Javier Milei avanza sobre los derechos humanos de la juventud es necesario recordarlo y asimilar su caso para comprender la vulnerabilidad de nuestros jóvenes de clases populares ante un sistema de gobierno que los estigmatiza y persigue. La reforma penal se ha convertido en alfil para criminalizar. En los barrios de la Ciudad de Buenos Aires son innumerables los relatos de adolescentes que comienzan a ser detenidos por supuestas causas penales. La gestión de Jorge Macri es emblemática en cuanto al avance de dicha judicialización.