Violentos allanamientos nocturnos contra los trabajadores de Acoplados del Oeste

Por Diego Kenis

Efectivos de la policía departamental de Merlo protagonizaron en la noche de ayer (martes 4 de julio) violentos allanamientos en los hogares de cuatro de los trabajadores de Acoplados del Oeste (ADO), la cooperativa metalúrgica que en 2015 recuperó la firma Pedro Petinari e Hijo SA tras la maniobra empresarial que la vació y dejó a sus obreros sin su fuente de trabajo. El accionar se descargó sobre los hogares de Jorge Gutiérrez y Fernanda Lizarraga, presidente y vice del Consejo de Administración de ADO, el tesorero Hernán Noir y el vocal Luis Becerra.

El operativo se concretó horas después de la orden emitida por Jorge Rodríguez, titular del Juzgado de Garantías 5 de Morón, que autorizó a la policía a hacer “uso de la fuerza pública” y le otorgó para ello expresa “habilitación de día y hora inhábil”.  

Ese agregado de la pluma judicial profundiza la gravedad del hostigamiento. El artículo 225 del Código Procesal Penal indica expresamente que los allanamientos de morada deben realizarse entre la salida y la puesta del sol y sólo establece excepciones, que el juez debe hacer explícitas en su escrito, “cuando el interesado o su representante lo consienta, o en los casos sumamente graves y urgentes, o cuando peligre el orden público”. Nada parece indicar que se trate de un caso sumamente grave ni que haga peligrar el orden público.

Por otra parte, basta la narración de uno de los allanamientos para ilustrar la ausencia de consentimiento por parte del interesado o su representante: en el caso de la persecución contra Becerra, los efectivos irrumpieron en la casa que hasta diciembre compartió con su ex pareja. No había abogados allí, y sólo la acompañaba su pequeño hijo. La mujer pidió que le exhibiesen la orden de allanamiento. “Después se la mostramos”, le contestaron antes de advertirle que si no abría tirarían la puerta abajo.

El atropello en los hogares de los trabajadores de ADO se amplifica cuando se tiene en cuenta la lista de elementos que el juez y los uniformados buscaban. Se trata de un conjunto seguramente difícil de esconder en un domicilio particular. Enlistado por el propio magistrado, incluye dos puentes grúa para cinco toneladas y de diez metros de largo, un grupo electrógeno, un horno eléctrico fundente, cuatro soldadoras, tres agujereadoras de banco, una prensa neumática, una torno soldadora punta de ele, tres circulares, un torno de relleno, diez equipos de oxicorte, cinco bicicletas, dos carretillas, un criket lagarto de dos toneladas, cuatro bancos de armados de bastidores, cuatro bancos de armado de pisos, cuatro escritorios de oficina, catorce computadoras, siete mesas, diez sillas de oficina, dos fotocopiadoras y papeles administrativos. Difícil esconder todo eso en un baño.

Los allanamientos policiales, con orden y respaldo judicial, se inscriben en una larga serie de presiones y hostigamientos hacia los trabajadores que en agosto de 2015 recuperaron y pusieron a producir a la ex Petinari, que había llegado a ser una de las empresas más importantes del país en fabricación de acoplados y a la que sus entonces dueños vaciaron, dejando una millonaria deuda en salarios, aportes previsionales e impuestos.

Las presiones políticas y judiciales contra los obreros de ADO se desataron sin control desde diciembre de 2015, y desde entonces han sufrido amenazas e intentos de desalojo, una vez que el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal vetó la expropiación de la planta que la legislatura bonaerense había decidido en favor de la nueva cooperativa. Con ello, el macrismo dio aire a la familia Petinari para reclamar el desalojo de la empresa que vaciaron. Finalmente, el deseo empresarial se concretó en marzo pasado (foto).

Conocida la noticia de los allanamientos, el diputado provincial Miguel Funes, del Frente para la Victoria bonaerense, anticipó a AGENCIA PACO URONDO que “así como intenté que se trate el veto por parte de la gobernadora a la ley de mi autoría, además de presentar una declaración por la perimetral sufrida, también presentaré una declaración de lo que es a todas luces una nueva intimidación hacia las y los trabajadores de la cooperativa ADO”.

Por su parte, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, de histórica relación con las empresas recuperadas, repudió “enérgicamente” los allanamientos y reivindicó la lucha de los obreros, “que hace meses vienen luchando por sus puestos de trabajo”. En un comunicado firmado por su titular, Hebe de Bonafini, la organización expresó que “este nuevo atropello contra quienes sólo quieren trabajar expone, con crudeza, el régimen macrista de connivencia entre empresarios, jueces y funcionarios en perjuicios de lxs trabajadores”.