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Relámpagos //// 09.12.2017
En los dichos la ley, en los hechos la ilegalidad, por Ileana Arduino

“A diario se subrayan las retóricas de fin de divisionismo, de la concordia y el encuentro de `todos´. Una supuesta homogeneidad declamada, que no es más que el reverso del desprecio fáctico de las otredades, en medio de retóricas bélicas y punitivistas”.

I.    
La actual situación institucional ha sido caracterizada en algunos análisis con alusiones a las ideas de estado de excepción, democracia precarizada, régimen autoritario. Llamarle a esto dictadura, como ha sugerido Martín Kohan, puede hacernos perder de vista lo desastrosa que la democracia puede ser. El riesgo de enunciados que conllevan una fuerte carga y múltiples sentidos es quedar atrapados en conceptualizaciones dicotómicas o binarias, sin poder explicitar a qué concepto de democracia nos referimos. No es de por sí inválida toda forma de señalamiento o comparación de ciertas políticas del presente que ineludiblemente evocan otros pasados, pero no puede saldarse toda la caracterización con aquellas referencias, porque el contexto histórico, como mínimo, es otro. Creo que antes que establecer comparaciones totalizantes, es preferible enfocarse en políticas específicas, frente a las cuales no hay democracia formal o voto popular que pueda alcanzarlas con su mote. A modo de ejemplo pensemos en las que son políticas cualitativas de exterminio social (las que reproducen expresiones represivas del Estado cayendo sobre los sectores más vulnerabilizados, las que se inyectan en el odio racista, misógino o de clase como ocurre con la represión de la clase trabajadora, o el ensañamiento criminalizante sobre los pueblos originarios). O aquellas otras que como las políticas del sector financiero sí guardan simetría con lo ocurrido durante el esplendor de la valorización financiera de la década del 70 (el endeudamiento récord, tasas siderales al servicio de la especulación en detrimento de la inversión, concentración de riquezas). Incluso están siendo sus actores protagónicos los que establecen esas simetrías: el propio Domingo Cavallo –de relevante papel en los 90, al igual que con la licuación de deudas privadas bajo deuda pública en los 80– acaba de establecer comparaciones señalando las similitudes con otros períodos políticos también signados por el conservadurismo, la retracción del Estado social acompasado por el avance del Estado punitivo y la expansión de la especulación financiera.

Ahora bien, más allá de la utilidad limitada de la comparación, se torna necesario comprender la singularidad de estos procesos –innegablemente autoritarios, desfachatadamente violentos y sectarios– donde la producción y reproducción de desigualdad son una nota distintiva y no un efecto colateral. Porque coexisten, como dice Boaventura de Souza Santos, distintos niveles de fascismo social y territorial que se articulan y cobijan bajo las formalidades democráticas. Pero también desde el punto de vista de la movilización social y la organización popular emergen otros protagonismos raramente considerados en los análisis. Por ejemplo, la importancia de un feminismo latinoamericano, no imperialista, que articula explicaciones en torno a la relación entre acumulación e hiperconcentración de riquezas descomunales, extractivismo y violencias extremas preferentemente dirigidas sobre cuerpos femeninos, que viene a fuerza de ocupación de la escena pública, marcando la ferocidad de estos modelos que profundizan la distancia entre vidas que importan y vidas que no, que privilegian o minan la dimensión comunitaria.

Funciona una terrible dinámica del como si, un circuito que permite siempre reconducir a “la justicia” que es al mismo tiempo en esta escena, un instrumento productor y reproductor de ilegalidades. Se criminaliza en forma constante la protesta social, al tiempo que los dispositivos legales fundamentales para la gestión de la conflictividad asociada al mundo del trabajo son dejados de lado, como ocurre de forma paradigmática, con la violación de la Ley Nacional de Educación cuando se incumple deliberadamente con el llamado a paritaria nacional. Podríamos seguir identificando escenas de cinismo discursivo en nombre de una legalidad que es diariamente sopapeada por acciones de gobierno.

A diario se subrayan las retóricas de fin de divisionismo, de la concordia y el encuentro de “todos”. Una supuesta homogeneidad declamada, que no es más que el reverso del desprecio fáctico de las otredades, en medio de retóricas bélicas y punitivistas. Que el contorno de lo que se define como enemigo sea difuso, tiene que ver con la utilidad de esos dispositivos, de los cuales el decreto de emergencia en seguridad con el que macrismo inauguró su gestión de seguridad pública es una muestra elocuente: puede ser el narcotráfico, los piqueteros, las mujeres y otras identidades de género que no responden a la masculinidad hegemónica, los docentes en huelga o los mapuches, según las circunstancias cambiantes, la corrupción, el sindicalismo en ciertas versiones, etc.

Cuando hay articulaciones de las disidencias, se las reduce a lugares comunes como “los que no dejan gobernar”, “los que desestabilizan”, “los que amenazan con bombas”, “los que desprecian la cultura del trabajo”, “los que viven de los planes”.

La posición política frente a la protesta, al derecho a peticionar, es clave para evaluar el nivel de democracia. La ficción del no conflicto, de la imposición del orden por sobre la gestión no violenta de la conflictividad es quizás una unidad clave de medida que nos lleva a tener que repetir, una vez más, que protestar es un Derecho.

II.
Hoy asistimos a una retórica inflamada de la legalidad que coexiste con la violación de la ley como praxis, de forma ostentosa. El paroxismo es esa ilegalidad administrada desde el poder judicial. Estrenamos un gobierno que se dice fundante de la épica de la legalidad, en romance con el apego a la ley, con pretensión de verdad que recorta una versiones demonizadas de lo corrupto al tiempo que aleja la atención de las expresiones que dan cuenta de la dimensión matricial que tiene la corrupción en el sistema político, con particular indiferencia ante los actores claves, perennes y transversales a los sucesivo gobiernos.

Vemos persecuciones políticas administradas por los tribunales que contradicen reglas de procedimiento, violan la Constitución, provocan pronunciamientos escandalosos, se desarrollan de acuerdo al timing mediático, que ostentan el revés de eso que insisten en llamar justicia: una trama de operaciones políticas con espionajes que se exhibe obscenamente, se despliega con vocación disciplinante y que sólo coyunturalmente puede ser capitalizada por el gobierno de turno, pero cuyo mayor peligro reside en la funcionalidad antipolítica que posee.

A ello se suma una militante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que acompasa esa instrumentación judicial de la persecución con demoras en sus pronunciamientos como ocurre con el caso de Milagro Sala, que por cierto, se ha vuelto emblemático de esta escena en la que se está haciendo bandera de la irregularidad de los procesos y la violación de derechos humanos en nombre de “la ley”.

También la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha adoptado en algunos casos interpretaciones que contradicen criterios previos de organismos internacionales de protección de derechos humanos ya consolidados; como el caso “Fontevecchia” donde se relativizó peligrosamente el carácter vinculante de las decisiones del sistema internacional de derechos humanos. Luego, la concesión forzada del beneficio del dos por uno a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, una estocada al proceso de memoria, verdad y justicia, en sintonía con el negacionismo que desde diciembre de 2015, ya comenzó a destilarse: primero desde la tribuna adicta del diario La Nación, luego por declaraciones referentes del Poder Ejecutivo Nacional y finalmente el bloque oficialista en el ámbito del Poder Legislativo cuando en ocasión del 24 de marzo pasado desplegó una bandera reivindicando la teoría de los dos demonios.

La desaparición de Santiago Maldonado, y las dudas que no se despejan aún, más allá de la aparición de su cuerpo, está también alcanzada por esta impronta negacionista que se nutre por el aporte fundamental de confusiones de todo tipo que el propio Poder Ejecutivo, en particular el Ministerio de Seguridad de la Nación, vienen sosteniendo como principal intervención, en detrimento del esclarecimiento. Algo mucho más complejo que lo que alcanzamos a divisar se juega en esa escena donde se persiste en pasar por alto lo más relevante: todo ocurrió en un territorio donde una fuerza Nacional de Seguridad ingresó sin orden judicial, es decir, ilegalmente.

Esa circunstancia, aunada al contexto previo de amedrentamiento, torturas y persecuciones a la comunidad mapuche, la funcionalidad a la protección de sectores poseedores de la tierra y más allá de las nomenclaturas jurídicas del caso, también debe ser atendido desde las experiencias del terror pasado sin totalizaciones, pero con vocación de advertencia.

* Este texto forma parte de la publicación Democracia. Un Estado en cuestión, trabajo conjunto de relampagos.net y Negra Mala Testa.

RELAMPAGOS. Ensayos crónicos en un instante de peligro. Selección y producción de textos: Negra Mala Testa Fotografías: M.A.F.I.A. (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs).