Rechazan pedido de enjuiciamiento contra juez y fiscal que negaron aborto no punible a Juana, la niña wichí

Por Santiago Haber Ahumada

El martes 16 de agosto, el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez Mariscal Astigueta y el fiscal Cazón rechazó el proceso pedido por el juez de la Corte Provincial, Abel Cornejo, por el caso de la niña wichí que fue víctima de violación por parte de un grupo de hombres que la dejaron embarazada.

En Argentina, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación es el órgano constitucional a cargo del juzgamiento de los jueces nacionales de los tribunales inferiores. Sus integrantes, los senadores del Partido Justicialista (PJ) -Jorge Soto-, y del Partido de la Victoria (PV) -Silvina Abilés-, los jueces de la Corte de Justicia de Salta -Guillermo Catalano y Guillermo Posadas- y el abogado designado por la Cámara alta provincial para integrar el jurado -Guillermo López Mirau-,  rechazaron el jury señalando que tanto el fiscal como el juez están acusados “contra un solo hecho” y no dan cuenta de “conductas reiterativas”.

El Jurado sostuvo que "las imputaciones efectuadas no se revelan conducentes para habilitar la instancia de enjuiciamiento en los términos del artículo 160 de la Constitución Provincial, por lo que corresponde declarar la inadmisibilidad formal de la acusación particular".

El caso de Juana

En noviembre del año pasado, Juana -seudónimo para proteger su identidad-, una joven wichí, fue atacada y violada por cinco hombres, que la dejaron tirada a orillas de una represa. Además de haber sido violada, la niña quedó embarazada. Después de darse a conocer el abuso, la víctima lejos de recibir la ayuda que necesitaba, siguió siendo maltratada, fue re victimizada, pero ahora por parte del Estado.

Al no hablar castellano, Juana no pudo declarar ante la justicia. No tuvo traductor ni al formular la denuncia ni en el proceso judicial; sus violadores, en cambio, sí.

A Juana le negaron la anticoncepción de emergencia, quedó embarazada y no se cumplió el protocolo de aborto no punible para casos de violación.

A los seis meses de embarazo,  fue revisada por los médicos de la fundación del cantante Jorge Rojas, los únicos que llegaron hasta Lhaka Honhat, comunidad a la que pertenece Juana. Cuando la atendieron, le diagnosticaron que el feto sufría una anencefalia. Casi todos los bebés que nacen con esa condición mueren poco después del nacimiento.

El caso capturó la atención de los medios, y se logró así el traslado al Hospital Materno Infantil de Salta. Ahí fue sometida a una junta médica, que confirmó la necesidad de practicarle a la joven una cesárea urgente, realizada el viernes 3 de junio. El mismo viernes que detuvieron a Jorge Gabriel Salas, uno de los violadores. El mismo viernes que se gritó #NiUnaMenos en todo el país. El bebé murió a los pocos minutos de la operación.

Juana fue primero violada, después embarazada, y luego ignorada reiteradas veces por el Estado. Sufrió violencia de género por ser mujer y sufrió discriminación por ser wichí. Y sigue sin tener justicia.