fbpx "No son motines, son reclamos por derechos incumplidos" | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
Violencia Institucional //// 27.04.2020
"No son motines, son reclamos por derechos incumplidos"

El autor reflexiona sobre los sucesos violentos que se vienen ocurriendo en diferentes cárceles de la provincia de Buenos Aires, los cuales empujaron al Gobierno a entablar un canal de diálogo para buscar soluciones a la problemática que afecta a la población carcelaria. 

Por Alan Geronimo

Decir que las situaciones que se vienen dando en las cárceles de la provincia de Buenos Aires en particular y en toda la Argentina en general, empezó hace pocos días, resulta tendencioso. Lo cierto es que la problemática de las personas en contexto de encierro nace a partir de la denominada “Ley Blumberg” que coartaba los beneficios de los alojados en las prisiones del país.

Luego ya bajo el gobierno de Mauricio Macri y bajo un proceso de prisionización en aumento de las últimas décadas, se fue más a fondo con las reformas punitorias. Luis Petri diputado de la UCR por la provincia de Mendoza, hizo aprobar un proyecto de la ley de progresividad de la pena (Ley 24.660) en donde no había ningún estímulo para que la persona privada de su libertad se “reinserte” dentro de la misma, cercenando los derechos de: libertades asistidas, las libertades condicionales o las prisiones domiciliarias.

Así bajo este contexto llegamos a las cárceles saturadas al 100% de su capacidad, es decir, donde antes había un preso durmiendo, hoy hay dos, o hasta tres, en el mejor de los casos.

Un ley conocida como “fallo Verbitsky” estipulaba que ninguna persona podía ser alojada en las comisarías del país ya que atenta contra la integridad y dignidad de la persona detenida, lo real es que esta ley fue poco aplicada. Tal es así que se llegó a masacres como la de la Comisaría 1 de Pergamino y la de Transradio en Esteban Echeverria en donde murieron calcinadas 8 y 10 personas respectivamente, las cuales se conocen como las mayores masacres dentro de comisarías en la Argentina.

Recordemos, las personas privadas de su libertad, son eso, personas privadas de su libertad, no se le coarta ningún otro derecho más que el de transitar libremente. Los presos tienen el mismo derecho a huelga que cualquier persona, por eso en estos últimos años hicieron sendas huelgas de hambre, “batucadas”, habeas corpus y distintos métodos de lucha que ellos poseen.

A todas estas acciones colectivas en las grandes corporaciones mediáticas como el diario “La Nación”, “Infobae” o “Clarín”  se las presentó como “motines”. La realidad es muy diferente a la que presentan, un motín no es más que la disputa de poder dentro de una unidad penitenciaria con rehenes y otros amenities. En todo este tiempo eso nunca sucedió, ¿Hubo huelgas y acciones de lucha? Si ¿Hubo motines? No.

Usan esa terminología para deslegitimar la lucha, lo primero que se viene a la cabeza cuando frecuentan esos títulos amarillistas es el cruento “motín de Sierra Chica”. Las corporaciones mediáticas la usan para legitimar a unas fuerzas revulsivas como los Servicios Penitenciarios para que actúen cruelmente, como pasó en la unidad de Florencio Varela donde mataron de 8 balazos a un chico de 23 años.

Además, vimos periodistas atacar las negociaciones entre el Gobierno y las personas en situaciones de encierro; “con terroristas, violadores no se negocia” decían. Sin importar que la mayoría de las personas privadas de su libertad están por delitos menores o narcomenudeo, lo cierto es que si, el Estado y el poder judicial, tienen que ser garante de las condiciones de vida digna en que las personas deberían vivir en las cárceles. Adherimos a nivel constitucional a los tratados de Derechos Humanos de la Corte Interamericana y de la ONU, por ende si tiene que negociar con los presos.

Hoy vimos en los grandes medios de comunicación con títulos rimbombantes “un asesino serial se reúne con el Gobierno por los motines” nombrando explícitamente a Guillermo Alvarez.

Como un delegado de fábrica, los privados de su libertad eligen a sus representantes para que hablen por ellos en las reuniones. A este medio Guillermo Álvarez,  delegado que hoy fue escrachado (para deslegitimar la lucha con otros métodos) dijo: “Yo solo firmé para dar fe que se llevó adelante una negociación pacífica entre 25 internos y las autoridades correspondientes”.

Hablar de los delitos por los cuales Guillermo está hablando es correr el eje de la discusión que hoy nos plantean los presos, es el facilismo y la demagogia,  es el lavarnos las manos de las problemáticas que hoy aquejan en las cárceles.

¿Cuáles son? El abuso de las prisiones preventivas, el 60% de las personas alojadas en las unidades están sin juicio previo, invirtiendo la carga de la prueba, aca todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Estamos en el medio de una pandemia mundial y ellos viven de lo que le llevan los familiares, no tienen insumos básicos como para cuidar su salud, se mueren por enfermedades altamente curables como la tuberculosis. La ley contra la tortura y los malos tratos es constantemente violada y los muelen a golpes en cada requisa. Las cárceles ya no son cárceles, son edificios abandonados a su suerte en donde apenas hay luz o agua. El derecho a la vida es el derecho a una vida digna, y acá no se está cumpliendo.

Miles de problemas carcelarios necesitan atención urgente, Roberto Pettinato (padre), Director Nacional de Institutos Penales durante la presidencia de Juan Domingo Perón entendió y humanizó a las personas privadas de su libertad, liberó a más de tres mil presos y cerró la cárcel del fin del mundo en Ushuaia, todo en su primera gestión.

Es indispensable y urgente hacer caso a los reclamos de las personas privadas de su libertad, como lo hizo Perón, ya que un país se mide también por cómo trata a sus presos.