fbpx Masacre de 2001: canallesco editorial de La Nación para presionar a la Corte Suprema | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
Violencia Institucional //// 12.01.2022
Masacre de 2001: canallesco editorial de La Nación para presionar a la Corte Suprema

A 20 años de las jornadas represivas del 19 y 20 de diciembre de 2001, el diario La Nación publicó una editorial en la que retoma los planteos de un supuesto complot contra De la Rúa, miente para defender a los responsables y, sobre todo, presiona a la Corte Suprema de Justicia para que los favorezca. Una nueva falta de respeto a las víctimas y sus familias.

Por Diego Moneta

El 10 de enero el diario La Nación publicó el editorial “Más de 20 años sin verdad ni justicia”, el cual no lleva firma por lo que se interpreta que es la postura del medio. Allí se vuelcan una serie de comentarios, inexactitudes, falsedades y hasta aires de conspiración con el único objetivo de presionar a la Corte Suprema de Justicia para que falle a favor de los responsables de las jornadas represivas del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo. Una falta de respeto -otra más- con las familiares de las víctimas

Desde su inicio, la nota compartida en la “tribuna de doctrina” deja en claro su postura a partir de los términos utilizados y las referencias que lleva a cabo. El 20 de diciembre de 2001 no fue una “jornada de saqueos y convulsión social” ni hubo “desórdenes callejeros”. Al menos, no fue sólo eso, lo cual sería menospreciar los hechos y la lucha de quienes se hicieron presentes, de la misma manera que lo es rebajar las penas. Aquellos días fueron fechas represivas, fue una masacre. 

El editorial asienta uno de sus hilos: agradecerle al diputado del PRO Fernando Iglesias por su exposición durante el homenaje legislativo a las víctimas lo que constituye, según La Nación, un “inmenso servicio histórico” al volver a hablar de un supuesto golpe de Estado, conspiración peronista o cómo sea que gusten tildar a un suceso que no fue. La política no se “desentendió” de lo que pudo haber planteado Fernando De la Rúa en relación a un complot para acelerar su salida del gobierno, sencillamente, porque es inexistente. Lo niegan extraños pero también propios. Los propios funcionarios de La Alianza, incluso Chrystian Colombo, jefe de Gabinete de aquel entonces y último hombre en retirarse de la Casa Rosada ese día. 

Al mismo tiempo, el tema no se “hallaba sepultado por el machacar constante” ni bajo un “manto de silencio”. Distintos sectores de la sociedad, organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos se movilizaron a lo largo de estos años para reclamar justicia, encabezados por las familias de las víctimas, que por cierto son 39. Más allá de otras variaciones, esa es la cifra tomada por las familiares a partir del trabajo realizado por Celeste, hermana de Claudio “Pocho” Lepratti, uno de los asesinados en Santa Fe. 

El editorial establece una relación forzada entre que “sólo cinco fueron en Ciudad de Buenos Aires” -Carlos Almirón, Gustavo Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Gastón Riva, ya que no los nombra en ningún momento- y un “injustificado” proceso contra Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad, y Rubén Santos, parte de la cúpula de la Policía Federal, a quienes coloca en el lugar de víctimas. El juicio aborda su responsabilidad como funcionarios por la muerte de Almirón, Lamagna y Riva, y se suman a la querella representantes de Alberto Márquez, asesinado posterior a la renuncia de De la Rúa, y de Gustavo Benedetto, fusilado por Jorge Varando, custodio del banco HSBC, a pesar de la confusión que busca plantear el medio. En algunos de los otros casos, y también de heridos, otros uniformados fueron condenados, sobreseídos o absueltos. Si en la mayoría no está esclarecida la responsabilidad material o penal, eso debe transformarse en una exigencia para con el poder judicial, que determinó y retrasó procesos individuales. No en un simple recuerdo exculpatorio ni mucho menos en darle crédito a Iglesias.

Por otro lado, La Nación busca deslegitimar el proceso judicial, para lo cual toma, no casualmente, los mismos argumentos que los acusados. “Aristas que no podrán ser pasadas por alto”, amenaza, aun cuando no son los planteos a definir. Primero, a partir del rol de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, alegando que ella dio las órdenes y presentando una filmación, que es pública y de hecho demuestra exactamente lo contrario. La magistrada pidió frenar la represión, lo que no resultaba “imprudente o inoportuno” sino más bien urgente, y fue ignorada por Santos y Mathov. La misma explicación brindó De la Rúa, principal responsable por haber decretado de manera ilegal el estado de sitio pero sobreseído por la Corte -dos de los votos fueron de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, aún hoy en el máximo tribunal-. 

Amenazas a la Corte

El editorial también alega, valiéndose de lo expresado por la diputada del Partido Obrero Romina Del Plá, que aquella tarde hubo francotiradores disparando “desde lo alto de edificios céntricos” y que nunca fueron identificados. No lo fueron porque tampoco los hubo, como prueban todos los peritajes llevados a cabo más allá del absurdo que representaba esa idea sin ninguna declaración que lo atestiguara. Esa fábula fue utilizada para intentar beneficiar a Varando, represor de la última dictadura, y tiene origen en un programa de televisión. En concreto, para la justicia está probado que Mathov y la cúpula de la Federal, es decir Santos, Raúl Roberto Andreozzi y Norberto Edgardo Gaudiero, ejecutaron la orden de liberar Plaza de Mayo.

La Nación asegura que atribuirles responsabilidad por “factor de contigüidad de personal policial” es equivocado porque no se identificaron autores de los disparos, sus armas, las  trayectorias y distancias, y que aún se discute si éstas eran convencionales o de fabricación caseras -también falso-. Es decir, llega al punto de deslindar a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad de la represión desatada. La investigación en la causa fue lenta y deficiente, de eso no hay dudas. Tampoco las hay sobre su responsabilidad, probada con detalle por llamadas, pericias y hasta testimonios policiales. No hubo insubordinados o uso inadecuado de las armas. Fue la represión de la protesta social, pero quienes armaron el editorial en ningún momento apuestan a plasmar lo demostrado en la causa.

El último argumento esgrimido es, otra vez, el que sostienen los responsables: la prescripción de la acción. Es, justamente, la apelación restante que debe decidir la Corte Suprema. La Nación remarca que se debió haber definido hace años. De nuevo, si una cualidad escaseó durante el proceso fue la celeridad, pero el recurso ya fue rechazado por el mismo tribunal al comisario Andreozzi. A su vez, en diferentes instancias ya se aclaró que la prescripción se suspende mientras haya oficiales imputados trabajando. No por nada pasaron veinte años y, además del expresidente, también falleció impune Ramón Mestre, su ministro del Interior. Son dos décadas sin justicia y La Nación sabe que, a derecho, el único camino que le queda a sus protegidos es la prisión efectiva. 

Por último, una nueva amenaza. Un apriete puro y duro. Confía en que sea la Corte, “último baluarte de la libertad, dignidad y honor ciudadanos”, la que emita juicio definitivo sobre un asunto que “no debió permanecer sin justicia por tanto tiempo”. Lo mismo esperan las familiares, aunque no en el mismo sentido de esa voluntad, evidentemente. Ya pasó mucho tiempo, el laberinto judicial hizo lo suyo, se rebajaron las penas. La prisión efectiva para los responsables vivos es una respuesta al derecho a la verdad de las familias y del pueblo.

La Nación mezcla provincias, fechas y procesos judiciales distintos y aporta información inexacta y falsa para confundir. Además, se monta sobre teorías conspirativas rechazadas por todos los protagonistas. Lo hace, por sobre todo, para presionar a la Corte Suprema de Justicia de La Nación -más allá del juego de palabras-. Así como esa es su costumbre, también lo es su práctica de adherirse a versiones policiales-estatales en casos de violencia institucional y nunca a la posición de las víctimas. Por eso el editorial es falaz y ofensiva para las mismas. Está clara cuál es su doctrina, que incluye presiones descaradas al poder judicial en el afán de un republicanismo que dicen defender.