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Violencia Institucional //// 03.05.2017
La ONU criticó con dureza la situación de Derechos Humanos en la Argentina

Entre los problemas señalados se encuentran: el hacinamiento en los lugares de encierro, la sistematicidad de la violencia ejercida contra las personas detenidas y la violencia policial que sufren ciertos grupos, entre otros.

Por Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Los días 26 y 27 de abril se evaluó el cumplimiento del Estado argentino de las obligaciones de la Convención contra la Tortura. En el diálogo con los representantes estatales, los integrantes del Comité de las Naciones Unidas expresaron preocupación sobre problemas graves como el hacinamiento en los lugares de encierro, la sistematicidad de la violencia ejercida contra las personas detenidas, la violencia policial que sufren ciertos grupos -como los varones jóvenes de barrios populares y el colectivo trans- la situación de las personas migrantes y las violencias contra las mujeres relacionadas con la criminalización y estigmatización del aborto.

Destacamos acá los temas que generaron mayor preocupación por parte del comité (conocido como el CAT):
 
Debilitamiento del proceso de memoria, verdad y justicia
Los expertos del CAT subrayaron la importancia del proceso de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado y pidieron información al Estado argentino sobre el debilitamiento de estructuras que colaboraban en la producción de información para los juicios. A su vez, transmitieron su preocupación por la lentitud de los procesos.

Sistematicidad de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes
Los integrantes del comité preguntaron al Estado por la situación de las personas detenidas como seguimiento de las observaciones del propio CAT en 2004 que remarcaron las prácticas habituales y generalizadas de tortura y trato inhumano en los lugares de encierro del país. Cuestionaron la persistencia de la sistematicidad de estas prácticas arraigadas en las rutinas de las fuerzas penitenciarias y de seguridad. Notaron las situaciones de violencia derivadas de las requisas invasivas, los traslados arbitrarios y el aislamiento prolongado como métodos de castigo colectivo.

También mencionaron el alto porcentaje de muertes en custodia asociadas a problemas del sistema de salud, en especial en psiquiátricos y destacaron la necesidad de implementar órganos de control como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

El Estado aceptó que es uno de los problemas más graves de derechos humanos y se comprometió a impulsar políticas para avanzar en la prevención y sanción. Sin embargo no aportó datos o políticas específicas para intervenir sobre este diagnóstico.

Altos índices de impunidad

Se llamó la atención sobre los altos índices de impunidad en casos de tortura y muertes en el encierro y el deficiente trabajo judicial, que ha llevado por ejemplo a que todavía no se haya realizado el juicio oral por las 33 muertes en el penal de Magdalena, después de 12 años de ocurridos los hechos. El Estado no informó al Comité datos de todo el país, ni mostró una evaluación sobre la efectividad de las investigaciones.

Grave aumento del encarcelamiento, hacinamiento, detención en comisarías y reformas penales regresivas 
Los expertos del CAT cuestionaron el constante crecimiento de la tasa de encarcelamiento que lleva al uso de dependencias policiales en forma permanente y a muy malas condiciones de detención. Exigieron que el Estado explique este importante aumento de la tasa de encarcelamiento (la población detenida se incrementó un 145% entre 1997 y 2015) y preguntaron por el uso abusivo de la prisión preventiva. La preocupación por este tema fue central para advertir sobre la relación entre el hacinamiento y los altos niveles de violencia, torturas y malos tratos. 

El Estado reconoció la situación de sobrepoblación pero al mismo tiempo justificó las reformas penales impulsadas como la de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, entre otras, por razones de seguridad. Los miembros del comité señalaron que estas medidas contradicen las Reglas Mandela e impactarán en la grave situación de hacinamiento ya existente.

Para enfrentar el problema de la sobrepoblación el Estado anunció un plan de construcción de cárceles ambicioso. Sin embargo, el Relator para la Argentina del comité planteó que con el ritmo actual de crecimiento de la tasa de encarcelamiento no bastaría con nuevas instalaciones si no se aborda el tema de fondo. Un punto particular fue la exigencia para que el país desarrolle metodologías claras para determinar la verdadera capacidad de los lugares de detención de acuerdo con los estándares internacionales.

Violencia policial contra jóvenes en contexto de detenciones sin orden judicial
En la evaluación se remarcaron las situaciones de uso irracional de la fuerza y hostigamiento policial contra jóvenes pobres de manera rutinaria, que en algunos casos extremos llegan a desapariciones forzadas. Se mencionaron casos de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Se señaló que es una problemática especial asociada a las detenciones administrativas sin orden judicial y sin control posterior.

Problemas en la implementación de la Ley nacional de salud mental
Se remarcaron las situaciones de violencia y pésimas condiciones de detención en neuropsiquiátricos así como el alto índice de muertes. Prácticas de sobremedicación, electroshock, sujeciones, abusos sexuales y violencia del personal de salud. En este punto se destacó la emergencia de salud de la Provincia de Buenos Aires que alcanza a dos de los hospitales psiquiátricos más importantes del país.

Impactos negativos de la reforma migratoria

Los miembros del comité se mostraron preocupados por la reforma de la Ley de migraciones por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017. Comentaron al Estado que la reforma debilita el debido proceso de los trámites de expulsión y favorece el hostigamiento policial al asociar la migración con la delincuencia.

Dificultades para acceder al aborto legal y violencia de género

El comité manifestó su preocupación por los obstáculos que impiden el acceso a los abortos legales, así como la persecución a las mujeres que al buscar asistencia médica post aborto son sometidas a malos tratos y torturas. En ese sentido se mencionó el caso de “Belén”. En relación con la violencia de género, y en particular los femicidios, el comité solicitó mayor información sobre las medidas concretas que el Estado está tomando, en especial acerca de la aplicación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres. Los expertos del comité también se refirieron a la situación de las mujeres privadas de su libertad y recogieron la preocupación por el acoso creciente hacia la población de personas trans y travestis.

Falta de un sistema efectivo de compilación de datos

Los miembros del comité destacaron la falta de rigor en la obtención de datos estadísticos. No se sabe cuántos detenidos hay en la Argentina. No hay organismo nacional que centralice la información sobre las personas privadas de libertad y los hechos de tortura y malos tratos tal como el CAT recomendó en 2004.

Las observaciones finales del comité se conocerán el próximo 11 de mayo. El CELS entregó al CAT un informe alternativo, su resumen ejecutivo y dos informes elaborados con otras