"La ley de derribo introduce por la ventana la pena de muerte"

Por Esteban Rodríguez Alzueta*

Desde hace varias semanas el gobierno nacional viene tirando leña al fuego. Los despidos masivos en el Estado y las amenazas en el sector privado; la estigmatización y persecución ideológica a la militancia; la detención de la líder de Tupac Amaru y represión a la protesta social; la devaluación, la eliminación de subsidios, la escalada de los precios y la pérdida de la capacidad de consumo; la eliminación de las retenciones al campo y la apertura de las importaciones, estas entre otras medidas que suponen una transferencia de riqueza de los que menos tienen a los que más tienen, necesitan, como contrapeso, otras lo suficientemente espectaculares para interpelar las fantasías de los argentinos y correr el centro de atención.

 El truco es conocido: Cada vez que se agitan fantasmas en este país se busca desplazar la cuestión social por la cuestión policial. Esta vez se trata del narcotráfico. Estas son algunas de las declaraciones del Presidente: “El narcotráfico avanzó por inacción o complicidad del gobierno anterior.” “El tema del narcotráfico no es un tema de una provincia, nos afecta a todos”. “No vamos a mirar para el costado, vamos a enfrentar el tema con todas nuestras fuerzas.” El narcotráfico, o mejor dicho, “el flagelo de la droga”, “una lucha sin cuartel”, permite, por un lado, la construcción de nuevos chivos expiatorios, y por el otro nos asocia al lenguaje castrense que reintroduce la lógica de la guerra amigo-enemigo. En efecto, la persona que comete un delito puede ser visto ahora como un enemigo (otro absoluto) y, por tanto, no merece la hospitalidad (o cobijo) o comprensión sino la hostilidad (la guerra). Prueba de ello es el contenido del decreto 228 que firmó Macri la semana pasada.

Nuevamente, y por decreto de necesidad y urgencia, es decir, salteando el debate parlamentario, se declara la emergencia nacional en seguridad pública por 365 días. Una medida susceptible de ser prorrogada por igual plazo, es decir, el tiempo suficiente que demanden las contrataciones directas que habilita el decreto. La medida se adopta sin un diagnóstico integral elaborado a partir del análisis de la inteligencia desarrollada sobre la criminalidad compleja; sin hacer ninguna distinción entre el comercio exterior y el tráfico local de drogas, es decir, confundiendo el universo transa con los carteles de droga. Una medida, entonces, que se adopta en base a documentos e informes elaborados por otras agencias internacionales, muy leídos y propalados por determinados sectores de la prensa nacional y algunos emprendedores morales que vienen metiendo miedo a los argentinos. Es el caso, por ejemplo, de Sergio Berensztein, coautor con Eugenio Burzaco de “El poder narco”, que viene auspiciando la intervención ordenada y preparada, puntual y prolija de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la droga; o la socióloga Laura Etcharren, autora de “Esperando las maras”, que anda de gira por el país anunciando que llegaron estas pandillas a la Argentina, y señalando al narcomenudeo como el principal problema.

Los motivos que arguye el gobierno para declarar la emergencia están delimitados por el tráfico de drogas y todo lo que envuelve: el contrabando de armas, la asociación ilícita, la financiación del terrorismo. En el marco del Operativo Frontera, que reemplazará a Escudo Norte, se introducen tres novedades: primero la radarización total de las fronteras; segundo, la implementación de la Ley Derribo; y tercero, la introducción de las FFAA en la lucha contra la droga. Voy a referirme a estas dos últimas medidas porque la radarización es un proceso en marcha, casi completo, que se viene llevando a cabo desde las gestiones anteriores, con investigaciones y tecnología nacional, homologadas por la Dirección de Tecnología de la Fuerza Aérea. INVAP y la provincia de Río Negro proveen no sólo los radares prototipos secundarios sino los primarios o de largo alcance en 3D. A no ser que el gobierno esté pensando en frenar también este proceso y hacer sus propios negocios con proveedores privados (Northrop Grumman, por ejemplo) que cuentan con el aval de la embajada de los EEUU. 

Con la ley de derribo se introduce por la ventana la pena de muerte, violando no sólo la Constitución Nacional sino todos los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina suscribió. Una pena, incluso, que se impondrá sin respetar ninguna garantía procesal, es decir, sin juicio previo, ni derecho de defensa, desconociendo la presunción de inocencia. Un castigo expeditivo, sumarísimo, como el gatillo fácil. Pero esta vez le corresponderá a las fuerzas armadas identificar, intimidar y hacer uso de la fuerza como último recurso a vectores incursores en el espacio aéreo. Serán declaradas “hostiles” aquellas naves que tengan entidad suficiente para “perturbar, poner en riesgo o causar daño en el territorio nacional”. Una medida que no existe en Europa, que EEUU promovió para los países latinoamericanos. La tienen pero no la usan y cuando la aplicaron se arrepintieron y por eso jamás volvieron a emplearla. Me refiero a Perú, Colombia, Brasil y México.

Segundo, con la intervención de las FFAA en el conflicto, se desoye un debate que demandó varias décadas entre los distintos partidos políticos y organizaciones de DDHH. Un debate tan caro a los argentinos, producto de la historia que nos tocó, que se saldó con la distinción tajante entre seguridad interior y defensa nacional. Si la primera es una tarea que incumbe exclusivamente a las fuerzas policiales (PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA), la segunda a las fuerzas militares. Son dos tares diferentes con objetivos muy distintos, cada una con su propio marco regulatorio. No se puede confundir la criminalidad compleja con la defensa de la soberanía. El decreto, por el contrario, se pone a tono con lo que viene promoviendo los EEUU: el policiamiento de las fuerzas militares y la militarización de las fuerzas de seguridad. Este desdibujamiento se viene realizando en el marco de la lucha contra el terrorismo y la guerra a la droga. No es casual que en el decreto de Macri se haga expresa mención ambos conflictos. EEUU es el principal promotor de la confusión entre lo policial y lo militar, un fenómeno que podemos verificarlo en las paradójicas “misiones de paz” y en las guerra de baja intensidad que decide unilateralmente en “defensa de la democracia”. Se trata de nuevas formas de combate urbano llevadas a cabo con acciones micro-tácticas y rizomáticas inspiradas en la guerra de guerrilla, con amplio despliegue de tecnología de apoyo, acciones rápidas y simultáneas tipo enjambre, sin ocupación del territorio en cuestión. La idea es entrar y salir, pero golpeando y destruyendo. Una dominación desterritorializada y de ocupación mediante la desaparición. 

El gobierno dice ya tener un enemigo principal. Lo hace para diferenciarse de los gobiernos anteriores pero también haciendo un guiñe al massismo, porque cree que es políticamente rentable, y para congraciarse con la agenda securitaria elaborada por otro país con intereses y finalidades que no son los nuestros. Lo hace al mismo tiempo que promueve en la función pública a empresarios y a abogados de bancos sospechados de lavar el dinero proveniente del narcotráfico; de querer intervenir el Ministerio Público donde se viene investigando la ruta del dinero de la droga; y de reclutar a policías y militares retirados con dudoso prontuario, sospechados de haber hecho inteligencia política, para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Es el caso de María Eugenia Talerico, ex socia de Diego Richard, abogado del ex jefe de la Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, en la causa que investiga las escuchas ilegales por la cual Macri estaba procesado hasta hace unas semanas atrás. Talerico, que ahora está al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), la oficina anti-lavado, fue hasta su nombramiento, la abogada del banco HSBC, una entidad financiera sospechada y denunciada acá y en otros países de cometer varias irregularidades para fugar divisas y blanquear activos de dudosa procedencia. Y también el caso del abogado Nicanor Moreno Crotto, flamante coordinador de Asuntos Legales de la Jefatura de Gabinete de Presidencia de la Nación, que está denunciado por la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) por estar involucrado en maniobras fraudulentas llevadas adelante a través de la firma uruguaya Snowy SA. Con este staff difícilmente Macri pretenda seguir la ruta del dinero, antes bien seguirá la ruta de la droga, una cadena que se cortará, otra vez, en el eslabón más delgado. Ni siquiera está entre sus planes atacar la corrupción policial, una tarea que implica disponer controles externos, desarrollar políticas de transparencia en la producción de la información y el gobierno político de las fuerzas de seguridad. Tareas que no fueron objeto de la emergencia. Está visto que nuevamente serán los actores más débiles de la cadena, una cadena que ni siquiera controlan (los dealers, los consumidores), el objetivo favorito de esta declaración de guerra.    

Con todo, Argentina se suma a la guerra contra la droga, después de 20 años de fracaso en la región de la estrategia militar. La militarización del conflicto lejos de llevar tranquilidad a la sociedad civil, multiplicó las violaciones de derechos humanos, expandió y agregó violencia a otras conflictividades sociales. Estamos cada vez más cerca de reproducir los mismos “errores”. “Errores” que no serán gratuitos, que contribuyeron incluso a expandir los mercados ilegales que -se dice- pretende combatir.

*Docente e investigador de la UNQ y la UNLP. Autor de “Temor y control”. Integrante de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional y el CIAJ, colectivo de derechos humanos de la ciudad de La Plata.