La familia Grillo denuncia intento de encubrimiento de las fuerzas de seguridad

A más de un año de la represión del 12 de marzo de 2025, los familiares del fotoperiodista Pablo Grillo aseguran que Gendarmería y la Policía Federal omitieron información clave de los registros oficiales. Se “omitió de manera insólita la hora exacta del ataque en sus reportes”, expresaron los allegados del joven a través de un comunicado. Denuncian un posible intento de encubrimiento y reclaman que se investiguen las responsabilidades políticas y de la cadena de mando.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los allegados de Grillo, gravemente por un gendarme, publicaron el viernes pasado distintos documentos informando acerca del estado actual de la causa que lleva adelante la jueza federal María Servini de Cubría. La familia sostiene que se están ocultando comunicaciones y registros, y cuestionan abiertamente el posible encubrimiento.

La misiva de la familia expresa un profundo malestar por la falta de claridad en la investigación judicial. En este contexto, hacen un llamado a la solidaridad ciudadana y mantienen la convicción de que, pese a los obstáculos, el esclarecimiento de los hechos es posible. El comunicado concluye con una firmeza: “El que nada teme nada oculta”, en un claro desafío a las autoridades para que actúen con honestidad y permitan que la justicia siga su curso. Por último, afirman que el fotógrafo está mejorando, a pesar del dolor. 

Por otra parte, el documento del CELS ofrece una detallada cronología del caso. Recuerda que el 12 de marzo de 2025, Pablo Grillo, fotorreportero de 40 años, se encontraba cubriendo una manifestación de jubilados frente al Congreso Nacional cuando recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme. El proyectil impactó en la parte frontal de su cabeza, provocándole fractura de cráneo, hematomas subdurales y pérdida de masa encefálica.

La represión comenzó una hora antes del inicio de la protesta, sin que se registraran actos de violencia por parte de los manifestantes. El accionar se justificó bajo el “Protocolo antipiquetes” (Resolución 943/23), cuestionado por su inconstitucionalidad. Las pericias determinaron que las lesiones pusieron “real y concretamente” en peligro la vida del joven, que permaneció casi tres meses en terapia intensiva y continúa en rehabilitación con pronóstico reservado. 

La investigación judicial, que ya lleva más de un año, logró identificar al responsable material del disparo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero. La familia de Grillo se presentó como querellante con el patrocinio de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el CELS. Además, se logró establecer que Guerrero efectuó al menos seis disparos en ángulo horizontal y en dirección a manifestantes, práctica terminantemente prohibida por los protocolos nacionales e internacionales.

Las pericias balísticas y audiovisuales determinaron que el disparo que impactó a Grillo viajó a 280 km/h en trayectoria recta, descartando la versión oficial de un supuesto rebote. No obstante, la pesquisa administrativa interna de Gendarmería cerró el caso sin reproches disciplinarios en tiempo récord, responsabilizando a la víctima y construyendo una narrativa corporativa para garantizar la impunidad de sus efectivos. 

En octubre de 2025, la jueza Servini procesó a Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en cinco oportunidades, imponiéndole un embargo y la prohibición de salida del país. La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el fallo por unanimidad en diciembre, destacando que los disparos fueron deliberados y que Guerrero conocía plenamente la peligrosidad de su conducta. En su voto, el magistrado Roberto Boico enfatizó que el derecho a la protesta es central para la democracia y que el Estado debe protegerlo, no reprimirlo. 

En la actualidad, la causa se encamina a juicio oral, mientras la querella insiste en investigar a la cadena de mando, incluyendo a la entonces ministra Patricia Bullrich, y en esclarecer las irregularidades en la entrega de pruebas audiovisuales por parte de Gendarmería y la Policía Federal.