Córdoba: conflicto socioambiental y encubrimiento estatal que llegan a la CIDH

En el barrio San Antonio, al sur de la Ciudad de Córdoba, a fines de los años 90 funcionaba una destilería artesanal de pequeña escala. En 2012, dicha empresa comenzó a expandirse de forma intempestiva hacia terrenos aledaños hasta constituirse en una planta industrial de bioetanol. Desde entonces, la comunidad local reclama por distintos motivos sin respuesta estatal alguna, por lo que terminó llegando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La empresa Porta Hermanos, a cargo del bioetanol, combustible de alta inflamabilidad, alteró de formas diversas la vida en comunidad. Las quejas fueron en ascenso: mal olor, vibraciones en las paredes y, sobre todo, problemas de salud -afecciones oculares, dérmicas y digestivas-. Ante la falta de respuesta oficial, las vecinas demandaron al Estado en 2016, con la firma como tercero interesado. Las sentencias en primera y segunda instancia exigiendo una Evaluación de Impacto Ambiental se acumularon entre 2018 y 2023. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente de Córdoba se negó sistemáticamente a cumplir con dicha resolución. 

Tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que evitó expedirse sobre el fondo de la cuestión, y con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, entre otras organizaciones de la sociedad civil, formalizaron el reclamo ante la CIDH. Ya en instancias judiciales internacionales, al no haber recibido descargo por parte del Estado argentino en plazos legales, le otorgó número de caso al expediente y habrá cuatro meses para presentar distintas observaciones que se consideren pertinentes. 

Con todo, son casi quince años de laberintos judiciales sin dar soluciones. La Evaluación de Impacto Ambiental está contemplada como procedente en la Ley Provincial 10.208, que exige diagnóstico de riesgos, perspectiva interdisciplinaria y obligatoriedad de audiencias públicas. Por el contrario, los distintos ejecutivos que fueron pasando -alineados políticamente- optaron por auditorias internas que derivan en “trámites administrativos” a puertas cerradas. 

Para peor, ante la falta de controles públicos, siempre ha sido la propia comunidad la que financió los diversos estudios para dimensionar las circunstancias en las que estaban. Dichas investigaciones evidenciaron, por un lado, un riesgo de daño equivalente a entornos químicos de alta peligrosidad y, por otro, volúmenes de combustible almacenados que superan enormemente los límites permitidos para una zona urbana residencial. “Si llega a haber un incendio, no sabemos qué pasa (…) Es una bomba de tiempo y no hay un protocolo de evacuación público”, señala Ananda Lavayén, abogada de la Fundación. 

El caso se empantanó, según denuncian, por resoluciones que beneficiaban de manera reiterada a la empresa, lo que hoy está bajo investigación judicial y busca determinar conexiones. Los camaristas federales Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi están imputados por presuntas dadivas por haber realizado viajes privados al exterior con Airjet SA, con vínculos societales con Porta Hermanos. “Hay encubrimiento estatal que vulnera los derechos humanos de los vecinos”, aseguró Lavayén.

En esta instancia, el conflicto socioambiental parece haber alcanzado un punto de no retorno. No hay razón para estimar que una nueva resolución de Cámara Federal llevará a cumplir con las evaluaciones requeridas, ni que la investigación paralela modifique posturas ejecutivas. Son casi quince años de riesgo sanitario y complicidad gubernamental, mientras la planta sigue operando con normalidad. La salud pública subordinada a intereses corporativos es otra de las caras de la violencia institucional, sostenida por el abandono estatal y la connivencia judicial. Las vecinas no sólo buscan justicia en tribunales internacionales sino también sentar un precedente para otras comunidades.