Tucumán: gremios en alerta por la ley Antiterrorista

En La Gaceta l Por ahora, la polémica ley Antiterrorista no fue aplicada en Tucumán. Sin embargo, algunos sindicatos tucumanos ya declararon el estado de alerta permanente por la norma, que fue aprobada por el Congreso de la Nación el año pasado.  

La legislación es producto de una modificación llevada a cabo en diciembre en el parlamento nacional. El diputado nacional Alfredo Dato explicó por qué se la sancionó. "Fue una exigencia del GAFI (siglas de Grupo de Acción Financiera Internacional) para que Argentina no fuera incluida entre los países considerados sospechosos, y que involucraba, entre otras medidas, la exclusión del G-20. Esta es una condición política que se debe merituar", señaló el diputado oficialista.

La norma modificó el Código Penal para crear un nuevo artículo (el Artículo 41 quinquies), que establece: "cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo". Pero, a su vez, aclara que estos agravantes no podrán ser aplicados cuando los hechos tuvieren ocasión e el marco del ejercicio de derechos humanos, sociales y/o constitucionales. "Esto es algo muy importante, que también debe ser considerado", indicó Dato.

Sin embargo, no todos realizan la misma lectura con respecto a la norma. El diputado radical Juan Casañas dijo que, en realidad, el país necesita leyes para combatir el narcotráfico, la corrupción y otros delitos que afectan al Estado. "En Buenos Aires ya se detuvo a jóvenes de la UCR que realizaban una protesta, bajo la excusa de que la ley Antiterrorista no permite ese tipo de manifestaciones", dijo. Y aseguró que muchos jueces federales trabajan bajo presión. "La interpretación de qué es un acto terrorista es subjetiva; considero que no había urgencia por aprobar esta ley como se lo hizo. Incluso hay muchos intelectuales del kirchnerismo que no están de acuerdo con ella, salvo los que son ’utra k’", afirmó.

En ese sentido, los gremios tucumanos están preocupados por la situación. Salvador Agliano, titular de la CTA local, dijo que el viernes se realizó un acto en el centro del que participaron ambientalistas de Famatina y Chilecito (La Rioja), donde -según afirman- ya hubo manifestantes detenidos por aplicarse la ley Antiterrorista. "El objetivo de esta norma es la criminalización de la protesta, todo en un contexto donde el Gobierno nacional realiza ajustes, les pone tope a las paritarias y se realiza un incremento en las tarifas, entre otras medidas que afectarán a los trabajadores", señaló Agliano. El dirigente había presentado, junto con otras organizaciones, un recurso de hábeas corpus ante la Justicia Federal local, en el que también requería que se marque la inconstitucionalidad de la norma. "Es una contradicción que se haya resuelto no tratarlo como una cuestión de feria, por lo que ahora llevamos el planteo a la Cámara de Apelaciones. Esperamos que la Justicia se expida pronto, porque es una cuestión urgente y alarmante", expresó el sindicalista.

Daniel Ibarra, secretario del concejo directivo provincial de ATE, señaló que confía en que el Gobierno nacional mantendrá una política que garantice los derechos humanos en general y de los trabajadores en particular. "Pensamos que no se la utilizará para cortarnos la libertad sindical o para perseguirnos. Sin embargo, esta ley nos tiene preocupados a todos los sectores. Tenemos miedo de que caiga en manos de fiscales o jueces que no tengan la misma postura del Gobierno. No olvidemos que hay provincias donde personajes que vienen de la dictadura militar tienen cargos públicos", expresó Ibarra. Además, dijo que están estudiando la norma para ver los pasos a seguir. "Mientras tanto, estamos en estado total de alerta por este tema", indicó.

Los gremios locales, además, destacaron que están aguardando los pasos que tomen los representantes nacionales. Si la situación justifica una movilización masiva, ellos dicen que estarán presentes.

Ley Antiterrorista: El Habeàs Corpus no serà tratado en la feria judicial

El juez federal de Tucumán Daniel Bejas rechazó tratar durante la feria judicial el pedido de hábeas corpus interpuesto por una veintena de organizaciones y dirigentes sociales, políticos y gremiales de la provincia contra de la llamada Ley Antiterrorista.

Respecto del Habeas corpus y pedido de inconstitucionalidad de la ley antiterrorista presentado en la Justicia Federal, el Juez Federal Daniel Bejas decidió no resolver sobre el fondo de la cuestión, porque consideró que el Habeas corpus no constituía una cuestión de feria judicial.-

Esta decisión no deja de llamar la atención, dado la urgencia y la importancia que tiene siempre un habeas corpus en virtud de su calidad de garantía constitucional ante cualquier tipo de lesión, restricción o amenaza a la libertad física de las personas.-
Ante esta situación se ha presentado un recurso de apelación para que se revise la sorpresiva resolución del juez.
El titular de la CTA tucumana, Salvador Agliano, el principal impulsor de la demanda contra la ley antiterrorista, explicó que el juez consideró que la cuestión “no ameritaba que sea tratada durante la feria judicial de verano por lo que quedó reservada para cuando la actividad se reanude normalmente en los tribunales”.
La presentación tiene, como planteo de fondo, el pedido de que se declare la inconstitucionalidad de la norma cuestionada. “La sorpresiva decisión del juez no deja de llamar la atención dada la urgencia y la importancia que tiene siempre un hábeas corpus, en virtud de su calidad de ser una garantía constitucional ante cualquier tipo de lesión, restricción o amenaza a la libertad física de las personas, extremos que se dan en este caso”, argumentó.
Agliano adelantó que presentó un recurso de apelación para que se revise la resolución judicial.
 La ley 26.734 contempla la modificación de varios artículos del Código Penal vinculados con actividades que podrían aterrorizar a la población, pero la falta de precisión sobre el tipo de acciones a las que se refiere es lo que inquieta a las organizaciones sociales.
Uno de los artículos incorporados al Código Penal establece el incremento de penas “cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
El texto fue convertido en ley el 22 de diciembre en el Senado y fue promulgado por la Presidenta, en un contexto de rechazo de distintas organizaciones que realizaron movilizaciones para manifestar su malestar