“El gobierno desmantela las partes del Estado que resguardan la seguridad vial”

La organización "Víctimas, familiares, amigos y sobrevivientes de siniestros viales de la  República Argentina", dieron a conocer un comunicado manifestando su repudio a las medidas del gobierno del presidente Javier Milei que tienen por objeto el “desmantelamiento de las herramientas del Estado para resguardar la seguridad vial”.

Entre ellas, el espacio señaló como la más preocupante el cierre de la Agencia de Seguridad Vial.  El documento describió la medida como “un golpe brutal, una traición a la memoria de quienes perdieron familiares y amigos en las rutas y calles y un desprecio absoluto por la vida de los argentinos”. La agencia ha funcionado como un pilar fundamental para prevenir tragedias, educar, controlar y sancionar conductas irresponsables al volante.

Además, reclamaron el cumplimiento de la Ley Nacional de tránsito que establece que la seguridad vial puede y debe considerarse como parte del derecho a la protección del ciudadano. Entre esas obligaciones que debe asumir el Estado se encuentran: mantener infraestructura vial adecuada (señalización, iluminación, rutas en buen estado), Fiscalizar el cumplimiento de las normas (controles de velocidad, alcoholemia, etc.), promover educación vial en escuelas y campañas públicas.

También le demandaron al gobierno se haga cargo de sus obligaciones. En no pocos fallos judiciales, la Justicia ha reconocido que el estado puede ser responsable por accidentes viales causados por mala señalización o caminos en mal estado (ejemplo: fallos basados en "mala administración" o "omisión de funciones"). Con la suspensión de la obra pública al comienzo de la administración Milei muchas rutas ya muestran el deterioro causado por la falta de mantenimiento aumentando mucho el riesgo de accidentes. La responsabilidad por omisión también puede ser objeto de reclamo al Estado.

En este mismo sentido, desarrollaron una fundamentada crítica al Decreto 461/2025 que estableció la disolución de tres organismos clave vinculados a la infraestructura vial y la seguridad en rutas de Argentina: la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Según el texto oficial, las funciones críticas de estos entes se transfieren al ámbito del Ministerio de Economía y a nuevos o reestructurados organismos. En particular, la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (surgida de la reorganización de la CNRT) asumirá la fiscalización de concesiones viales y ferroviarias, mientras que la Secretaría de Transporte (dentro del Ministerio de Economía) absorberá las tareas normativas, estadísticas y administrativas de seguridad vial que realizaba la ANSV. A su vez, la Gendarmería Nacional Argentina se hará cargo del control operativo del tránsito en rutas nacionales, rol previamente desempeñado por la ANSV. Esta decisión se enmarca en un plan general de "reducción del gasto público y modernización del Estado" impulsado por el Gobierno nacional. Los fundamentos oficiales argumentan que estos organismos presentaban "estructuras sobredimensionadas, con duplicación de funciones y falta de eficiencia" en la gestión de proyectos, lo que supuestamente derivan en altos costos operativos. En el caso de Vialidad Nacional, se alude a décadas de presunta corrupción en la obra pública y a la idea de que la gestión privada de las rutas (vía concesiones) sería más ágil y económica que la estatal.