La decadencia de la escuela pública porteña

Esta semana, en el marco de un conflicto docente nacional, el gobierno de Mauricio Macri decidió cerrar 221 cursos en escuelas de la Ciudad. El Jefe de Gobierno porteño esgrimió en declaraciones a Radio Mitre que “la educación pública está en decadencia”, y que por ello crece la migración de alumnos de escuelas del Estado a las privadas. Macri agregó que este fenómeno se da sobretodo en la zona norte de la Ciudad, donde, según el Jefe de Gobierno porteño, “los padres optan cada vez más por la educación privada”.

Al respecto, el legislador porteño por el FpV, Tito Nenna, afirmó: “Cerrando 143 cursos de primaria, 53 de media y 25 de técnica, Mauricio Macri amuralla la educación pública y beneficia a la escuela privada”.

La diputada porteña por Proyecto Sur, Laura García Tuñón, quien el miércoles pasado elevó un proyecto de ley para que el ministro Esteban Bullrich dé explicaciones en la Legislatura, definió el pasado jueves: “es lógico que muchos padres opten por inscribir a sus hijos en escuelas privadas porque esa es la concepción que tienen: el espacio público es para los pobres, mientras que los sectores medios y altos, que pueden pagar el colegio, reciben educación privada y de calidad. Así, con la consolidación de la educación privada, se produce un deterioro de lo público”.

La medida, que supone el cesanteo de cientos de docentes, se enmarca en una política sostenida de discriminación y desfinanciamiento de la escuela pública que el Jefe de Gobierno lleva adelante desde el inicio de su gestión en la ciudad.

En 2008, el Ministerio de Educación porteño decidió recortar la cantidad de becas que se venían otorgando en años anteriores a casi el 50 por ciento. La medida provocó tomas de escuelas y movilizaciones estudiantiles. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad analizó las 33.728 solicitudes rechazadas y encontró que casi el 60 por ciento pertenecía a chicos de hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. La legislatura de la Ciudad sancionó un nuevo régimen de becas, a través de la Ley 2917, que apaciguó el conflicto, aunque los problemas persisten: tanto en 2008 como en 2010, la Defensoría del Pueblo de la ciudad denunció que el gobierno evita la difusión del programa, hay pagos atrasados y los formularios de solicitud, lejos de alentar, disuaden.

En el invierno de 2010, más de veinte establecimientos educativos fueron tomados por los estudiantes en reclamo de inversión en infraestructura y mayor presupuesto para viandas y becas. Las tomas comenzaron poco después de que en algunos establecimientos como el colegio Otto Krause y el Mariano Acosta, literalmente, se cayeran paredes y mampostería sobre los alumnos. La respuesta a la emergencia edilicia se hizo esperar, y el plan de lucha de estudiantes, docentes y padres se extendió durante un mes. Mientras tanto, el macrismo propuso una solución policial a un conflicto estudiantil; el Gobierno de la ciudad instó a los directores de las escuelas tomadas a hacer la denuncia en la comisaría adjuntando una lista identificando a los jóvenes participantes. La confección de estas listas negras fue denunciada por la comunidad educativa y repudiada por la Defensoría del Pueblo porteño, que la calificó de inconstitucional.

Macri aplicó la misma receta tiempo después para reprimir una protesta docente de tres días: a través de 210 auditores instruidos por la Sindicatura General, el Gobierno porteño salió a “fiscalizar” las ausencias en las escuelas, a fin de establecer quiénes se adhirieron y aplicar descuentos por los días de huelga. Tras la denuncia de la Defensoría del Pueblo, se dio marcha atrás con la medida.

Los métodos persecutorios y policiales fueron acompañados por medidas de menos impacto mediático. Eduardo López, Secretario general UTE-Ctera, denunció tiempo atrás el desmantelamiento de la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad, donde se cerraron cursos con temáticas ligadas a derechos humanos, memoria e historia argentina reciente, y se incorporaron otros, como “Medios de comunicación y valores” dictados por la Fundación Noble, y “El docente actual frente al fenómeno de la drogadicción”, dictado por la Policía Federal Argentina. En esas mismas declaraciones, el Secretario repudió la iniciativa macrista de instalar un sistema de evaluación docente, similar al chileno, que premia a los docentes que se capaciten utilizándola como moneda de cambio en la negociación salarial.  “Reafirmamos nuestra posición de que la formación continua de los trabajadores de la educación debe ser una política de Estado que llegue al conjunto de la población docente, y sea, fundamentalmente, estatal, gratuita y en servicio”, sostuvo López.

Estas y otras medidas tomadas por el PRO se encolumnan en una política de desfinanciamiento y desinversión de la escuela pública porteña que el macrismo sostiene desde hace más de cuatro años. El presupuesto que destina la gestión PRO a la educación privada se acerca al doble de lo que era cuando asumió Mauricio Macri, en tanto que los fondos para infraestructura de escuelas públicas se reducen a menos de la mitad: el presupuesto 2012 recorta aproximadamente un 3% la inversión para infraestructura en escuelas públicas mientras aumenta un 32% los subsidios a las escuelas privadas. El presupuesto que destina el gobierno porteño a la Educación Especial fue reducido en un 40 por ciento con respecto al del Presupuesto 2011, y hay recortes significativos en viandas y becas.

Un estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció que el gobierno porteño subejecutó el presupuesto educativo y determinó que la inversión por alumno de escuelas de barrios del sur puede llegar a ser 14 veces menor que el de barrios del norte don, según palabras del propio Jefe de Gobierno, la migración de la escuela pública a la privada es cada vez mayor. Así, por cada alumno que vaya a la escuela pública en los barrios de Constitución o Monserrat, la Ciudad de Buenos Aires invertirá en infraestructura la quinta parte de lo que le tocará a su par de Belgrano o Núñez. Al respecto, la ACIJ advirtió que el sistema “el sistema refuerza inequidades educativas”.

“La gestión de Mauricio Macri pretende que la educación deje de ser un derecho y se convierta en un privilegio de pocos en la Ciudad”, sintetiza Nenna a través de su cuenta de Twitter.

Al momento de presentar el presupuesto ante la Legislatura, el Ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, sostuvo que la matrícula en las escuelas públicas creció casi al mismo nivel que en 1999, cuando había 320.000 chicos inscriptos. La cifra rectifica, una vez más, los dichos del Jefe de Gobierno porteño y refuerza la urgente demanda de sanear el sistema educativo, brindar educación pública de calidad y reivindicar los derechos sociales vulnerados.