Capital: un fallo obliga a Macri a tener un plan de vivienda para los sin techos

El pasado martes un fallo de la Corte Suprema de Justicia le ordenó al gobierno de la Ciudad brindar una solución habitacional definitiva a una mujer sin recursos con un hijo discapacitado. La Corte Suprema sostuvo en el fallo que "si bien no hay un derecho a pedir una vivienda, existe una garantía mínima para las personas que afrontan situaciones de extrema vulnerabilidad". Asimismo, en dicho documento, los magistrados obligan al Estado porteño a adoptar, de una vez por todas, políticas de vivienda que brinden una solución habitacional a las personas sin techo, diferentes a las implementadas hasta el momento.

El fallo de la Corte es especialmente relevante porque desestima un criterio que había impuesto el Tribunal Superior de Justicia porteño, en el fallo por el caso Alba Quintana, donde establecía que los paradores constituían una solución habitacional. Esta jurisprudencia era un obstáculo para las demás denuncias y reclamos.

El caso de Sonia Yolanda Quisberth Castro y su hijo, que padece encefalopatía crónica, volvió a poner en el centro del debate la deficiente política habitacional (la no-política) del actual Jefe de Gobierno, frente a un problema que aqueja, aproximadamente, a 500.000 porteños.

En ese sentido, María Elena Naddeo, legisladora por el Frente Progresista Popular, denunció tras el fallo que el Instituto de Vivienda de la Ciudad ha ejecutado el año pasado menos del 40 por ciento de su presupuesto. “En este caso, el IVC debió otorgar una solución habitacional para la madre y su hijo, pero es tan poco lo que construye que no tiene disponibilidad”, agregó la legisladora, integrante de la Comisión de Vivienda, en declaraciones al diario Página 12.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que monitorea desde hace años el instituto, advirtió en su último informe (“El IVC frente a las Villas de la Ciudad; poco derecho y mucha discrecionalidad”) que con la administración de Macri se profundizó el déficit habitacional, se subejecutó presupuesto y la mayoría de las obras previstas se retrasaron, realizaron mal o quedaron suspendidas. En 2006, la ciudad previó un presupuesto de $ 379 millones para el IVC, lo que equivalía al 5,1% del total. Sin embargo, a partir de 2007, año en el que el ingeniero Macri se hizo cargo del gobierno, la plata dirigida a la vivienda social empezó a caer estrepitosamente y, a la fecha, el porcentaje destinado a viviendas sociales se ha reducido a más de la mitad.

Puntualmente, en 2009, Macri decidió reducir el presupuesto del IVC de 519 a 120 millones, de los cuales 80 correspondían a sueldos. Un informe de ese año del equipo del legislador por Nuevo Encuentro Gonzalo Ruanova señala que durante esos primeros tres años de la gestión macrista se derivaron 591 millones de pesos que debían destinarse a vivienda a otras áreas. El citado informe agrega que, mientras en el año 2006 el IVC solicitó permisos para construir 1.496 casas, en el 2009 solicitó permiso para tan solo 9 viviendas.

La política que heredó y promovió la gestión del procesado Mauricio Macri no se limita a la falta de presupuesto; también se ha sostenido la corrupción, la discrecionalidad y la falta de respuestas ante amparos por derecho a la información: durante estos primeros tres años de gestión, el gobierno del Ingeniero Macri mantuvo en su cargo al responsable de la entidad, el ex empresario de IRSA Roberto Apelbaum, denunciado penalmente por malversar fondos destinados a dos comedores comunitarios y por entregar agua no apta para consumo humano a los ex habitantes de Villa Cartón. En 2009, tras el fuerte recorte presupuestario, Apelbaum dio un paso al costado.

Las cosas, sin embargo, parecen no haber cambiado mucho desde entonces. Tanto la ACIJ como el Centro de Estudios por la Acción y la Igualdad (CEAPI) y la Defensoría del Pueblo de la Nación denuncian que durante los últimos dos años no se ha avanzado en materia de política habitacional. En el documento de la ACIJ se señala que en los últimos años, gestionados por el actual Jefe de Gobierno, el IVC sólo construyó 1.025 viviendas; “manteniendo ese ritmo de construcción se necesitarían 84 años para resolver el problema habitacional de Buenos Aires”, advierte el informe. De acuerdo a este documento, desde su creación en 2003 el IVC ha ejecutado un promedio del 30% de su presupuesto.

Si bien el presupuesto asignado en 2011 se recuperó (la legislatura le adjudicó $735.131.165), el Jefe de Gobierno le quitó más del 22% de los fondos para reasignarlos a otras áreas, y en el último año se han construido 300 viviendas cuando hay cerca de 8000 inscriptos en el IVC.