Apuntes sobre la ley "para erradicar la violencia contra las mujeres"

Por Laura Manzotti. Periodista. Consejo Nacional de las Mujeres

El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes se habían revelado contra el régimen del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. A través de una iniciativa de ese país, la cual fue apoyada por más de sesenta gobiernos, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó este día para conmemorar la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

A partir de los esfuerzos iniciados en el 2003, los derechos humanos han sido definidos como el sello distintivo de las políticas públicas del gobierno nacional; asumiendo el rol de un Estado protector, reparador y constructor proactivo de los derechos humanos.

Bajo esta concepción, el Estado empieza a articular un debate interactivo con la sociedad. Esta particular situación conlleva a considerar la aplicación de las políticas públicas en base a los derechos humanos, y de esta manera, impulsar mecanismos transversales de planificación que incluyan dicha perspectiva.

En el año 2003, Néstor Kirchner, Presidente de la Nación, con su coraje, lucidez y firmeza de principios, transmitió la convicción de que otro país era posible y estaba dispuesto a hacerlo realidad.

Para ello, era indispensable recuperar los fundamentos éticos del Estado, con el convencimiento de que la ética de nuestro tiempo es la defensa de los Derechos Humanos, convertida en filosofía política del espejo del contenido democrático universal. La garantía de los derechos fundamentales es la materia sustantiva e indivisible de la construcción de un modelo país basado en el desarrollo productivo y el crecimiento con equidad e inclusión social.

La asunción de la Presidencia de la Nación por parte de Cristina Fernández de Kirchner, el 10 de diciembre de 2007, profundizó las políticas públicas de Derechos Humanos, en consonancia con la continuidad y desarrollo del modelo de transformación de la Argentina. Podemos verlo en el avance de las políticas de equidad, como la ley de Protección Integral de la Mujer contra la Violencia, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley del Matrimonio Igualitario, entre otras.

En este nuevo paradigma, la política vuelve a ponerse al servicio del bien común, con una tarea intensa de inclusión social, inversión estatal en función del crecimiento y promoción de la actividad económica, la defensa de la soberanía y el fortalecimiento de los servicios sociales como mecanismos de igualación de oportunidades.

La política social impulsada por el Estado Nacional centra su mirada en el desarrollo humano, con eje en la persona, la familia y el territorio, desde una perspectiva de derechos, obligaciones y equidad, y busca la reconstrucción del tejido social. Esta política social integral, considera a la persona no como un individuo aislado, sino como miembro de un colectivo que respeta su individualidad. Su objetivo es la construcción de un “espacio inclusivo” que fortalezca los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y la equidad territorial.

En este contexto, la voluntad política del gobierno nacional de erradicar la violencia contra las mujeres se convierte en una prioridad en la agenda del estado.

En los últimos años, la importancia de la visibilización de la violencia contra la mujer a nivel mundial ha multiplicado las recomendaciones de los organismos internacionales sobre la necesidad de tomar medidas que enfrenten esta problemática.

En el caso argentino, es de destacar el avance extraordinario que significó la sanción y posterior reglamentación de la ley Nº 26.485 de “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, promulgada en abril de 2009 y reglamentada por Decreto Nº 1011/2010.

Dicha ley establece:

-Una clara definición de violencia contra las mujeres

- Describe los diferentes tipos de violencia contra las mujeres

- Fija las distintas modalidades en que se manifiesta dicha violencia

- Establece los principios y lineamientos que deben orientar las políticas públicas en relación al tema de la violencia

- Designa como organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas al Consejo Nacional de las Mujeres

- Ordena diferentes acciones que deben encarar los Ministerios Nacionales

- Describe los procedimientos judiciales y administrativos que deben seguirse en caso de violencia contra las mujeres

Desde la promulgación de esta Ley hasta la implementación de la Línea Nacional 144 de contención, información y asesoramiento en materia de violencia contra las mujeres, los avances en materia de derechos humanos de las mujeres han sido significativos, pero también los nuevos desafíos que estos avances implican.

La Línea Nacional 144 responde a la obligación de garantizar, como Estado Nacional, una respuesta integral y articulada sobre la violencia de género. Está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita. El Consejo Nacional de las Mujeres, presidido por Mariana Gras Buscetto, es el organismo de implementación de esta línea telefónica, como establece la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

La puesta en marcha, en septiembre de 2013, se dio gracias a un trabajo de articulación entre organismos nacionales, provinciales y municipales, así como con organizaciones sociales dedicadas a esta temática en cada jurisdicción.

Hoy, podemos afirmar que estamos trabajando sobre problemáticas invisivilizadas por las políticas neoliberales que vaciaron a nuestro país de todo contenido político y social, pero mientras avanzamos, tenemos conciencia que los desafíos que nos depara el futuro son aún mayores. Y porque tenemos comprensión histórica, trabajaremos incansablemente para lograr lo que aún nos falta y para garantizar una vida libre de violencias para todos y todas.