La Plata: quieren desalojar “La Aguada”, el histórico restaurant que funciona como cooperativa desde 2001

Por Rocío Cereijo

Tras 77 años de historia, el restaurant platense "La Aguada" tiene una orden de desalojo impulsada por los dueños del inmueble. El negocio es gestionado desde 2001 como una empresa recuperada.

Representantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) organizaron un abrazo simbólico en defensa de la fuente laboral de los 16 trabajadores en cercanías de la histórica Plaza San Martín de La Plata.

En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Marcelo Amodio, abogado laboralista y director de la cátedra libre de “Fábricas Recuperadas” de la Universidad Nacional platense, habló sobre el trabajo de los cooperativistas en "La Aguada".

APU: ¿Qué exigían los dueños del lugar una vez que culminó el contrato de alquiler en 2009?

Marcelo Amodio: El caso es muy complejo, existe una vinculación laboral entre los dueños del local y los trabajadores desde hace 40 años. En el año 2000, en momentos de crisis, los empleadores entregaron el mando del comercio a los trabajadores. Pero este traspaso no fue legal: no solo parece haber sido efectuado bajo presión, sino que ni siquiera fue hecho con la intervención de la autoridad de aplicación del trabajo (ministerio de Trabajo o juez laboral), lo que lo invalida totalmente. 

En esas condiciones y en el marco del mismo pacto, los empleadores con sus propios abogados le armaron una SRL a los obreros y los incluyeron como socios. En este interín cambiaron de nombre la propiedad y se la pasaron a sus hijos, luego armaron un contrato de alquiler entre la SRL y sus hijos (como dueños del local) y de esta forma no solo evitaron pagar enormes indemnizaciones, sino que le sacaron un beneficio al negocio mediante un alquiler.

APU: ¿En 2009 se complica esa relación?

MA: Sí. Una vez que se venció el contrato de alquiler, allá por 2009, los dueños comenzaron a exigir mayores montos. Lo último eran 80.000 pesos mensuales. A uno de ellos, quién hoy no está demandado el desalojo, se le abonó la mitad hasta pocos meses antes de la sentencia que ordena que se retiren.

Creo que es todo inválido, fue un fraude y se nota a simple vista, lo que no entiendo es cómo pasaron quince años sin que el estado intervenga de alguna forma preservando derechos constitucionales y en el marco del poder de policía laboral que detenta.

APU: ¿Puede revertirse de algún modo la sentencia de desalojo dictada por el juzgado en lo Civil Nº21?

MA: La sentencia del juzgado 21 se basa en una ilegalidad. Pero, en términos estrictamente procesales el juez aún hoy no conoce está realidad, dado que nunca se dió intervención a los obreros y solo se presentaron algunos trabajadores individualmente pidiendo una audiencia. Nosotros, lamentablemente, en este caso solo asesoramos de manera externa, es decir: podemos aconsejar pero no actuar, por lo tanto dependerá de los trabajadores que tomen la decisión de presentarse ante la justicia contando su verdad. Las sentencias no son válidas si son parte de un entramado destinado a evadir la ley, como parecería ser el caso. El juez es una persona que tiene una visión amplia del derecho, muy competente en su trabajo, si los muchachos toman la decisión de presentarse, luego dependerá de él.

APU: ¿Qué impacto tuvo el abrazo solidario que realizaron en apoyo a los trabajadores de La Aguada?

MA: El abrazo solidario fue una iniciativa del gremio, de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) junto a FECOOTRA (Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina), si no entiendo mal. Nosotros desde la Universidad la acompañamos porque nos parece que le da visibilidad al conflicto, pero no intervenimos en las decisiones políticas, solo asesoramos legalmente. Hace pocos días el Consejo Deliberante de nuestra ciudad declaró de interés municipal al restaurant, y eso se logró en el marco de la convocatoria del abrazo solidario. Dicha declaración abre la posibilidad de que el Estado se haga cargo del problema que es sumamente importante.

APU: ¿Encuentra alguna relación entre el pedido de desalojo y el negocio inmobiliario?

MA: Claro que sí. El único objetivo es vender. El negocio inmobiliario debe ser muy grande, es un local único en el centro de la ciudad, debe valer una fortuna, máxime si lo convierten en un edificio como anticipó el diario local. Lo que no toman en cuenta es el valor histórico. Es un restaurante que está hace 80 años, varias generaciones de platenses comían allí. Ya no es más de un dueño, es patrimonio de todos los platenses. En La Aguada pasaron cosas maravillosas que conforman la historia de nuestra ciudad de La Plata, son parte de nuestra cultura, que no pueden borrarse de un plumazo. Debemos ser conscientes y rescatar nuestros símbolos, cuidarlos como parte integrante de nuestro acervo cultural porque son los que nos constituyen como colectivo. Fijate que en el conflicto de "La Aguada" confluyeron todas las fuerzas políticas y se han logrado consensos que en otros ámbitos son imposibles

APU: El juez Héctor Luján Iacomini convocó a las partes a una audiencia: ¿Qué resultados tuvo?

MA: No tuve la oportunidad de participar integramente de esa audiencia, como te dije, no soy abogado en la causa. Solo estuve, con autorización del representante legal de algunos trabajadores hasta el momento que las partes llegaron a un acuerdo y luego me retiré. Por lo que vi después, el grupo de trabajadores que participa en dicha causa (que adelanto no son todos) y el abogado Barrué que representa a la patronal, acordaron desalojar el lugar el 15 de Marzo y permitir el ingreso de personas para constatar el estado del local durante el verano. Es una tregua.