“La ley pone en riesgo 500 puestos de trabajos”

Por Redacción APU

APU: ¿Cuál es la reacción y el posicionamiento de los trabajadores del Ministerio Público Fiscal sobre el proyecto enviado por el macrismo al Congreso para reformar la carta orgánica del MPF y sus efectos sobre las fuentes laborales?

GS: Realmente es muy reciente el envío del paquete de leyes al Congreso, pero la realidad es que estamos en estado de alerta. No solamente por las modificaciones propuestas al Ministerio Público Fiscal sino también por la unificación de los fueros de instrucción y correccional y el traspaso de algunas fiscalías orales al fuero federal. Realmente nos preocupa y nos pone en estado de alerta como trabajadores, porque vemos que no se mencionan una gran cantidad de unidades especializadas y las direcciones generales. Estamos hablando de 500 compañeros que si se aprueba esta ley pueden perder su trabajo. Dejarían de tener su lugar de pertenencia, sus oficinas. La ley no explica como se reacomodarían esos trabajadores. En el caso que se decida reacomodarlos. Algo que nos genera muchísimas dudas porque vemos como en otros ministerios se llevan políticas de despidos masivos y vaciamientos. Más allá de que vengan promesas de que esos trabajadores no van a perder sus fuentes de trabajo también se estarían afectando políticas criminales importantes con el proyecto del Poder Ejecutivo. Nosotros como sindicato creemos que los judiciales tenemos que estar involucrados con la ciudadanía. Por ejemplo el caso de los Centros de Acceso a la Justicia (ATAJOS) ubicados en los barrios populares de CABA y otras ciudades del interior. Fue un acierto llevar a la justicia a los barrios y a donde realmente tiene que estar, para que los ciudadanos puedan acceder a ella.

APU: ¿Que implicaría que cierren las sedes de Atajo, los centros de acceso a la justicia?

GS: La desaparición de cualquiera de estas oficinas, como Atajo o la UFEM sería muy grave. Que es también una unidad especializada muy importante. Como tantas otras oficinas importantes en riesgo. En el caso de Atajo porque se lleva a la justicia a los barrios más vulnerables. Esa posibilidad antes no existía. Sería un retroceso judicial enorme e increíble. No lo queremos plantear como algo que va suceder.

APU: ¿Qué pasaría con los trabajadores de las direcciones generales?

GS: El proyecto de ley no explica a donde irían a parar, ni de que forma se harían los reacomodamientos. Tampoco se habla de tiempos y plazos. Termina habiendo una falta de claridad en el proyecto porque no existen plazos. Más allá de que se podría haber empezado por una reforma en el fuero laboral, un fuero que está realmente colapsado, creemos que esto no trae beneficios a los trabajadores y en realidad se esta generando este proyecto por intereses políticos que van contra los intereses de los trabajadores.

APU: ¿El hecho de que el proyecto de ley no hable sobre donde irían a parar estos 500 trabajadores les hace pensar en una posible ola de despidos?
GS: Nuestra preocupación tiene que ver con eso. Pero para eso estamos nosotros y tomaremos las medidas correspondientes como para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras judiciales. La realidad es que la preocupación y la gravedad del asunto tiene que ver con la posibilidad de que detrás de este proyecto exista la intención de vaciar el Ministerio Público Fiscal. Son 500 trabajadores que dejarían de tener funciones y cumplir un rol. Muchos de ellos están efectivos, otros de ellos están contratados o interinos. Lo que significa que para los contratos interinos hay un riesgo mayor. Por eso esperamos que los senadores y los diputados tomen conciencia de la gravedad de esto y sean responsables por las 500 familias que ponen en riesgo sus fuentes laborales. Por eso vamos acercarles nuestra postura.

APU: ¿Cuáles son las acciones a seguir ahora ante el envío de este proyecto?
GS: Vamos a conversar y a dialogar con los compañeros en asambleas en los edificios. Y la decisión que se tome es la que vamos a ejecutar nosotros. En el fondo este proyecto toma de rehén al trabajador, hay muchas oficinas que han tenido inclusive hasta reconocimiento internacional por su compromiso jurídico con los derechos humanos. Pero pareciera que poco importa porque hay una fijación de querer manejar el Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo.