Jujuy: “Van a profundizar la criminalización y la persecución”

Florencia Vallino, Directora Ejecutiva de ANDHES y Ariadna Espíndola, Directora Institucional de ANDHES Jujuy, conversaron con AGENCIA PACO URONDO reflexionando sobre la difícil situación que atraviesa la provincia norteña con cortes en todas las rutas y las implicancias de que la carta magna provincial fuese modificada en un tratamiento exprés y sin la participación de todos los sectores políticos y sociales. 

Mientras los cortes continúan, la criminalización contra Milagro Sala se profundiza y las instancias internacionales de apelación, cuentan con el apoyo del gobierno nacional, la provincia expresa al país claros de signos de una resistencia que se consolidará por meses. 

ANDHES -Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales- es una organización que viene realizando un trabajo de reclamo y defensa, protección por los DDHH en la provincia de Jujuy desde hace varios años y que se ha profundizado en las últimas semanas debido a la represión dirigida por Gerardo Morales.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué es lo que está pasando en Jujuy? ¿Cómo se pudo cambiar la Constituciòn provincial en un tiempo tan corto?

Florencia Vallino: Acaba de concretarse una reforma parcial de la Constitución de la Provincia en el marco de un proceso prácticamente exprés. Si bien se empieza a gestar el año pasado finalmente en casi menos de un mes de discusión, de debate, se avanza sobre una norma fundamental para la vida democrática en sociedad como es la Constitución de la Provincia y además de cuestionamientos que tenemos en relación a cómo se da ese procedimiento. La norma también avanza en cuanto a contenido de derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. En este contexto convulsionado que señala Ariadna de protesta y manifestación, marcando distintas regresiones en cuanto a derechos humanos de las personas, y que además, sucede a 40 años de la democracia en nuestro país, lo cual, nos lleva a reflexionar a propósito de cómo se dan estos procedimientos en nuestra democracia.

Ariadna Espíndola: Durante todo el proceso de lo que fue la reforma, también en relación al derecho a la protesta y la criminalización que está haciendo el Poder Ejecutivo. Por ejemplo el 5 de junio, quiso hacer una reforma de la contravencional que fue derogada por la manifestación, la protesta y la lucha del pueblo en contra de ellos, quienes buscaban sentenciar a los empleados públicos por estar participando en protestas, quitar cargos públicos a funcionarios municipales, provinciales y nacionales. Esto se derogó, pero implica algo más allá de los mecanismos que tiene el gobernador Morales de cómo quiere restringir. Uno de los artículos que ya está aprobado en esta reforma parcial, al cual lo nombra con esto de institucionalizar la paz social, con una cuestión muy subjetiva de lo que entendemos como paz social.  

Para entender de dónde viene esto hay que ir más allá en el tiempo. El 12 de septiembre cuando hace la declaración pública de esta reforma parcial, Morales, dice textualmente: ‘Queremos impulsar esta reforma porque queremos plasmar nuestros logros’. Entonces, es una reforma que vino ejecutada desde el Poder Ejecutivo. Nunca fue por un consenso de la población, de representantes de la población, sino directamente del Poder Ejecutivo.

Florencia Vallino: Ese procedimiento de la reforma avanza sobre 66 artículos de la Constitución y aborda distintas dimensiones de la vida en comunidad y también avanza sobre cuestiones vinculadas a los derechos de los pueblos indígenas, en este sentido, nuestro Estado asumió distintos compromisos en materia de cómo deben darse esos procesos de consulta previa, libre, e informada para avanzar en la regulación de derechos que pertenecen a las comunidades indígenas y estos compromisos no han sido directamente cumplidos en el caso de la provincia de Jujuy, está reforma no dio cumplimiento a esos estándares vigentes en la materia y no se dio la serie de pasos necesarios para que en verdad se dé cumplimiento a esa consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas.

Hablamos de una provincia conformada en alrededor de un 10% por personas que se reconocen como comuneros y comuneras de pueblos indígenas y en este sentido es una importante porción de la sociedad que quedó completamente fuera de la discusión, aún cuando esa discusión abordaba derechos que les pertenecen, que conquistaron y aún cuando hay claros estándares en la materia de cómo debe darse el procedimiento.

APU: ¿Qué panorama avizoran en Jujuy?

Florencia: Estamos en estado de alerta y preocupación. Esto que sucede en el norte no nos parece casual, nos parece que es un territorio además marcado por la conflictividad, la tención por el acceso a la tierra y a los recursos naturales. Son disputas de poder que se suceden en nuestros territorios y dan cuenta de ese componente o esos intereses que subyacen a propósito de esta lógica de criminalizar la protesta, además, la protesta es un instrumento fundamental de la democracia. No son solos los pueblos indígenas quienes utilizan el mecanismo, sino todos y todas, para reclamar cualquier derecho. Es sustancial a la noción de democracia y a la posibilidad de hacer valer los derechos que tenemos las personas.

Con este vacío significante de la paz social que después va a cargar de contenido cada agente de la fuerza o las fuerzas de seguridad en los territorios, nos pone a todos y todas en un lugar preocupante para el ejercicio de nuestros derechos porque de repente esa definición va a ser discrecionalmente cargada de sentido por quien tenga que aplicar la ley en lo concreto, por supuesto, con bajadas de líneas que vienen de más arriba.

Ariadna: Es un panorama complicado. El gobierno ha jugado a generar miedo y control dentro de la ciudadanía. Como una opinión personal, siento, que la protesta y la manifestación enorme que está habiendo en toda la provincia demuestra que hay un cansancio y un entendimiento de lo que implica estas nuevas normas. Hay lucha, eso refleja el sentimiento de la población y de todos los que creemos en las defensas y los derechos, la defensa de salarios, de trabajo, de una vida digna en la provincia, por una mejora. El afuera está diciendo otra cosa y ahí es donde hay que sostenerse. 

APU: Seguramente queden instancias internacionales de apelación, de todas maneras cambiar de una forma tan exprés una constitución es preocupante…

Florencia: Es una preocupación. Contamos con distintas herramientas legales, pero también sabemos que enfrentamos un escenario donde las vinculaciones que cuenta el Poder Ejecutivo a nivel local son realmente muy fuertes. Estas mayorías con las que ha contado el oficialismo durante todo el tránsito de este derrotero son muy importantes y sabemos que cuenta con avales y alianzas en distintos poderes, con lo cual, en la instancia provincial/local hay un aparato muy fuerte constituido. Nos hace pensar, que tal vez sean otros actores quienes deberían sumarse a la discusión, intervenir y marcar cómo hay ciertos estándares de derechos humanos que asume como compromiso nuestro país y que si eso se vulneran las instancias provinciales y compromete esa responsabilidad internacional de la Argentina. 

Frente a ese panorama desolador seguimos pensando en alianza con otras organizaciones de derechos humanos, compañeras que también están preocupadas mirando esta situación y apostamos a que de manera creativa encontremos alguna estrategia para hacer frente a este escenario, pero entendiendo que la reforma efectivamente fue aprobada y que eso en el corto plazo efectivamente se va a aplicar y nos va a encontrar a nosotras en ese durante, buscando esos mecanismos para frenar los puntos que más contrarios al derecho internacional de los derechos humanos. 

Ariadna: En la provincia las alianzas fuertes son: nosotros como organización social, organización de la sociedad civil. En conjunto con otras organizaciones como hicimos con la carta junto al CELS, y con organizaciones que a nivel nacional nos están apoyando, están mirando la situación, ahí van a estar nuestros apoyos.

Es un panorama bastante complicado, todo el tratamiento de cómo fue la reforma fue complicado también. Esto que se marca ahí en la carta, la no participación es algo que es permanente. Seguiremos insistiendo con esos canales de diálogo, con esos derechos que están siendo vulnerados y seguiremos en alianza y en conjunto.

APU: ¿Qué grado de implicancia tiene el hecho de que la provincia de Jujuy sea disputada por los recursos naturales: el litio?  

Ariadna: Justamente uno de los artículos nuevos, tiene que ver con el medio ambiente. Habla de esto de provincializar los recursos naturales y de en general una autonomía de la provincia.  Genera cuestiones bien controversiales en relación a los negocios y por ejemplo la visita del cineasta reconocido James Cameron y que por suerte le llegó la carta de algunas comunidades que están en contra del extractivismo de litio porque utiliza muchísima agua para su extracción. Fue de público conocimiento este lavado verde que se intentó hacer al negocio y cómo las comunidades por suerte manifestaron este repudio y este intento de lavado de cara del negociado. 

Florencia: En materia de recursos naturales nuestro país ha suscrito en el 2021 el acuerdo de Escazú, que señala una serie de principios necesarios al momento de tomar decisiones en materia de la gestión de los recursos naturales que tampoco se han dado cumplimiento en el marco de esta reforma parcial de la Constitución de Jujuy, con lo cual,en ese procedimiento se han vulnerado distintos derechos, nombramos los de las comunidades indígenas y ahora en esta materia agregar en particular que también se va contramano del acuerdo del Escazú suscripto por nuestro país y que por lo tanto las provincias a nivel local también debieron aplicarlo.

APU: ¿Dónde creen que está la clave para poder frenar este gobierno provincial con claros sesgos autoritarios?  

Ariadna: Como organización de la sociedad civil, desde Andhes seguiremos buscando canales de poder demandar esta nueva Constitución, iremos por diferentes canales como organización civil y después será también seguir sosteniendo la lucha que se hace en las calles, porque los derechos se conquistan en las calles. Ir sosteniendo eso, seguir apoyando y estando con las comunidades, estando con los docentes, estando con los diferentes gremios, sindicatos y organizaciones para poder luchar en contra de esta reforma, de este accionar del gobierno. 

Esa sigue siendo la lucha, la conquista siempre va a ser en las calles, aunque nos quieran prohibir, aunque quieran reglamentar, aunque quieran criminalizar.

Florencia: Nos enfrentamos a un escenario donde entendemos se va profundizar la criminalización y la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos, entendido esto en un sentido amplio, a quienes defienden la tierra a quienes, defienden los recursos naturales y esto va a estar inscripto en un aval normativo, si se quiere a que eso suceda de una manera tal vez más discrecional en una provincia que tiene precedentes ya de persecución a defensoras de derechos humanos y de criminalización, así que el escenario es un escenario cada vez más complejo, cada vez con mayores aristas a pensar donde seguro nos va a encontrar organizadas y en alianza con compañeras y compañeros del país, que también están mirando esta situación con mucha preocupación.