El llanto de Gerardo Morales: justicia dependiente y un daño irreparable a la concentración de poder en Jujuy

El ex gobernador protagonizó una vergonzosa escena que terminó con lágrimas en vivo. Estaba siendo entrevistado en un medio nacional, dónde, por sus propios excesos, ya no tiene cheque en blanco.

Sucedió el día siguiente a la liberación de la prisión preventiva de los “Presos por Twittear”, liberados en contra del pedido de sus distintas querellas (la suya, la de su mujer, la del consejo provincial de la mujer y la de la defensoría de menores).

Una causa delirante, que buscaba ser disciplinadora de cabotaje, se ha vuelto en contra suya, exponiéndolo a él y su régimen más allá de Jujuy; y que como él dijo, le ha producido un daño “irreparable”, pero no a la identidad de nadie, sino a su concentración de poder e impunidad.

El avasallamiento institucional, la Reforma Ilegitima de la Constitución provincial, y tantas arbitrariedades realizadas por Gerardo Morales y sus gobiernos en Jujuy, merecen al menos un libro.

Pero hoy escribiré el primer acto de Morales, el cual fue fundamental para poder avanzar con todos los demás: dejar a Jujuy sin justicia independiente. 

Primer acto: cooptar la justicia

A solo seis días de asumir la gobernación, Gerardo Morales consumó la modificación de la Corte provincial, entonces llamada 'Tribunal Superior de Justicia de Jujuy' (STJ), ampliándola de 5 a 9 miembros.

¿Cómo lo hizo? A pesar de que las Comisiones de la Legislatura de Jujuy no estaban conformadas, apareció un “Despacho” de la Comisión de Asuntos Institucionales que llevaba la firma de todos diputados oficialistas. También apareció un “Despacho” de la Comisión de Finanzas donde los diputados firmantes, casualmente, integraban el bloque oficialista. 

Tras esta maniobra, Sergio González, José del Campo, María Bernal y Sergio Jenefes, miembros del Superior Tribunal de Justicia expresaron en una nota dirigida al Gobernador sus reservas en relación al proyecto: “la designación de nuevos integrantes de éste Cuerpo, debiera –cuanto menos- someterse a un procedimiento de impugnaciones y/o audiencias públicas”.

Más allá de las irregularidades, en sesión extraordinaria se votó la ampliación del máximo tribunal de la provincia pasando de 5 a 9 miembros con el apoyo de 25 diputados oficialistas.

Sin intentar guardar ninguna apariencia de independencia, los nuevos miembros respondían (en pasado, por qué ya no lo son) explícitamente a la UCR y al gobernador. Dos de ellos, Beatriz Altamirano y Pablo Baca, eran diputados provinciales, que tras votar la ampliación del STJ renunciaron a sus bancas para asumir como jueces. Otro, Federico Otaola, quien en una oportunidad había acompañado a Morales como candidato a vice gobernador.

De esta forma, la reforma al STJ se llevó a cabo sin que haya sido un tema abordado durante la campaña, sin que se haya debatido de cara a la sociedad o respetando los ámbitos constituidos para tal fin como la Legislatura Provincial, ya que no estaban siquiera conformadas las comisiones pertinentes, entre tantas otras irregularidades.

Todo fue muy rápido y a libro cerrado, y como si se tratara de un relato en “neolengua” orwelliana, lo hicieron en nombre de la 'Independencia de la Justicia'.

Muchos escándalos judiciales pasaron. Los usaron; y los jueces dependientes respondieron con disciplina marcial, sin importarles sentar polémicas jurisprudencias.

Hasta que un día Morales anunció que les haría juicio político exprés, a ellos y otros miembros de la Corte. No hizo falta. Todos renunciaron. Por obediencia debida y temor.

Los nuevos miembros, obviamente, al estilo de Morales, son explícitamente dependientes. Entre ellos, el hasta entonces ministro de seguridad del gobernador, Ekel Meyer, quien hoy es el presidente del tribunal. También Mariano Miranda, quien oficiaba de Fiscal de Estado de Morales.

La persecución, el miedo reinante, y la pauta oficial, hicieron que esto no trascienda como es debido. Pero si hubo quienes denunciaron oportunamente todos los delitos que se estaban cometiendo. 

Entre ellos el abogado Alberto Nallar, quien hoy se encuentra esperando fallo de la Corte provincial que podría hacerle efectiva la pena de prisión. Nallar presentó una denuncia penal contra Morales y otros funcionarios, que fue de gran valor dado que describe con precisión la cronología de los hechos y las expresiones volcadas por distintos actores en el exprés e inédito proceso.