"Las familias que se enriquecieron con la dictadura militar están devolviéndole el favor a los genocidas"

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"Las familias que se enriquecieron con la dictadura militar están devolviéndole el favor a los genocidas"

24 Marzo 2018

Por Nadia Mayorquin

Mabel Careaga es hija de Ester Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. El 8 de diciembre de 1977 algunas Madres de Plaza de Mayo y familiares de desaparecidos, que concurrían periódicamente a las reuniones que se realizaban en la iglesia Santa Cruz, se habían juntado en esa institución religiosa para juntar fondos a la salida de la misa, con el objetivo de publicar una solicitada en los diarios para reclamar por la aparición de sus familiares. Durante la dictadura, la Santa Cruz se había convertido en un espacio que les abrió las puertas, cuyos religiosos demostraron una apertura que no coincidía para nada con la ideología dominante de la cúpula eclesiástica.

En el grupo se había infiltrado Alfredo Astiz, quien se hacía pasar por familiar de un desaparecido, con el seudónimo Gustavo Niño. Esa mañana había comenzado trágica: a Remo Berardo se lo habían llevado de su atelier en La Boca. Y a la tarde, un grupo de tareas había secuestrado a Julio Fondovila y Horacio Elbert, que también iban a la iglesia, en la esquina de Paseo Colón y Belgrano, mientras ultimaban detalles de la solicitada. Estos tres hombres no pudieron ir a la cita masiva en la Santa Cruz, programada para la tarde. Cuando terminó la misa, un grupo de tareas de la Marina irrumpió, ante la vista de varios testigos, y secuestró a siete personas más: las Madres Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, la monja francesa Alice Domon, Raquel Bulit, Patricia Oviedo, Gabriel Horane y Angela Auad. Y dos días después, la patota militar secuestró a quienes se suponía que tenían que estar aquel 8 de diciembre y no fueron: la Madre Azucena Villaflor, en la esquina de su casa, y la monja francesa Léonie Duquet, en su domicilio. A los doce los llevaron a la ESMA y fueron denominados por los propios represores como “el grupo de la Santa Cruz”.

APU: ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades  de la lucha por la memoria, verdad y justicia durante el período del gobierno anterior? 

Mabel Careaga: Los organismos de derechos humanos hemos realizado innumerables acciones tendientes a sostener la memoria y conocer la verdad y en algún momento poder abrir las puertas de la justicia. Esto se logró en el gobierno de Néstor Kirchner, que en el 2003, a los meses de haber asumido impulsó la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Además se abre un período de reconocimiento y valoración histórica de los hechos sucedidos en la década del 70, se comienza a hablar de terrorismo de Estado, se deja de lado la teoría de los demonios y de la guerra sucia, se reivindica lo actuado por la militancia de la década del 70 lo cual modifica totalmente el paradigma y la interpretación de la historia y de los Derechos Humanos. También se comienza con un programa de educación y comunicación para que la opinión pública y la sociedad pueda comprender lo que pasó en el terrorismo de Estado, te pongo como ejemplo el canal PAKA PAKA como contaba para que los chicos más pequeños entendieran que había pasado en el terrorismo de Estado, lo que era un desaparecido y un campo de concentración.

Desde el Estado se formaron equipos de investigación en los diferentes Ministerios que pudieron aportar pruebas de lo que había pasado en la época de la dictadura militar, estos equipos revisaban los legajos y buscaban alguna inconsistencia en la trayectoria de los militares y aportaban pruebas a la justicia. Pudieron identificar represores que no habían sido identificados hasta el momento.

Las debilidades ocurrieron con las demoras en los juicios. Por ejemplo, el segundo tramo de la causa ESMA duró dos años, mientras que el tercer tramo de la causa duro 5 años en el transcurso de este juicio se fueron muriendo genocidas y se murieron madres y familiares que no pudieron ver que se haga justicia por sus hijos.

Yo creo que los familiares y organismos de Derechos Humanos, haga lo que haga el actual gobierno, ya hemos tenido una victoria que es haber llevado a los tribunales a estos genocidas y haberlos condenado.

APU: ¿Qué ocurre hoy con el actual gobierno?

MC: El gobierno de Cambiemos es absolutamente contrario a sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Desde el primer día que asumió ha tratado de deslegitimar a los organismos de derechos humanos poniendo en duda las afirmaciones que se hicieron durante tantos años: el número de los desaparecidos, volvió el mismo Macri a hablar de Guerra Sucia, de la teoría de los demonios y se puso en la práctica y los hechos cuando Avruj recibe a los familiares de los genocidas.

Han desmantelado todas las áreas de investigación que aportaban pruebas, están dilatando aún más el inicio de los juicios y este cambio de época también se puede ver en el tipo de condena que están dando los tribunales de absoluciones o condenas menores, el otorgamiento de prisiones domiciliarias a muchos genocidas sin una justificación consistente, haberle otorgado la prisión domiciliaria a Etchecolatz. Lo último conocido es la lista de posibles beneficiados para acceder a la libertad condicional o prisión domiciliaria, entre los que se encuentran varios de los represores del grupo de tareas de la ESMA. El último incluido es Astiz, que es emblemático en la época de la dictadura y es el responsable directo de la desaparición de las madres, religiosas y del grupo de la Santa Cruz.

Me parece que este gobierno tiene cero compromisos con los Derechos Humanos, viola los derechos humanos en forma permanentemente no solo lo que tiene que ver con Memoria, Verdad y Justicia sino todos los derechos inherentes al ser humano que son los derechos a la educación, salud, trabajo, a una vida digna, cultura, esparcimiento -Además viola las libertades democráticas, teniendo presos políticos y viola el derecho a la vida asesinando a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

APU: Astiz fue condenado a prisión perpetua por delitos de Lesa humanidad pero en estos últimos días fue incluido en la lista de presos en condición de acreditar el beneficio de la prisión domiciliaria, ¿Qué opinión te merece dicha posibilidad?

MC: Nos parece una aberración. Está dentro de este contexto de permanente provocación que tiene el gobierno hacía los organismos de Derechos Humanos, familiares y sociedad. Lo han venido intentando por diferentes medios con la Ley del 2x1, que finalmente fue frustrada gracias a la movilización popular, probaron liberándolo a Etchecolatz dándole la prisión domiciliaria y tuvo que volver a prisión en cárcel común no solamente por el trabajo de los organismos de derechos humanos sino por los vecinos que no estaban dispuestos a convivir con un genocida y se movilizaron muy fuertemente para lograr la revocatoria de la prisión domiciliaria.

También hubo una serie de declaraciones que hizo Elisa Carrió con respecto a la falta de garantías con que se desarrollaron los juicios, hablando que "más que juicios habían sido venganza". Se me ocurren dos razones del por qué: una, que este gobierno que está compuesto por familias, empezando por la del Presidente, que se enriquecieron en la dictadura militar, están devolviendo esos favores a los genocidas. 

Y por otro lado quieren quebrar la unión, la comunión que existe entre los organismos de DDHH y gran parte de la sociedad. Además, el plan económico que están llevando es el mismo que se aplicó en la Dictadura: exclusión, desindustrialización, desocupación, toma de deuda externa para financiar la fuga de capitales, marginación; entonces de la misma manera que ese plan económico de la dictadura solo podía pasar con 30 mil desaparecidos, más de 10 mil presos políticos y miles de exiliados este plan económico muy similar también va tener que ser impuesto a través de la represión y ya lo estamos viendo en el caso de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, el apoyo explícito y abierto al gatillo fácil, la represión a las diferentes marchas de los trabajadores pidiendo sus derechos, la militarización en el Hospital Posadas.

Me parece que es una política que por un lado no respeta la Memoria, Verdad y Justicia porque no va a construir de ninguna manera una sociedad inclusiva con justicia social, soberanía económica, trabajo y que ponga en el eje de la construcción a los Derechos Humanos.