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Debates //// 13.07.2021
Desarrollo, ambiente y confusión progresista: un debate con Enrique Viale, por Andrés Vera

En el artículo, el economista y becario postdoctoral de CONICET debate con el abogado ambiental Enrique Viale sobre los desafíos relacionados con el desarrollo productivo y el cuidado del entorno natural.  

  • Desarrollo, ambiente y confusión progresista: un debate con Enrique Viale

Por Andrés Vera*

El debate actual en torno a las posibilidades de desarrollo nacional y el cuidado del ambiente trae consigo una serie de contrapuntos que deben ser discutidos y analizados con la seriedad que merecen. En este escenario, resulta esencial el análisis económico y ambiental en una misma sintonía, para posibilitar la configuración de un modelo de desarrollo que permita el acceso al bienestar de todos los ciudadanos.

Lejos de este criterio, en los últimos meses presenciamos un avance mediático desde un sector del ambientalismo que —sin proponer alternativas concretas para el desarrollo nacional— reproduce un discurso sincronizado alejado de las evidencias científicas. Dentro de estas voces militantes, se entremezclan críticas sobre diferentes sistemas de producción a escala y la tecnología aplicada en cada caso. Para dar cuenta de ello, basta con chequear las diferentes campañas comunicacionales impulsadas por este sector del ambientalismo que —en línea con diferentes ONG internacionales— buscan exponer los supuestos peligros de diversos sistemas de producción, dentro de los cuales se destacan: agricultura y ganadería convencional, piscicultura, minería metalífera y del litio, hidrocarburos y energía nuclear, entre otros.

Uno de los representantes de este sector ambientalista con gran capacidad comunicacional es el abogado Enrique Viale, quien expresa sus posiciones en diferentes medios de comunicación y espacios de debate público. En esta nota, pretendo analizar el rigor científico de algunas de sus afirmaciones.

En primer lugar, el abogado insiste —como objetivo general— en la necesidad de replantear el modelo social y productivo actual. Subraya que se requiere una “transición socioecológica radical que implica repensar nuestros modelos productivos a nivel global, en Argentina y especialmente en regiones como la Patagonia”. Dejando de lado por un momento las falacias argumentativas del discurso, puede decirse que la propuesta —en términos generales— constituye un cambio estructural extremadamente complejo de las formas de producción, lo cual conllevaría un cambio radical en el consumo de las mayorías. Cabe resaltar, que en este último aspecto no existen demasiadas precisiones sobre las posibilidades de modificación en los patrones de consumo. Detalles.

Más allá de la difícil tarea que esto supone, la principal debilidad de este tipo de proezas enunciadas es la carencia de mecanismos que permitan lograr semejante objetivo. Por el contrario, las propuestas que se enumeran, lejos de plantear soluciones, debilitarían la estructura productiva nacional en un marco de alta pobreza. Para ejemplificar el asunto, el abogado afirma que “todo ser humano debe tener un ingreso para una vida digna sólo por existir” y para ello propone un Ingreso Universal Ciudadano, algo así como una Asignación Universal por Hijo (AUH) ampliada. Digamos que nadie que se dimensione dentro de un espacio nacional y popular puede ir en contra de una medida de este estilo. Aquí entra en juego parte del discurso “buenista” y conmovedor, que estructuralmente es insostenible si —al mismo tiempo— se atenta contra los proyectos productivos que nos abastecen o abastecerían de las divisas necesarias.

Con relación a esto es fundamental insistir que la Argentina se encuentra, desde hace décadas, ante un problema estructural de falta de divisas para garantizar períodos de crecimiento económico estables. En resumidas cuentas, cuando el país crece consume más dólares de los que genera; y esto es evidencia científica para quienes nos dedicamos al ejercicio de la investigación detallada de la historia económica. Proponer un aumento del Gasto Público y a la vez debilitar las posibilidades de ingreso de divisas, nos llevaría nuevamente a un terreno adverso.

Enrique Viale y compañía omiten el hecho de que la falta relativa de divisas nos precipita reiteradamente en crisis devaluatorias, las cuales se expresan en ciclos inflacionarios que deterioran los ingresos reales de los ciudadanos, con el consecuente incremento en los niveles de pobreza e indigencia. Solucionar la problemática vinculada al frente externo —para una economía periférica que no produce una moneda de uso internacional— es realmente determinante para garantizar el bienestar. Si la solución planteada para evitar el déficit de divisas es la suspensión de pago de la Deuda Externa, tal como el letrado afirma en varias oportunidades, y dejando de lado el hecho de no ser una solución definitiva para el problema, son esperables las consecuencias económicas y sociales evidenciadas en la crisis del año 2001 y en el último año del gobierno de la alianza Cambiemos.

¿Minería tradicional no contaminante?

En este punto, militar y festejar la prohibición de actividades productivas que permiten o permitirían el ingreso de divisas debiera incluir —mínimamente— una propuesta alternativa de ingreso o ahorro de divisas coherente. Insisto, toda iniciativa que no dimensione esta problemática descripta anteriormente, por más atractiva que parezca a primera vista, no brindará ninguna solución y nos alejará inevitablemente de las posibilidades de desarrollo. Nuestro país necesita en forma imperiosa incrementar sus exportaciones e iniciar un sendero estable de crecimiento basado en el fomento de la producción que le permita —al menos— duplicar su PIB per cápita en la próxima década y garantizar empleo de calidad. Lejos estamos de ser un país que contribuya significativamente al calentamiento global y a la crisis climática mundial; para dar un dato, las emisiones de CO2 nacionales representan menos del 0,5% del total de emisiones mundiales. Confundir la agenda de desarrollo nacional con la europea es un error que puede costarnos demasiado caro en lo económico y en lo político.

Expuesto el desconocimiento estructural, avancemos brevemente en algunos despistes particulares. En la actualidad, la Argentina está en condiciones de desarrollar diferentes actividades productivas de manera responsable y de potenciar sus exportaciones. Por citar un caso, la minería metalífera es una actividad con alto potencial, subexplotada y objeto de fuertes críticas, en la mayoría de los casos basadas en falacias. El grado de confusión aportado por Viale en este punto es particularmente llamativo, sobre todo cuando afirma que “la megaminería, a diferencia de la minería tradicional, es inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Esto por su (enorme) escala y modalidad de explotación: a cielo abierto y con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y tóxicos”.

Es importante aclarar que la modalidad a cielo abierto no es nueva. Existen minas metalíferas y a cielo abierto desde principios del siglo XX, por ejemplo Chuquicamata en Antofagasta, Chile; y minas subterráneas que operan en la actualidad, tal como Cerro Vanguardia en Santa Cruz, Argentina. A su vez, el carácter contaminante —aparentemente vinculado al uso de sustancias tóxicas— también es una falacia. Basta mencionar que en la minería de oro moderna se utiliza cianuro (específicamente una solución cianurada compuesta en un 99,9% de agua), mientras que en la minería tradicional se utilizaba mercurio, sustancia prohibida actualmente, cuya toxicidad crónica es 66 veces superior a la del cianuro, además de ser persistente en el ambiente y bioacumulable en la cadena trófica. Si esa es la minería tradicional que recomienda Viale, deberíamos preocuparnos seriamente.

Por otro lado, las cantidades de agua consumidas por la actividad minera no están ni cerca de ser colosales. En provincias como Catamarca o San Juan, la minería consume menos del 1% del agua, siendo la agricultura la actividad que más la utiliza —de manera ineficiente—, explicando un 90% del consumo total. Por su parte, Chile, con un alto desarrollo minero, consume menos del 4% del agua, siendo la actividad agropecuaria la de mayor consumo (70% del total).

Falacias sobre los agroquímicos

Otro de los sectores objeto de crítica del abogado es el agropecuario, fuente principal de divisas nacional. En una obstinada cruzada en contra de los agroquímicos, en línea con la agenda mediática de La Izquierda Diario, Viale sostiene que la Argentina “es el mayor aplicador de glifosato por persona del planeta” y que “hay pocos países del mundo que tengan este tipo de agricultura. Esto también hay que decirlo porque tiene tanto poder de lobby el agronegocio que nos han hecho creer que la única agricultura posible es ésta, cuando tiene menos de 25 años”.

Es más que claro que el mal uso de estas sustancias tiene el potencial de generar efectos adversos, pero esto también aplica para cualquier otra sustancia, tales como insecticidas hogareños, combustibles, productos de limpieza y hasta medicamentos.

El primer desacierto de la afirmación de Viale es usar al glifosato como “bandera” de su causa, desestimando el hecho de que la toxicidad de este herbicida es mucho menor a la de otros agroquímicos usados habitualmente. Por dar un solo ejemplo, el principio activo de la mayoría de los insecticidas que usamos en el hogar es la permetrina, que posee el doble de toxicidad que el glifosato. El segundo desacierto es enfocarse en el uso de pesticidas “por habitante”, lo que en un país como la Argentina, con una de las densidades poblacionales más bajas del mundo, resulta por completo inconducente. Por esa razón es que todas las estadísticas de uso se expresan por hectárea cultivada, pues esta medida da cuenta de la intensidad de aplicación en el ambiente. En ese sentido, la Argentina tiene un muy bajo nivel de uso, de alrededor de la mitad de los Países Bajos y Bélgica, o de alrededor de un tercio de lo utilizado por Japón e Israel.

Pero la falacia mayor reside en afirmar que se trata de prácticas recientes, supuestamente distintas a las “tradicionales” que se utilizaban hace 25 años. La realidad es que los pesticidas sintéticos se conocen desde 1920, con una masificación que ya en el año 1962 dio lugar a la publicación del libro Primavera silenciosa, de Rachel Carson, que alertaba sobre los efectos que algunos pesticidas muy peligrosos producían sobre la fauna. Esas prácticas, muy anteriores al período referido por Viale, contemplaban el uso de compuestos como el aldrín, el clordano, el lindano o el DDT, que a raíz de su mayor toxicidad, persistencia y bioacumulabilidad, en la actualidad han sido sustituidos por productos menos peligrosos.

Festejar las prohibiciones es al menos contradictorio en un país que requiere de producción y empleo. Contamos con los recursos naturales, la ciencia y la tecnología para avanzar hacia el bienestar. El desarrollo nacional es urgente y el debate debe estar a la altura. Siempre ahuyentando mitos y de la mano del conocimiento.

* El autor es economista, profesor UNRN y UNCo. Becario postdoctoral CONICET. En Twitter: @AndresVera80. Contacto: andresvera1980@gmail.com