Milei desmantela la búsqueda en el exterior de bebes robados durante la dictadura
El gobierno libertario decidió interrumpir el envío a los consulados de los kits de ADN necesarios para que residentes en el exterior que dudan de su identidad y nacieron entre 1975 y 1983 puedan tomarse muestras de sangre para análisis. La información la dio a conocer la Agencia EFE, a raíz de una denuncia de la Red Internacional en Europa de Abuelas de Plaza de Mayo. Según deslizó Lila Parrodo, psicóloga e integrante de la Red en Madrid, una de las justificaciones es que “no se puede custodiar la muestra de forma que tenga validez judicial”, aún cuando se llevan a cabo desde 2005.
Bajo el lema “Argentina te busca”, se invita a quienes reúnen esas características a acercarse y recibir asesoramiento en territorio y frente a autoridades argentinas. Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei la Cancillería y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) -casi en su totalidad desarticulada- dejaron de dialogar por fuera de la vía judicial con las sedes consulares, por lo que dejaron sin alternativa a quienes no pueden costearse el viaje a Buenos Aires.
La red internacional está establecida en Madrid, Barcelona, Roma, París, Estados Unidos y Canadá y su función es orientar a las personas en el proceso de búsqueda. Contactaba a la CONADI, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos Ministerio de Justicia de la Nación, para comenzar las Investigaciones, instruir a la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería en los pedidos y avanzar con la toma de muestras.
Si bien la vía judicial puede guiar el proceso dentro de una investigación penal en el exterior, los recortes en la materia obstaculizan la búsqueda en el extranjero. El desmantelamiento más visible es la degradación y los despidos masivos en las distintas áreas vinculadas a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. La única respuesta libertaria en el caso fue su degradación. “Hoy hay un gobierno que no sólo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio”, dictaba el documento leído el último 24 de marzo.