La debilidad política del 24 de marzo

Una fecha de memoria sin profundo contenido nacional no basta para construir futuro

A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la conmemoración volvió a mostrar una escena de enorme potencia política y social; movilizaciones masivas en todo el país, fuerte presencia sindical, una participación juvenil particularmente significativa y un carácter marcadamente federal que reafirma la vigencia de la memoria como hecho vivo que se moldea en nuestras calles.

Las consignas históricas —“Son 30.000” y “Que nos digan dónde están”— se combinaron con un creciente cuestionamiento a las políticas económicas actuales, estableciendo un puente explícito entre el pasado civil/dictatorial y las formas contemporáneas de exclusión, endeudamiento y dependencia. Esa articulación no es menor, expresa un nivel más agudo de conciencia histórica y política. Pero justamente por eso, por la densidad de lo que allí se puso en juego, y por ser esta última, tal vez, la movilización más masiva de todas en democracia, es que se vuelve necesario profundizar el análisis, ampliar el enfoque y avanzar sobre las dimensiones que aún permanecen insuficientemente abordadas.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 puede comprenderse, en clave histórica, como el punto culminante de una larga reacción de las élites contra la irrupción popular del 17 de octubre de 1945. Aquel día, el pueblo trabajador emergió como sujeto político con voluntad de poder, cuestionando el orden tradicional de dominación. Desde entonces, se agudizó una disputa estructural entre dos proyectos de país, uno basado en la justicia social, la soberanía política, la independencia económica y la integración regional; otro, anclado en la histórica subordinación externa y el control oligárquico de los resortes fundamentales de la nación. En esa lógica, el dato central es que ningún proyecto puede imponerse de manera hegemónica sin la destrucción integral de su antagonista. Eso fue, precisamente, lo que vino a realizar la dictadura; no sólo eliminar adversarios ideológicos, sino desarticular las bases materiales, culturales y organizativas del proyecto nacional-popular para la Argentina.

La línea antinacional

En esa perspectiva, la dictadura del 24 de marzo de 1976 no fue un hecho violento aislado, sino la profundización de una línea histórica que puede rastrearse hasta la llamada “Revolución Libertadora” de 1955, e incluso más atrás, en las disputas fundacionales del siglo XIX. Por caso, durante las invasiones inglesas de 1806, sectores de la élite porteña —estrechamente vinculados al comercio atlántico, el contrabando portuario y a los intereses exportadores— no opusieron resistencia al poder ocupante e incluso reconocieron, en los hechos, la autoridad británica. Entre esas familias se encontraban núcleos tradicionales de la clase dominante, como los Martínez de Hoz, cuya trayectoria histórica se inscribe en esa matriz económica y cultural abierta al capital extranjero. Pero esa continuidad no es sólo doctrinaria; por eso hablamos de elites sociales; también se verifica en trayectorias familiares y políticas que enlazan distintos momentos de quiebre institucional. No es un dato menor que en la administración libertaria actual persistan vínculos genealógicos con las fuerzas que protagonizaron el golpe de 1955. El anterior jefe de Gabinete de Javier Milei, Guillermo Francos, es hijo del vicealmirante Raúl J. Francos, partícipe de la autodenominada “Revolución Libertadora”. Del mismo modo, la saga de los Benegas Lynch —referentes del liberalismo económico local— expresa la persistencia de una corriente ideológica que, desde mediados del siglo XX, ha acompañado distintos procesos de reorganización del poder en clave antinacional.

En síntesis, el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976–1983) buscó deliberadamente inscribirse en una genealogía que remite a la “Organización Nacional” (1852–1880), encabezado por Bartolomé Mitre y las élites liberales de la época. Así como aquel ciclo fundacional consolidó un modelo de país agroexportador, dependiente y excluyente, la dictadura del ’76 vino a reconfigurar política y económicamente la Argentina en esa misma dirección, pero en el marco del capitalismo financiero global. Para ello, desplegó un programa sistemático de desindustrialización, endeudamiento externo, disciplinamiento social y aniquilación de toda forma de representación y organización popular.

Economistas argentinos que piensan en inglés

La sujeción económica no es un accidente coyuntural; es la piedra angular sobre la que se construye la injerencia política externa. El ministerio de José Alfredo Martínez de Hoz en los ´70 fue un hito en ese proceso. Su equipo actuaba como pluma obediente de los dictados externos, y el verdadero timón económico lo llevaba Adolfo Diz desde el Banco Central. Formado en la Universidad de Chicago, Diz no representaba sólo a la tecnocracia local, sino a la escuela monetarista que exportaba a toda América Latina sus recetas de ajuste, apertura y desregulación. Como vemos, la economía argentina de la dictadura no respondía únicamente a los intereses de la elite agrofinanciera y los grupos empresarios locales, sino a una matriz ideológica y técnica diseñada en los centros de poder financiero internacional.

Y hay que decirlo, aquel andamiaje jurídico y normativo heredado de la dictadura nunca fue desmontado durante la democracia. Por caso, la Ley de Entidades Financieras de 1977 y la Ley de Inversiones Extranjeras, junto a cientos de leyes más, siguen vigentes y constituyen la columna vertebral de un sistema diseñado para servir al capital especulativo antes que a la producción nacional. Entonces, la herencia económica de José Alfredo Martínez de Hoz (que era abogado, no militar) no es un vestigio lejano sino el legado intacto del terrorismo de Estado. La dictadura militar se fue, el pueblo la sacó, pero la dictadura económica está vigente, y el genocidio por goteo continúa funcionando como la victoria silenciosa del plan oligárquico y financiero del terrorismo de Estado.

El plan

Hacia mediados de los años 70, las organizaciones armadas estaban lejos de constituir una amenaza capaz de justificar el despliegue sistemático del terrorismo de Estado. La represión ilegal excedió ampliamente ese objetivo. No se trató de “combatir la subversión”, sino de desmontar el entramado político, social y económico que el peronismo había consolidado —aún con casi 20 años de proscripción— y que había sostenido niveles relativamente altos de empleo, industrialización, estructura pública, movilidad social y participación sindical en el ingreso. Durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón (1974–1976) se desplegó un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la intervención del Estado en la economía, consolidar la soberanía nacional sobre recursos estratégicos, ampliar derechos laborales y controlar sectores clave como la banca, la energía, los medios y las telecomunicaciones. Al mismo tiempo, se impulsaron acciones de defensa frente a intereses extranjeros y se sostuvo una política de bajo endeudamiento externo, preservando márgenes de autonomía económica. Más allá de sus complejidades, ese período representaba la continuidad de un modelo de país basado en la centralidad del Estado, la regulación del capital, la protección del trabajo y la afirmación de la soberanía nacional sobre los recursos estratégicos. Eso es, en esencia, lo que vino a destruir la dictadura; no sólo un gobierno constitucional, sino una arquitectura económica, social y política que todavía sostenía —aunque tensionada— las bases del proyecto nacional-popular construido desde 1945.

Por eso la represión se dirigió contra un universo mucho más amplio; militantes políticos, trabajadores, estudiantes, docentes, sindicalistas, periodistas, abogados laboralistas y referentes sociales. Recordemos, en 1974, la Argentina registraba niveles de pobreza estimados en torno al 4–5% de la población, en el marco del orden económico y social instaurado por el peronismo (1945/1955), basado en la industrialización, el empleo, la obra pública y la justicia social. Hoy, en cambio, la pobreza supera el 40%, reflejando el deterioro y el vacío estructural iniciado tras la ruptura de ese modelo nacional. Ese proceso inauguró una secuencia de reconfiguración económica y subordinación externa que, con distintos matices, atravesó las décadas siguientes y encuentra en los ciclos de gobierno de Carlos Menem, Mauricio Macri y Javier Milei sus expresiones más recientes.

El objetivo dictatorial, el trabajo argentino

Ubicar a la dictadura en su dimensión histórica y geopolítica permite comprender con mayor claridad su verdadero objetivo, que no fue la “subversión”, sino el trabajo organizado. Una parte significativa de los detenidos-desaparecidos fueron trabajadores, delegados y activistas sindicales, es decir, el núcleo del poder social que debía ser desarticulado. El movimiento obrero constituía —y aún constituye— la principal barrera frente a un proyecto de transformación regresiva. Esa ofensiva no fue un fenómeno local, sino parte de un reordenamiento global del capitalismo iniciado tras la crisis del petróleo de 1973. El agotamiento del modelo de posguerra dio lugar a una estrategia internacional orientada a disciplinar al trabajo, reducir derechos y restaurar la rentabilidad del capital. Las políticas de Thatcher y Reagan expresaron ese giro, en el que los sindicatos pasaron a ser considerados obstáculos estructurales.

En ese contexto, América Latina fue un territorio de aplicación temprana de ese paradigma. Las dictaduras del Cono Sur respondieron a una lógica geopolítica que buscó garantizar la apertura económica y la subordinación al orden global, neutralizando al movimiento obrero y a toda forma de organización popular. La represión, así, no fue sólo política; fue una condición estructural para reconfigurar nuestras economías en favor del capital financiero. Y esa secuencia no se agotó en la dictadura. Las reformas laborales actuales deben leerse como una continuidad de ese proceso histórico, cuyo objetivo ha sido persistente; debilitar al trabajo organizado y redefinir su lugar en la economía. Por eso, hoy, el movimiento obrero sigue siendo uno de los últimos núcleos de resistencia frente a un modelo que erosiona las bases materiales de la autonomía nacional.

La debilidad política del 24 de Marzo

El 24 de marzo se ha consolidado como una de las expresiones más potentes de la democracia argentina; una movilización masiva que reafirma el compromiso colectivo con la memoria, la verdad y la justicia. Pero esa fuerza simbólica convive con un límite político persistente. A cincuenta años del golpe, sigue faltando avanzar sobre un punto decisivo; las responsabilidades civiles del proceso.

Sin identificar con claridad a los actores económicos que lo impulsaron, financiaron y se beneficiaron, la memoria queda incompleta. Y esa omisión no es neutra, permite que esas mismas estructuras de poder continúen operando en democracia, desdibujando las continuidades históricas, ocultando las responsabilidades objetivas y condicionando la comprensión del presente.

Como consecuencia de esa omisión, no debería sorprender —aunque a menudo se presente como tal— la persistencia y gravitación pública de determinadas figuras en nuestra política nacional. Más bien, habría que preguntarse por las condiciones que hacen posible esa continuidad. De lo contrario, terminamos naturalizando situaciones que, vistas en perspectiva histórica, resultan al menos llamativas, como es el caso de la vigencia política de Patricia Bullrich, o la liviandad con la que Héctor Magnetto puede sugerir desde las sombras que la presidencia de la nación es “un puesto menor”, o el tratamiento de Mauricio Macri como un mero “rival político”, sin problematizar los vínculos estructurales entre el grupo económico de su familia y el proceso de reorganización económica impulsado por la dictadura de 1976.

El aporte del kirchnerismo

Con Néstor Kirchner y Cristina, se produjo un punto de inflexión en la política de derechos humanos al transformar esa agenda en política de Estado. Se impulsó la nulidad de las leyes de impunidad, se reabrieron los juicios por crímenes de lesa humanidad y se colocó a las víctimas en el centro de la memoria colectiva. De este modo, no sólo se consolidó un consenso democrático básico, sino que se restituye al Estado su responsabilidad activa en la búsqueda de verdad y justicia. En el ciclo kirchnerista, suele destacarse el gesto de Néstor Kirchner al ordenar el retiro de los cuadros como un acto de fuerte contenido pedagógico y simbólico para toda una generación. Y, sin duda, lo fue. Sin embargo, una formación política más integral, situada y útil para comprender la profundidad del proceso histórico, hubiera requerido complementar ese enfoque con una indagación más firme sobre las responsabilidades civiles que hicieron posible el terrorismo de Estado, y sobre el andamiaje jurídico que sostiene nuestra dependencia económica. Ampliar el foco en esa dirección habría permitido incorporar una dimensión política más completa del fenómeno y avanzar hacia un diagnóstico histórico más riguroso. Algunos indicios de ese camino se insinuaron —por ejemplo, en la confrontación con sectores concentrados del poder mediático para el caso de CLARÍN—, pero sin llegar a constituirse en una política sostenida y sistemática.

La ceguera del análisis político y su costo.

Si la historia insiste en repetirse —como farsa, pero con efectos concretos— no es por fatalismo ni por designio alguno, sino porque no supimos, no quisimos o no pudimos advertir a tiempo los procesos en curso. La dirigencia surgida en la democracia de 1983 cometió un error de origen; puso el foco del horror en los ejecutores —los militares—, pero dejó fuera del centro de la escena a quienes diseñaron y se beneficiaron del terror; los grandes grupos económicos y financieros. En nombre de una narrativa de unidad, el pasado reciente fue reducido a una tragedia estrictamente militar, concentrando allí casi toda la condena, como si el terrorismo de Estado hubiera sido una desviación institucional corregible con el disciplinamiento de las Fuerzas Armadas, y no la fase más brutal de un proyecto económico oligárquico cuya impronta perdura hasta hoy.

Esa lectura parcial —eficaz en el corto plazo— tuvo efectos profundos. Permitió que los actores civiles que promovieron, sostuvieron y capitalizaron la dictadura cívico-militar (1976–1983) quedaran en gran medida al margen del juicio social y político. Identificarlos con precisión no sólo hubiera sido un acto de justicia, sino también una herramienta indispensable para comprender la continuidad de ese proyecto en la Argentina democrática. Allí aparecen nombres y estructuras que atravesaron el período: la Sociedad Rural Argentina, el Grupo Techint, el Grupo Macri (Socma/IECSA), el Grupo Clarín, Acindar, sectores de la Unión Industrial Argentina y la Asociación Empresaria Argentina, firmas como Ford, Mercedes-Benz, Fiat, La Veloz del Norte, el Ingenio Ledesma, los Pérez Companc, Astarsa, Bunge & Born, la Asociación de Bancos Argentinos, las Embajadas de las potencias Occidentales, estudios jurídicos corporativos y otros núcleos del poder económico que no sólo acompañaron el golpe, sino que participaron activamente en su implementación, incluso aportando información sobre trabajadores y delegados sindicales luego secuestrados dentro de sus propias plantas.

Mientras los militares quedaban fijados como los únicos responsables en el imaginario público y en las conmemoraciones, muchos de estos actores fueron consolidando su posición económica y ampliando su influencia en plena democracia. Esa asimetría en la memoria no fue inocua; condicionó la comprensión del pasado y, con ello, la capacidad de interpretar el presente. El prejuicio antimilitarista es una buena prueba de ello.

24 de marzo de 1976 / 2 de abril de 1982.

El divorcio que existe entre las fechas del 24 de marzo y el 2 de abril, es la prueba irrefutable de que en la Argentina, el bloque oligárquico proimperialista logró disociar y luego presentar como opuestas la imprescindible política de Memoria, Verdad y Justicia que es un reaseguro del estado de derecho; y la reivindicación de la gesta patriótica en Malvinas. La recuperación de las islas fue y es una causa nacional y latinoamericana y no fue una casualidad que la declaración de guerra de 1982 haya movilizado en abril de aquel año al pueblo y al movimiento obrero organizado con Saúl Ubaldini a la cabeza a llenar la Plaza de Mayo, en plena represión militar. En esas calles se alcanzó un altísimo nivel de autoconciencia popular, un sentimiento de afirmación territorial y de legítima hostilidad al ocupante colonial, más allá de quien lo impulsara.

En lo que hace al sentido histórico de Malvinas, buena parte del progresismo académico incurre en un error de base; pretende medir la legitimidad de una causa nacional según el signo de quienes la condujeron, y no según su densidad histórica, su raíz objetiva y su significado para la nación. De allí deriva la conclusión simplista de que, por haber sido impulsada por una dictadura, la guerra carecía de legitimidad. Pero la historia no se deja reducir a ese esquema. Hay causas nacionales que desbordan a los sujetos circunstanciales que las encarnan, porque remiten a una verdad nacional más profunda que ellos mismos.

Eso fue Malvinas. La recuperación de las islas expresaba una reivindicación histórica de la Argentina y de América Latina frente al colonialismo británico, y por eso no puede ser anulada por la naturaleza criminal del régimen que la llevó adelante. Más aún; la guerra de 1982 implicó, en términos políticos y materiales, una ruptura con la lógica económica y cultural que la propia dictadura había venido aplicando. Fue, en ese sentido, un gesto de afirmación y no de subordinación. El pueblo y el movimiento obrero lo comprendieron de inmediato. Por eso estuvieron en la calle. La misma dictadura que había reprimido, endeudado, desindustrializado y extranjerizado al país se vio arrastrada, de pronto, a confrontar con una empresa histórica que excedía su propia naturaleza; la recuperación de un territorio ocupado por el imperialismo británico.

Malvinas y nuestros DDHH son facetas complementarias de la lucha nacional del pueblo argentino; afrontar los problemas de la soberanía nacional y defender sus recursos con nuestras FFAA integradas a un proyecto industrial de emancipación nacional que las integre es una condición para tener patria y derechos humanos. Vale decir, en la pobreza y la indignidad se vulneran todos los derechos. La enseñanza de la historia es nítida; las Fuerzas Armadas no son, en sí mismas, ni virtuosas ni condenables por esencia, sino que han sido históricamente una expresión de las tensiones políticas de un país inconcluso y en permanente disputa. Su orientación y su función dependen de la correlación de fuerzas de cada etapa política y del proyecto de país que logre imponerse —ya sea para subordinar o para emancipar a la nación.

Cuando logremos comprender que la tragedia del genocidio de los setenta y la gesta heroica de Malvinas no son hechos inconexos, sino expresiones de una misma trama histórica atravesada por intereses imperiales, entonces podremos recordar una y reivindicar la otra con igual convicción en las calles. Por el momento, es un ida y vuelta de prejuicios bien infundados.

El otro aporte del Kirchnerismo

En las últimas décadas, la marcha del 24 de marzo se ha ampliado en sus contenidos y expresiones, incorporando nuevas agendas vinculadas a distintas formas de violencia, a los derechos de las minorías y a debates culturales contemporáneos. Esa expansión, en muchos casos legítima y necesaria, también fue moldeando una determinada pedagogía política en sectores de la militancia —particularmente del kirchnerismo y la izquierda— que, al mismo tiempo, tendió a mirar con distancia o desconfianza componentes centrales de la tradición histórica argentina. En ese marco, fueron perdiendo centralidad referencias que habían estructurado identidad y organización popular durante décadas; el sindicalismo como columna vertebral del movimiento nacional, el rol de las Fuerzas Armadas en la defensa soberana, la religiosidad popular —incluido el lugar del Papa Francisco—, la cultura criolla, el legado hispánico y el mestizaje, los símbolos patrios y la causa Malvinas. Ese desplazamiento convivió con la incorporación creciente de nuevas consignas —indigenismo, ambientalismo, lenguaje inclusivo, debates sobre género, aborto, masculinidades, deconstrucciones y diversas agendas modernas— que, más allá de su legitimidad en el plano de derechos, fueron ocupando un lugar central en el discurso político de los últimos años. El contraste no es menor; mientras se relativizan elementos que históricamente permitieron construir pertenencia nacional y articulación de mayorías, se fortalecen marcos identitarios más segmentados, eficaces para la cohesión interna de determinados grupos, pero con mayores dificultades para proyectarse como base de sustentación de un proyecto político de carácter nacional.

No es un dato menor que, incluso en expresiones locales como la de Río Cuarto, donde este autor vive, la lectura final del documento el pasado 24M, más allá de potentes elementos políticos que compusieron el texto, haya incorporado estas transformaciones discursivas al proclamar sobre el final: “treinta mil cuatrocientos compañeres desaparecides, ¡presentes!”, reflejando el modo en que estas nuevas gramáticas atraviesan hoy la construcción de la memoria colectiva.

Conclusión

Desde 1983 hasta hoy —con matices y momentos de mayor densidad política— la democracia argentina se desenvolvió sobre un piso económico que nunca se animó a discutir en serio. Ahí está el nudo. El verdadero “Nunca Más” no se agota en condenar a los ejecutores, sino que exige enfrentar el entramado económico que convirtió al país en territorio de saqueo, hambre, desnutrición, incertidumbre, segregación, individualismo, deuda y dependencia. Sin esa decisión, la política queda reducida a administrar una decadencia cada vez más profunda, mientras el poder real —financiero, mediático, judicial y empresarial— sigue intacto.

La tarea es otra; completar la memoria con soberanía, dotarla de contenido nacional, volverla programa y proyecto político. No hay homenaje más verdadero a los que dieron su vida que retomar la lucha por la independencia económica, la justicia social y la reconstrucción nacional. Porque en definitiva, la disyuntiva sigue siendo la misma; o la democracia se pone al servicio del pueblo y se anima a disputar el poder que la condiciona, o seguirá siendo una cáscara vacía que legitima la subordinación. Siempre es preferible enfrentar la estructura de nuestra dependencia que seguir padeciendo sus consecuencias; los resultados están a la vista. El Nunca Más sólo será definitivo cuando la Argentina deje de ser una nación subordinada y la justicia social deje de ser una consigna para convertirse en realidad. Para ello, es imprescindible asumir que no alcanza con administrar la alternancia con élites que han estructurado históricamente la dependencia. Si el objetivo es orientar al país en un sentido verdaderamente nacional, la tarea es más profunda y arriesgada; desmontar las bases materiales del poder que condicionan nuestra soberanía y limitan, día a día, la vida del pueblo argentino.