Complicidad civil de la Dictadura: “El silencio (del PRO) también tiene un valor jurídico”

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Complicidad civil de la Dictadura: “El silencio (del PRO) también tiene un valor jurídico”

25 Septiembre 2015

El diputado nacional del Frente para la Victoria Héctor Recalde resaltó este jueves la necesidad de saber "qué pasó con los sectores económicos implicados" con la dictadura cívico militar, al resaltar los motivos que lo llevaron a presentar un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que ayer fue aprobada por la Cámara de Diputados, con la abstención de PRO.

"Más allá de las disidencias y de las discusiones que algunos diputados radicales y del Frente Renovador plantearon, no entiendo la abstención de los legisladores de PRO, pero el silencio tiene también un valor jurídico", afirmó el legislador del oficialismo en diálogo con Radio Nacional.

La iniciativa impulsada por Recalde, el titular de la comisión de Legislación del Trabajo, recibió el apoyo mayoritario de la Cámara, con 170 votos a favor (disidencias parciales de la UCR, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda y el interbloque FAP), y sólo 14 abstenciones del PRO y sus aliados de Salta y Mendoza.

Los macristas que se opusieron fueron: Laura Alonso, Héctor Baldassi, Eduardo Cáceres, Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular), Gladys González, Christian Gribaudo, Luciano Laspina, Soledad Martínez, Federico Pinedo, Roberto Pradines (Demócrata de Mendoza), Cornelia Schmidt-Liermann, Federico Sturzenegger, Pablo Tonelli y Jorge Triarca.

El proyecto crea la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras para determinar quiénes fueron los "actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron" con la dictadura militar entre 1976 y 1983 y le dieron "apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza".

Para Recalde, "se ha avanzado en identificar a algunas empresas cómplices como Mercedes Benz, Ford, Celulosa, Ledesma, La Veloz del Norte, Acindar, Techint, Siderca", pero lamentó los fallos judiciales que desprocesaron al dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y a Vicente Massot (director del diario La Nueva Provincia).

"El desprocesamiento de Massot es terrible: se exculpa diciendo que no tuvo participación en la conducción de la empresa cuando desaparecen dirigentes sindicales y da como responsables a la madre al hermano muertos, cuando aparecen actas del directorio donde se lo designa para vincularse con el gremio y con los trabajadores", cuestionó.