Caso Alejandro Martínez: “Tengo un halo de esperanza de que se va a hacer justicia”

El miércoles 17 de noviembre de 2021, por la noche, Alejandro Nicolás Martínez, de 35 años y con una hija de 18 y un hijo de 4, se alojaba en una habitación del Hotel Fontainebleau de San Clemente del Tuyú, Partido de La Costa. En 2017 tuvo un accidente laboral, quedó incapacitado de un ojo y la mitad de la vista perdida en el otro. Según informó a Laura Laganá Santillán, su expareja y madre del menor, tenía en su poder una importante suma de dinero, vinculada a la indemnización, que podía depositar al día siguiente para cumplir con el acuerdo alimenticio. 

Horas más tarde, la subteniente local Eliana Cisneros contactó por Facebook a la mujer y le informó que Alejandro había fallecido en la vía pública por un infarto por sobredosis. Cuando llegó Juan Carlos, hermano de la víctima, le dijeron la misma causa, pero en el calabozo de una comisaría, lo que sembró dudas sobre la versión, incluso alrededor del horario real. Un empleado explicó que, a raíz de una crisis nerviosa del huésped, llamaron al 911. Si bien el protocolo indica que primero debe contactarse a servicios de salud, según las cámaras de seguridad el joven salió descalzo, sin anteojos, custodiado y esposado. Dos patrulleros de la Comisaría Tercera de San Clemente del Tuyú se lo llevaron sin oponer resistencia, pero a las pocas horas yacía sin vida en un calabozo.

La policía local intentó instalar rápidamente una muerte natural: adujeron una supuesta denuncia por disturbios, producto del consumo de estupefacientes, que se había golpeado él mismo, y que el personal de turno de un hospital denegó su internación. Por último, indicaron que Martínez se habría recostado sobre un colchón en la dependencia y que después de diez minutos dejó de responder. Notificaron a Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N°11 descentralizada de La Costa, y la autopsia reveló fracturas varias y constató la muerte como “asfixia por sofocación”. A su vez, un testigo retenido describió el estado y accionar sobre Alejandro.

La causa fue recaratulada de averiguación de causales a homicidio, solicitando la detención de nueve agentes de la Policía Bonaerense y distintos allanamientos en la comisaría, el hotel, patrulleros intervinientes y casas de involucrados, llevados a cabo por otra fuerza. Nueve uniformados estuvieron en prisión preventiva hasta marzo de 2022, cuando la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Dolores dictó la falta de mérito de los últimos seis imputados como “partícipes necesarios”. 

Los tres principales acusados - los oficiales José Carlos Pereyra y Christián Rohr, conductores de las unidades móviles, y el teniente primero Maximiliano Néstor Munche, uno de los abocados al calabozo, sindicados como coautores materiales de “tortura seguida de muerte en concurso ideal, abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público”- llegarán al juicio detenidos en la Unidad Penal N°44 de Batán. La familia y allegados de Martínez fue amenazada a través de mensajes, llamados y redes sociales.

El juicio por jurados, oral y público, será conducido por el juez Eduardo Campos Campos, del Tribunal Oral Criminal N°2 de Dolores, y el fiscal Diego Benzi. Tendrá lugar en jornadas consecutivas del 24 de noviembre al 4 de diciembre. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO Laura Laganá Santillán, ex pareja y madre del hijo menor de Alejandro Nicolás Martínez, reflexionó en torno a un nuevo aniversario del caso y describió sus expectativas en torno al proceso judicial.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué reflexión puede hacerse por los 5 años del caso?

Laura Laganá Santillán: Fueron 5 años por mi parte, como mamá del hijito de Alejandro, que se llama Juan Diego y que hoy tiene 9 añitos, de lucha incansable, espera, ansiedad y angustia. Por suerte y gracias a Dios, el 24 de noviembre inicia el juicio. Es bastante importante que se haga justicia porque las personas que nos lo tenían que cuidar, la policía, no lo cuidaron y torturaron hasta la muerte. 

Se condena a los tres coautores materiales, y pedimos justicia por él, por su memoria, y para que él pueda descansar en paz. Estamos muy movilizados. Yo como mamá de su hijito, que lo extraña todos los días a su papá y quiere que vuelva. Fueron 5 años bastante duros y muy movilizantes, más que nada en estas fechas, que falta tan poquito para el 18 y para el juicio tan esperado.

APU: ¿Cómo analiza el accionar del poder judicial hasta el momento?

LLS: Esperamos justicia, que sea un juicio transparente, que no haya ningún tipo de amiguismo ni nada, y que reciban la mayor condena. Si fuera por mí, que sea perpetua, por haber matado a alguien, y teniendo en cuenta que Alejandro era una persona discapacitada, un buen hombre, era trabajador, y tenía dos hijos. No tenían derecho a matarlo quienes lo tenían que haber cuidado.

La justicia fue lenta, pero tengo esperanza de que los condenen. Es un juicio por jurado, esperanza y un poco de miedo porque quizás tienen miedo a la policía. Espero que usen el sentido común y que sea un juicio donde salga toda la verdad a la luz. La única víctima del caso es Alejandro Nicolás Martínez, que fue víctima de violencia institucional, cometido por nueve policías.

Queremos justicia, y que sea transparente. Si no, que haya justicia divina, pero sé que va a haber. Tengo un halo de esperanza de que se va a hacer justicia. Agradezco el acompañamiento de mi abogado, Augusto Infante, de la Comisión por la Memoria, y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires, quienes me acompañaron y son también querellantes en el juicio.