fbpx A 35 años de la masacre de Budge: “Los y las familiares de víctimas de violencia institucional son un ejemplo de coraje” | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
Violencia Institucional //// 09.05.2022
A 35 años de la masacre de Budge: “Los y las familiares de víctimas de violencia institucional son un ejemplo de coraje”

En el marco del 8 de mayo, Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional, la legisladora Paula Penacca se refirió al proyecto legislativo que vienen trabajando diputados del oficialismo junto a familiares de víctimas desde hace más de un año en el Congreso.

En el año 2013, la Ley N° 26.811 estableció el 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional en conmemoración del asesinato de los jóvenes Oscar Aredes (19 años), Agustín Olivera (26 años) y Roberto Argarañaz (24) a manos de agentes policiales de la provincia de Buenos Aires. El crimen policial conocido como la Masacre de Budge se convirtió en un caso emblemático que recordaba una de las deudas pendientes de la democracia vinculada a las practicas policiales de tortura y muerte heredadas de la última dictadura militar.

Tras el crimen de los jóvenes, la movilización popular de vecinos consiguió que el 24 de mayo de 1990 se condene al sargento Isidro Rito Romero a doce años de prisión por homicidio simple mientras que suboficial Juan Ramón Balmaceda y el cabo Juan Alberto Miño recibieron la pena de cinco años por homicidio en riña. Ese proceso judicial fue anulado por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires por errores procesales y finalmente el 24 de junio de 1994, los uniformados fueron condenados a once años de cárcel por homicidio simple. Sin embargo, los acusados, que permanecían en libertad, se fugaron tras la resolución y con la complicidad de otros integrantes de la fuerza de seguridad provincial, lograron profugarse. Finalmente, Romero fue apresado en 1998, Balmaceda y Miño recién en 2006.

El proyecto de ley actual

Desde la Masacre de Budge, los crímenes perpetrados por fuerzas de seguridad provinciales o federales en nuestro país se multiplicaron hasta establecerse como una práctica recurrente y como una deuda pendiente en materia de políticas públicas. Actualmente, diputados y diputadas del Frente de Todos se encuentran trabajando desde el año pasado en un paquete legislativo para erradicar esta problemática histórica. En este marco, la legisladora Paula Penacca destacó hoy que “los y las familiares de víctimas de violencia institucional son un enorme ejemplo de lucha y de coraje”. Además, la diputada detalló: “Hoy junto a los diputados Hugo Yasky, María Rosa Martínez y Federico Fagioli y el Director Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, Mariano Przybylski, realizamos una reunión en el Marco del Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional y hablamos sobre la ley que venimos trabajando de manera colectiva con los distintos actores involucrados y que presentamos hace poco más de un año.”

A su vez, Penacca destacó que se trata de “un proyecto que se tiene que seguir nutriendo de los distintos aportes y que tiene como propósito ser una herramienta para prevenir y erradicar este verdadero flagelo que se lleva por delante la vida de nuestros pibes y pibas, que azota a las familias de los sectores populares. Nuestro compromiso es irrenunciable porque está empujado por una lucha que es inclaudicable. Tenemos que seguir haciendo de la defensa irrestricta de los derechos humanos, una política de Estado. Así nos lo enseñaron las Madres, las Abuelas y los y las 30 mil. Vamos a seguir avanzando en las instancias que sean necesarias para poder darle tratamiento al proyecto y que se convierta en una realidad efectiva. Porque como dijo hoy Myriam Medina, madre de Sebastián Bordón e integrante de Madres en Lucha: Nunca Más es Nunca Más". 

En una entrevista con AGENCIA PACO URONDO del 2021, la diputada Penacca señaló en relación al proyecto legislativo que el mismo "tiene en cuenta muchas de las posturas que se vienen desarrollando desde el Gobierno Nacional para atender la violencia institucional, ejercida por las fuerzas de seguridad policiales y del Servicio Penitenciario. Se aboca a eso porque, si bien existió siempre ya que es un resabio de la dictadura y por eso es una deuda perpetuada de la democracia, a partir de las medidas de aislamiento por la pandemia volvió a tener mayor visibilidad. En ese marco entendemos la urgencia de la materia, porque además no hay legislación previa alguna. Hay que empezar a poner todo el aparato del Estado en sintonía con la necesidad de que nunca más suceda".