Macri vetó la ley de aborto no punible

Por Enrique de la Calle I A través de un comunicado, el Ejecutivo informó que “queda vigente la resolución 1252 del Ministerio de Salud porteño, publicada el 6 de septiembre último en el Boletín Oficial, que estableció el procedimiento aplicable para la asistencia sanitaria de prácticas de aborto no punibles en la Ciudad”.

De esta manera, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, confirmó el veto a la norma que fue aprobada en la Legislatura el viernes pasado con 30 votos a favor y 29 en contra provenientes del PRO y bloques aliados y que regulaba los casos no punibles para cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o la adolescente o cuando el embarazo proviene de una violación. Tras el anuncio oficial, el legislador Jorge Selser, presidente de la Comisión de Salud, dijo, en declaraciones a Télam que es una medida “retrógrada y anacrónica que no respeta la voluntad de la mayoría de la Legislatura”.

La ley votada por la legislatura buscaba cumplir con el fallo de marzo de este año de la Corte Suprema de Justicia que precisó cómo deben abordarse los casos de aborto tolerados por la legislación argentina. Según la Corte, alcanza con la declaración de la mujer y tanto los médicos como los jueces no pueden obstruir el derecho a practicarlo, sino que deben garantizarlo. 

La resolución 1252 pretendió dar cuenta de lo establecido por el máximo tribunal. Según las fuerzas opositoras y todo un abanico formado por organizaciones sociales, de Derechos Humanos, militantes, profesionales y especialistas en el tema, el protocolo era restrictivo para los derechos de la mujer. Básicamente, porque establece comités interdisciplinarios y solicita la aprobación del director del hospital, lo que va a contramano del fallo de la Corte. Además, la ley votada y ahora vetada reconoce la autonomía de las adolescentes a partir de los 14 años para brindar el consentimiento informado.

Con su decisión, el Gobierno de Mauricio Macri, una vez más, propone un retroceso en materia de ampliación de derechos. Muchos señalaron al lobby de sectores eclesiásticos como responsable del veto. Tenía razón la diputada porteña que pidió que los rosarios no se involucraran en las políticas sanitarias destinadas a las mujeres.

El debate de fondo

La intervención se vincula con una problemática que afecta la salud y muchas veces la propia vida de miles de mujeres. La discusión en Buenos Aires tiene que ver con cómo se aplica un fallo de la Corte que da cuenta de las interrupciones de embarazos no sancionadas por la ley.

Sin embargo, de fondo sigue presente (y pendiente) el debate en torno a la total despenalización del aborto. Según diferentes estadísticas en el país se realizan entre 150 y 350 mil cada año. Como están penados, deben hacerse en la clandestinidad. Los sectores medios o altos, los hacen en clínicas privadas, en condiciones óptimas. Las mujeres pobres los practican como pueden. Cada 12 meses son hospitalizadas 80 mil mujeres por esa causa. Según la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, los abortos clandestinos son la primera causa de muerte femenina: “Se estima que entre el 35% y 45% se debe a complicaciones por un aborto inducido”, aseguran.

Mientras tanto dos proyectos circulan por el Congreso Nacional. Tarde o temprano, la sociedad argentina deberá darse esa discusión, con compromiso militante, respeto por los derechos de las mujeres y sin lobbys realizados a su espalda.