No a la baja de la Edad de Punibilidad

Desde los movimientos de la iglesia que trabajamos y vivimos en las periferias y los barrios populares queremos expresar nuestros fundamentos en contra del proyecto de Ley por la Baja de la Edad de Punibilidad. 

Estamos cercanos a nuestros obispos, y lo vivimos en los propios barrios populares, al dolor desgarrador de las familias y comunidades víctimas de estos delitos; sin embargo, insistimos en que una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado. El desafío es más amplio: pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho. 

Sin lugar a dudas, la Argentina sigue teniendo la deuda pendiente de una reforma en el Régimen Penal Juvenil, pero la respuesta punitivista de condenar a un adolescente de 13 o 14 años no tiene resultados efectivos, tal como demuestran los datos concretos en términos de bajar el nivel de violencia, conflictividad y reincidencia en la Argentina actual. Es necesario fortalecer primero el Sistema de Protección y Promoción de Derechos, a fin de apuntar a la prevención y contención de nuestros niños, niñas y adolescentes.

 El contexto de crecimiento que condiciona 

Lo primero que hay que comprender es que nuestros adolescentes están inmersos en contextos donde el acceso a drogas y armas, es muy cercano, lo cual condiciona la capacidad de elegir y acceder a oportunidades que se orienten a una mejor calidad de vida. La creciente desigualdad social, se traduce en hambre, falta de trabajo, precariedad habitacional y hacinamiento, situación de calle, desigualdad educativa. Este escenario de violencias estructurales e institucionales, de un Estado que cada vez se retira más y dificulta el acceso a derechos básicos como: salud, educación, recreación, vivienda, trabajo, entre otros, va profundizando las consecuencias del daño que la exclusión genera en las personas, en particular en los adolescentes. Una realidad donde no alcanza para comer y donde no hay posibilidad real de construir proyectos de vida, se va reflejando en la vida de los más vulnerables de nuestra sociedad.

Frente a la violencia estructural, la comunidad que acompaña y salva 

Sostenemos que un sistema desigual y con escasas oportunidades, es una de las formas más graves de violencia que puede ejercer la sociedad y el Estado Nacional. El escenario actual de políticas públicas orientadas a la niñez, adolescencia, protección y promoción de derechos es de abandono a los más vulnerables. Los adolescentes no son más que víctimas de este sistema. 

Nuestra experiencia de trabajo territorial y comunitario nos ha ido mostrando que el robo es una consecuencia de las violencias causadas por la exclusión social, el avance del narcotráfico, el tráfico de armas, la captación para crimen organizado, la explotación sexual infantil y las redes de trata que desde temprana edad se sufre, entre otros. 

En contraposición, hemos comprobado que el nivel de conflicto y violencia desciende en igual medida que crecen las oportunidades y la contención en niños, niñas, adolescentes y sus familias. Esto se puede visualizar estadísticamente en América Latina3, donde Estados con mayor alcance en políticas públicas de protección y promoción de derechos, tienen los índices más bajos de violencia. 

Sobre este escenario de creciente pobreza, visualizamos que el índice de delitos juveniles cometidos por adolescentes entre 12 a 17 años es muy bajo: sólo el 0.42% están involucrados en procesos penales juveniles4. La mayoría de los delitos (alrededor del 80%) son contra la propiedad, predominado por robos, mientras que los delitos graves como homicidios son escasos.

Un proyecto de ley con más sombras que luces 

La propuesta de reforma del régimen penal juvenil actual incorpora por ejemplo; la evaluación de adolescentes para ser declarados como inimputables, realizando una pericia psicológica, psiquiátrica y médica, donde se analizan riesgos psicosociales para sí y para terceros. Mientras tanto sabemos del desmantelamiento de políticas de salud mental y contención para adolescentes por parte del Estado, de los miles de despidos de los últimos dos años, y la falta de presupuesto destinado a salud pública. No es posible implementar una ley sin las condiciones materiales necesarias y sin presupuesto para hacerlo. 

Exigimos fuertemente que aumente la atención en salud mental y adicciones en niños, niñas y adolescentes, que pueda haber un sistema de protección en todos sus niveles y áreas, que tenga suficientes recursos humanos y materiales para responder a la profundísima pobreza que atraviesa a los sectores populares, antes de llegar a condenar a las víctimas de este sistema. 

Otro aspecto que queremos destacar sobre el proyecto de ley es el de la figura del supervisor, quien tiene a cargo una cierta cantidad de adolescentes procurando resolver problemas personales, familiares, salud mental y/o adicciones. 

Exigiendo a su vez al adolescente a asumir compromisos respecto a su educación, formación intelectual, adaptación social y trabajo. Encontramos una gran distancia entre el discurso “proteccionista” y la realidad, siendo que la mayoría de los adolescentes sufren un déficit cognitivo producto de la falta de alimentación, la exposición a violencias, la baja calidad educativa, el daño neuronal que causa el consumo de drogas, en especial cuando el cerebro continúa desarrollándose, la falta de seguridad social que implican un techo, un abrigo, una cama, un plato de comida, y los niveles de desempleo que existen hoy. 

Volvemos a la mirada que busca responsabilizar a un menor de edad en un sistema injusto y corrupto, cayendo en la trampa de exigir ideales y no poder encontrarlos en la realidad de quienes están atravesados por la desigualdad, la exclusión y la pobreza, poniendo a su vez el foco en la conducta del adolescente, sin contemplar su grupo familiar y comunitario. 

Respecto a las penas privativas de libertad, en el proyecto de ley se presentan como excepcionales para delitos graves, siendo 15 años la condena máxima. Estamos hablando de penas que igualan o superan la vida del adolescente condenado, estando en contra de todas las recomendaciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño/a, Adolescente. Sabemos que la privación de libertad no es un camino de restitución de derechos, por el contrario, expone a la persona a violencias múltiples, profundizando el daño, y la desintegración social. Además, el régimen propuesto, si bien prohíbe la detención de menores en centros de mayores, habilita que sea en un mismo predio carcelario, sólo que diferenciando un pabellón. Esta lógica invisibiliza las necesidades especiales de cuidado y protección que un adolescente requiere, siendo inconstitucional. 

Queremos hacer énfasis en la falta de presupuesto para costear la infraestructura y los recursos humanos que requieren los centros de aprehensión especializados: institutos, personal capacitado, supervisores interdisciplinarios, dispositivos de salud mental y adicciones. Por lo cual, en el caso de que se aprobase la Ley que propone la baja de edad de punibilidad, quedarían todas las propuestas de la misma en un gris, quedando los adolescentes sujetos a los recursos actuales, que como explicamos actualmente están completamente desfinanciados y son ineficaces.

La comunidad es el camino para hacer frente a la creciente individual 

Por último, queremos destacar la centralidad de las acciones comunitarias, que se traducen en todas las formas de organización social que se configuran en redes de contención, oportunidades, escucha, reflexión y construcción de valores éticos, constituyéndose como propuestas de vida frente al avance del narcotráfico, la explotación sexual infantil, el tráfico de armas, la exclusión legitimada. 

El proyecto de ley no contempla el fortalecimiento presupuestario de todos los actores comunitarios y estatales que forman parte del sistema de promoción y protección en la vida de las infancias y adolescencias. Estos actores son fundamentales en la prevención de las violencias y delitos, y no fortalecerlos es una trampa del sistema que los deja sin oportunidades reales para el desarrollo de su vida, librándolos al “sálvese quien pueda”, como escenario de libertad para elegir entre el bien y el mal. 

Un adolescente es un ser humano en desarrollo que no tiene la madurez necesaria ni las posibilidades reales de construir un proyecto de vida sano si no es acompañado por una comunidad que lo abrace y por un Estado que está obligado a garantizar sus derechos. 
Creemos que el camino es aquel que fortalezca la contención y achique la brecha de desigualdad para los niños, niñas y familias que están atravesados por la injusticia social. Organizando la esperanza en cada comunidad que trabaja por el desarrollo humano integral. 
Respaldados por la realidad concreta que vivimos en nuestros barrios es que afirmamos el compromiso que las y los adultos debemos asumir de acompañar, proteger y promover a nuestros adolescentes, ofreciéndoles alternativas y proyectos de vida que les garanticen una vida digna y plena. 
Rezamos por nuestra Argentina herida, y por los corazones de quienes ocupan espacios de decisión, para que sea a favor de los más vulnerables y del bien común.